El Supremo tramita el recurso municipal contra las obras del Hospital Naval de Cartagena
El Ayuntamiento mantiene abiertos varios expedientes para sancionar al Estado por las intervenciones ejecutadas sin licencia
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el Ayuntamiento de Cartagena contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de mayo de 2025, que autorizaba la adecuación del antiguo Hospital Naval para su uso como centro de acogida de migrantes y que obliga al Ayuntamiento a modificar su Plan General de Ordenación Urbana para legalizar esos usos, según anunció este jueves la alcaldesa, Noelia Arroyo.
El Supremo ha requerido al Ministerio de Presidencia para que, en un plazo de 20 días, remita el expediente administrativo y notifique formalmente la existencia del recurso a todas las partes que puedan verse afectadas por el procedimiento, según lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
«Hemos presentado el recurso porque consideramos que es nuestra obligación defender el cumplimiento de las normas por todos, empezando por las administraciones y en este caso la Administración central fuerza las normas para mantener esa instalación que nos han impuesto a los cartageneros», dijo Arroyo.
En los próximos meses, los servicios jurídicos municipales formalizarán el recurso que, entre otros aspectos, se apoyará en la incompatibilidad urbanística, el emplazamiento en zona inundable y los riesgos en materia de seguridad para sus ocupantes en un recinto que, entre instalaciones temporales y permanentes, alcanza una capacidad conjunta cercana a 1.500 personas.
Con el acuerdo recurrido, el Consistorio ha denunciado que el Consejo de Ministros pretende aprobar las obras realizadas en el Hospital Naval sin licencia municipal, «que incumplen normativas de seguridad y que habían sido objeto de órdenes de paralización y de procedimientos sancionadores por parte del Ayuntamiento».
El Ayuntamiento había actuado meses antes contra varias intervenciones ejecutadas sin licencia. En junio de 2024 se dictó un primer expediente por la transformación de consultas en dormitorios. En octubre de 2024, los servicios técnicos municipales detectaron la instalación de tres carpas de grandes dimensiones sin autorización. Urbanismo ordenó la suspensión inmediata de los trabajos, la retirada de materiales y maquinaria y el precinto de accesos en un plazo de cuatro días. Además, abrió expediente sancionador por infracción urbanística grave e inició procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística.
En noviembre de 2024 se incoaron dos expedientes adicionales al constatarse nuevas obras destinadas a habilitar 300 camas, igualmente sin licencia. Los informes técnicos indicaron que estas actuaciones eran incompatibles con el Plan General de Ordenación Urbana, que el terreno se sitúa en zona inundable de alto riesgo y que las carpas incumplían la normativa de seguridad frente a incendios, por lo que se calificaron como no legalizables. Sin ir más lejos, el pasado junio ya se produjo un fuego que, afortunadamente, solo causó daños materiales.
Sanciones
Como avanzó LA VERDAD el pasado julio, el Ayuntamiento propuso sancionar al Estado con 119.433 euros por las obras sin licencia en el Naval. El montante deriva de la suma de las cantidades solicitadas en dos expedientes, uno por los trabajos en el interior del edificio y otro por las carpas en el exterior.
En paralelo, el Gobierno de España, que prometió inicialmente desmantelar el complejo en junio de este año, ahora rehusa poner fecha al cese de la actividad y pospone cualquier decisión al devenir de la crisis migratoria.
