La venta de casas en La Algameca, en el punto de mira judicial

El interés despertado por este enclave con vistas al Mar Mediterráneo, donde incluso hay dos casas usadas como bares, ha hecho que inmuebles valorados en unos pocos miles de euros sean ahora ofrecidos por hasta 20.000 euros. A ello ha contribuido el alcance de las obras acometidas en las casas, para dotarlas de materiales más resistentes y de terrazas y porches, y la sensación de los promotores de poder actuar sin miedo a consecuencias legales.

Esta es una de las líneas de investigación en las que trabajan la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena, dentro de la causa abierta por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente en el entorno de la desembocadura de la rambla de Benipila. Esta investigación penal tiene como origen las diligencias practicadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que dentro de la denominada 'operación Pequeña Shanghai' ha destapado este año unas «actividades ilícitas relacionadas con la realización de obras sin permiso».

Así lo explicó en julio la Benemérita en un comunicado, donde precisó que sus pesquisas llevaron a imputar por delitos urbanísticos a ocho personas (una de ellas un oficial de la Armada), ya que ejecutaron los trabajos en un espacio donde está prohibido construir. Los agentes detectaron seis edificaciones irregulares a ambos lados del tramo final del cauce.

Así, el poblado está emplazado en la zona de policía de la rambla de Benipila, competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS); en la zona de dominio público marítimo terrestre, competencia de la Demarcación de Costas del Estado; y dentro del suelo militar titularidad de la Armada Española. Por si fuera poco, según fuentes de una administración afectada por esta investigación el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Cartagena hizo constar que las obras realizadas en este paraje de la ciudad no pueden ser legalizadas.

Fuentes del Consistorio indicaron que en la actualidad solo hay un expediente abierto por infracción de la normativa urbanística, lo que incluye la orden de paralización de las obras. El responsable afronta el posible derribo de las construcciones.

Precisamente, durante las inspecciones realizadas en La Algameca Chica, el Seprona sorprendió a varias personas mientras llevaban a cabo trabajos en las viviendas, por ejemplo en los tejados. En la mayoría de los casos, las obras consistían en el incremento de la superficie ocupada, incluso con plantas nuevas en altura; la sustitución de ventanas, puertas y cocinas; la habilitación de aseos; y la instalación de placas solares para dotar a las chabolas de suministro eléctrico.

A diferencia de lo que ocurría años atrás, cuando las obras eran más modestas e incluían la sustitución de techos de uralita, ahora hay derribos y rehabilitaciones a fondo. Las maderas son sustituidas por cemento y las chapas deterioradas dan paso a cerramientos de mayor consistencia. En todo caso, todo se hace sin el debido proyecto técnico autorizado por entidades oficiales y sin la supervisión de especialistas en arquitectura. También podría haber un fraude a la hacienda pública y a la seguridad social, de haber recurrido los promotores a albañiles y otros operarios.