El Ministerio restaurará suelos mineros junto a dos colegios de Llano del Beal y La Unión

Así lo aseguraron ayer técnicos del ministerio de Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno de España, al alcalde de La Unión, el socialista Pedro López. Lo hicieron en una reunión en su Consistorio. Asistieron también la coordinadora del Ejecutivo para el plan de recuperación del Mar Menor y su cuenca (y presidenta de Canales del Taibilla), Francisca Baraza, y representantes de la empresa Portmán Golf.

A preguntas de LA VERDAD, López indicó que el Ministerio concretará en cada caso la fórmula legal de intervención en estos terrenos, que suponen un riesgo para el medio ambiente y la salud por los metales pesados. Respecto al Llano, en el Gobierno no precisaron si solo actuarán solo en los terrenos privados (es decir en la parte de la balsa San Agustín que pertenece a Portmán Golf) o si lo hará también en los del Ayuntamiento de Cartagena. Este ha proyectado obras allí.

En todo caso, López destacó que la iniciativa de Transición Ecológica es«un avance histórico, porque La Unión es la gran olvidada desde hace décadas por la Comunidad Autónoma, que tiene las competencias en materia de Minas y de Medio Ambiente».

El regidor subrayó la «buena predisposición» de Portmán Golf, titular mayoritario de las fincas, para alcanzar acuerdos en favor del interés general. Y mostró su confianza en que el entendimiento se materialice «lo antes posible» con todos los propietarios de balsas abandonadas y solares cercanos a las poblaciones. El Ministerio espera hacer las obras desde 2023 a 2025 y, según fuentes conocedoras del plan, Portmán Golf y el resto de afectados ponen como condición reconocer que no tienen obligaciones legales de restauración, directa o subsidiaria, pues «solo son titulares del suelo donde otras compañías depositaron residuos».

Previo acuerdo con la Comunidad Autónoma, ha programado el sellado de emplazamientos donde la dispersión de partículas tóxicas por el viento y la lluvia suponen un riesgo para el Mar Menor y su entorno. Para ello, planteará a los dueños la cesión del suelo y, si no hay pacto, hará expropiaciones. También fijará «limitaciones de uso», por ejemplo urbanístico e industrial, durante 75 años.