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Una cliente coge un taxi en la parada junto a la Plaza de España, en la mañana de ayer. J. M. RODRÍGUEZ / AGM

Los taxistas vetan la aprobación de la nueva ordenanza

El borrador que irá al próximo Pleno «se pasa por el forro», según Unión Radio Taxi, el pacto para reducir la flota en activo sin anular licencias

Sábado, 26 de enero 2019, 01:24

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El sector del taxi afronta en Cartagena su propio conflicto con la Administración, alejado por ahora de los problemas con los vehículos de transporte concertado (VTC) que generan protestas en Madrid y Barcelona, pero que pone de manifiesto la crisis que sufre también aquí. La ordenanza que el Ayuntamiento llevará a aprobación en el próximo Pleno «se pasa por el forro», según el presidente de Unión Radio Taxi, Eusebio Rodríguez, el pacto al que la alcaldesa, Ana Belén Castejón, llegó con el gremio el pasado otoño. «Estamos totalmente en contra», aseguró Rodríguez.

La principal discrepancia tiene que ver con el exceso de vehículos que, según reconocen en el sector, forma la flota de taxis en Cartagena. «Hay casi 300, cuando el número ideal en activo serían unos 90 menos», explicó el representante sectorial. En esa tesitura, consideró «inviable» que se limite al 5% de la plantilla el cupo de profesionales que puede pedir la suspensión temporal de la licencia de su vehículo, tal y como se recoge en el borrador de ordenanza. «Cuando negociamos, no se habló para nada de ese límite. Ahora hay 30 en esa situación, el doble de lo que autoriza la ordenanza», explicó. En esas circunstancias, la mitad tendría que volver al servicio o renunciar a la licencia.

Los que mantuvieran esa suspensión temporal, que obliga a no dedicar el vehículo a ninguna actividad ligada al transporte, tendrían que despojarlo de todos los elementos que lo convierten en un taxi. «Inicialmente pactamos que bastaba con eliminar el plafón y las bandas en las puertas y en el capó», explicó Rodríguez. Sin embargo, el borrador al que hemos tenido acceso incluye la obligación de desmantelarlo por completo, algo que es carísimo», apuntó.

No solo eso. A su juicio, al limitar la libertad de quienes quieren dedicarse a otra cosa temporalmente, todos sufrirán las consecuencias de tener más taxis de los que necesita el municipio.

Petición de enmienda

Por todo ello la asociación mayoritaria (representa al 80% de los profesionales con licencia) rechaza el contenido del borrador que le ha llegado y espera que sea enmendado en los días que faltan para el Pleno en el que se someterá a aprobación. Ayer anunció su intención de recurrir la normativa si no se cambian aspectos básicos de su contenido. Pero es posible que no sea necesario presentar ese recurso, si el equipo de gobierno local del PSOE no logra los apoyos para aprobar el texto.

La portavoz adjunta del Grupo Municipal MC Cartagena, Isabel García, avanzó ayer su posición al respecto. «Nos resultará imposible apoyar la propuesta, ya que hemos descubierto que tras un año de gestiones no se ha avanzado nada. Nos intentan colar un texto hecho de espaldas al sector, que no recoge sus reclamaciones», indicó.

Entre los «olvidos» del Ejecutivo de Castejón, según García, destacan la obligación de fijar que los Eurotaxis o taxis adaptados «puedan atender demandas puntuales de servicio aún cuando por calendario que se establezcan, tengan la obligación de descansar. Todo ello al objeto de no desatender la demanda, dada la escasez actual de estos vehículos».

García incidió también en el compromiso que había de autorizar la suspensión de licencia, sin limitar su número. Por último, criticó que la ordenanza sea llevada al Pleno sin que haya constancia de avance alguno en el Plan Estratégico que se le prometió al sector para garantizar su viabilidad, a medio y largo plazo.

El PP puede ser decisivo

Con MC en contra, el equipo municipal tendrá que recurrir al PP. Si el partido mayoritario de la oposición también vota en contra, la ordenanza no saldrá adelante. De su puesta en marcha depende la unificación de las zonas de servicio que actualmente son tres: centro, extrarradio y La Manga, en un decreto que entraría en vigor después.

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