Hansa reclama 34 millones por el parón de su proyecto urbanístico

Fuentes de Hansa confirmaron ayer a 'La Verdad' que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), al que ha acudido en la vía contencioso-administrativa, mantiene abierto el plazo para concretar la demanda. Y explicaron que la compañía alegará que hay una injustificada inactividad municipal respecto a la aprobación del nuevo proyecto de reparcelación de los terrenos, cuyo propietario mayoritario es Banco Santander.

El anterior fue anulado por el propio TSJ, porque no habían sido respetados los derechos de una serie de regantes de la zona, y la mercantil presentó una propuesta distinta. Pero la Junta de Gobierno Local, con Ana Belén Castejón como alcaldesa y concejal de Urbanismo, acordó en la legislatura pasada mantener paralizados los trámites.

Entre los motivos esgrimidos por el Ejecutivo, cuya última resolución fue adoptada en mayo, destaca que el Consistorio debe guiarse por un criterio de prudencia, hasta que la Justicia se pronuncie en el llamado 'caso Novo Carthago' de presunta corrupción. Se trata del próximo juicio a antiguos políticos (del Partido Popular) y funcionarios de la Comunidad Autónoma, por presuntas irregularidades en la recalificación de suelos protegidos por su valor ambiental, para permitir el proyecto.

El Ayuntamiento invoca una «cuestión de prejudicialidad penal», porque entiende que una sentencia condenatoria podría implicar la anulación de la reclasificación de los terrenos, que pasaron a ser urbanizables en el año 2005, con Pilar Barreiro en la alcaldía y Ramón Luis Valcárcel en la Presidencia de la Comunidad. De llevarse a cabo las obras, apuntan en la corporación local, se causaría un daño irreversible al entorno del Mar Menor, que sufre además una «gran presión urbanística».

Hansa Urbana, sin embargo, sostiene que no ha lugar a esperar a lo que suceda en la vía penal, puesto que tanto esta promotora como su propietario, Rafael Galea, fueron desimputados por el magistrado instructor y no irán al banquillo en el juicio, que aún no tiene fecha.

La resolución municipal de mayo recogió que «es temerario decir que el Ayuntamiento no fue capaz de aprobar los instrumentos de gestión urbanística y que por eso se anuló el plan de reparcelación». Urbanismo añadió que el Plan General de 2012, anulado por el Tribunal Supremo, obligó a readaptar el reparto inicial de parcelas pero que Hansa se negó a ello. Eso generó un retraso de dos años de «exclusiva responsabilidad del urbanizador».

El documento también cita la reducción del número de viviendas e indica que la promotora no adaptó el plan de urbanización a las directrices del litoral, como reclamó la Comunidad Autónoma; y que no aportó documentos necesario para la reparcelación definitiva y que «puso multitud de piedras en el camino de la rehabilitación del monasterio de San Ginés», incluida en el convenio de urbanización. Hansa rechaza todas las afirmaciones municipales.