Medio Ambiente propone al juzgado el sellado definitivo de las balsas de Zinsa

Así se indica en el informe remitido por el Gobierno regional al Juzgado en respuesta a las cuestiones formuladas por la propietaria a la orden de sellado «inmediato» de dichos depósitos, conocida en agosto. Posteriormente, la empresa del conocido promotor Tomás Olivo presentó un escrito de alegaciones pidiendo al magistrado Ignacio Munítiz que le aclare si «está obligada a esperar que la Comunidad Autónoma apruebe el proyecto» de remediación de la finca, pendiente de un informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), «o debe efectuar las obras sin la correspondiente autorización». Cartagena Parque solicitó también que se aclare «cuáles son las celdas que se consideran peligrosas».

Ahora, Medio Ambiente considera que «el proyecto de limpieza y recuperación de los terrenos determinará la mejor solución y de forma definitiva para la descontaminación íntegra del terreno y retirada de los residuos en cumplimiento de la legalidad vigente». Además, indicará el alcance y ejecución de las actuaciones de recuperación y avanza que «se aplicarán las mejores técnicas disponibles en función de las características de cada caso», que han de «garantizar que se materializan soluciones permanentes». Porque el objetivo, según el escrito dirigido al instructor del caso, es recuperar el terreno al estado previo a su contaminación y garantizar la ausencia de riesgo futuro para la salud de las personas y el medio ambiente.

Por ello, especifica que la descontaminación de los terrenos debe contemplar la correcta gestión de los diferentes tipos de residuos, el vaciado de los depósitos y el traslado de todos los materiales contenidos en ellos a un vertedero autorizado, adecuado a sus características y la recuperación del suelo contaminado.

Todas esas medidas, dijeron fuentes oficiales, están siendo definidas en el expediente de descontaminación correspondiente que desarrolla Medio Ambiente de forma subsidiaria y podrán ser pormenorizadas en el proyecto técnico que se desarrolle, una vez obtenido el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear. «Será el CSN quién determinará la posible presencia de residuos radiactivos en los depósitos y balsas. En caso de confirmar la existencia de dichos residuos, será competencia de este organismo decidir las medidas pertinentes», recordaron.

La Comunidad contesta así al oficio judicial por el que fue informada de las medidas cautelares y pidiendo que concretara cómo se realizará la retirada de residuos de la parcela y la contención de escorrentías.

El expediente de ejecución subsidiaria de la descontaminación también afecta a la mercantil Maquinasa y se ha ido complicando con una madeja burocrática de alegaciones e informes sobre el nivel de riesgo radiactivo de los materiales para los vecinos de Torreciega. El CSN descartó un peligro grave, pero instó la pasada primavera a que Cartagena Parque mejorara su informe sobre la presencia de residuos de esa naturaleza.

Han pasado más de cuatro meses desde que el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena, Ignacio Munítiz, que investiga la demora de dieciséis años en clausurar las balsas de Zinsa, aceptó la petición de la Asociación de Vecinos de Torreciega, apoyada por la Fiscalía, de ordenar a Cartagena Parque «que proceda al sellado inmediato de las celdas del vertedero de residuos peligrosos», tal y como también exige la Comunidad Autónoma desde el cierre de la factoría en 2008. Sin embargo, las continuas alegaciones de la empresa y el cumplimento de los plazos del procedimiento judicial mantiene enquistado este asunto. Distintos informes de la Ucoma y el Seprona de la Guardia Civil aportados a la causa coinciden en los graves riesgos que para la salud pública y el medio ambiente supone la presencia de sustancias como el zinc, el cadmio y el cobre en los antiguos vertederos de la compañía.

«Hastiados» se sienten los vecinos de Torreciega tras una lucha incansable de más de una década para que el vertedero de metales peligrosos de la antigua factoría Zinsa sea clausurado de forma definitiva. No obstante, continúan firmes en sus reivindicaciones para que Cartagena Parque, empresa propietaria de la mayor parte de los terrenos, y la Comunidad Autónoma, en última instancia, se hagan cargo de la descontaminación para garantizar la salud de los vecinos y de los trabajadores de la zona.

Hace tan solo unos días, el científico José Matías Peñas, que asesora a la asociación vecinal, denunció que aves protegidas, como la garceta común y la bueyera, siguen muriendo debido a la presencia de líquidos tóxicos y peligrosos en el vertedero. Estas sustancias provienen de la oxidación de los residuos peligrosos de zinc, que forman charcas que atraen a las aves.

El vertedero se encuentra a escasos 20 metros del núcleo poblacional de Torreciega, lo que supone un «riesgo inaceptable» para la salud pública y el medio ambiente.

El científico remarcó que esta situación se da pese a que el Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena «ordenó la extracción y gestión de estas sustancias peligrosas líquidas, en un auto de medidas cautelares de 20 de agosto de 2024. Ni la mercantil propietaria de las instalaciones ni la Administración del Gobierno de la Región de Murcia han dado cumplimiento a lo ordenado», dijo.

Paralelamente, Cartagena Parque tiene de plazo hasta el 1 de enero para vaciar los residuos líquidos acopiados en la estructura número 15 de los terrenos y notificarlo a la Dirección General de Medio Ambiente, que le dio la orden en junio. Dicha estructura contiene ácido sulfúrico y otros reactivos químicos del proceso industrial. De momento, la empresa promotora no ha llevado a cabo ninguna actividad en esta parcela.