La Guardia Civil denuncia que el polvo tóxico de Zinsa se dispersa en un radio de 4 kilómetros en Cartagena

Lo ha hecho en un informe pericial solicitado por el juzgado y entregado el 20 de noviembre, en el que detalla la composición del polvo tóxico, la cantidad anual, el alcance por efecto del viento, que llega a un radio de un kilómetro y «podría alcanzar hasta 4 kilómetros» de distancia; y el peligro de exposición a esos materiales –que incluyen zinc, cadmio, cromo, estroncio, arsénico y plomo y otras sustancias– para las personas, incluidos trabajadores y clientes del polígono industrial y comercial Cabezo Beaza, así como vecinos de otras zonas de la ciudad que respiran esas partículas esparcidas desde un área industrial abandonada en el año 2008.

El nuevo informe, elaborado por la Unidad Técnica de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) de la Guardia Civil –la sección nacional especializada en esa materia–, destaca también por la advertencia expresa sobre el riesgo de filtración de residuos peligrosos al acuífero, que está conectado con el Mar Menor.

Una de las conclusiones del documento, al que ha accedido LA VERDAD, advierte a la autoridad judicial: «Las balsas de residuos, cuya composición revela una elevada toxicidad, ubica en terreno permeable sobre un acuífero, confieren a este una muy alta vulnerabilidad frente a la contaminación; entrañan un alto riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas; y suponen una amenaza directa para el logro de los objetivos medioambientales establecidos para proteger el delicado ecosistema del Mar Menor».

Dada la «probabilidad de exposición» de las personas y del medio ambiente a este material y «la magnitud de los efectos previsibles», la Ucoma «recomienda la retirada de estos residuos con carácter urgente, para que pueda garantizarse un nivel de riesgo admisible mediante procesos de gestión alternativos». El informe, presentado en respuesta a un oficio del juez Ignacio Munítiz, que investiga a la empresa Cartagena Parque, dueña de los terrenos, por un presunto delito contra el medio ambiente relacionado con el abandono de residuos peligrosos, califica de «significativo» el riesgo para los vecinos de Torreciega.

La Ucoma explica que en Cartagena el viento «sopla con componente Este predominantemente», por lo que «las sustancias resuspensionadas» por el aire son transportadas «mayoritariamente hacia el núcleo urbano de Torreciega, exponiendo a la población a la inmisión de material particulado enriquecido en metales pesados». Según los cálculos de los técnicos de la Ucoma, «la existencia de vientos moderadamente altos en el área de Cartagena favorece que la resuspensión de partículas depositadas en el suelo sea superior que en la mayoría de zonas semiáridas.

Esto se traduce en una movilización de material del suelo de 1,6 toneladas por hectárea y año. Y como una partícula esférica de 10 µm (micras) «tiene una velocidad de deposición media de 0,3 centímetros por segundo –prosigue la Ucoma–, se depositaría en el terreno en aproximadamente 5 minutos tras haberse elevado un metro sobre el nivel del suelo».

Y como la velocidad media del viento es de 10 kilómetros por hora, «esta partícula tendría una capacidad de alcanzar una distancia de hasta un kilómetro», precisa el informe, que incluye un mapa con la zona afectada. E indica que la dispersión de los «elementos traza propios de dichos residuos metalúrgicos» se dispersan en forma de «transporte eólico horizontal a baja altura», lo que «provoca la deposición de partículas sobre el suelo en todo el radio de influencia de la zona». Es decir en Torreciega, Cabezo Beaza y El Hondón, espacio también contaminado por metales y radiactividad de la vieja fábrica Potasas y Derivados, que Ercros cerró en 2001. «Asimismo –añade la Ucoma–, una partícula de 5 µm (micras) en las mismas condiciones podría alcanzar hasta 4 kilómetros, así como las partículas no aerodinámicas distancias mayores». Y apunta que la contaminación del aire por estas partículas «puede causar efectos adversos en los habitantes de los núcleos de población cercanos, como enfermedades respiratorias, cardiovasculares y trastornos degenerativos, que se pueden traducir tanto a corto como a largo plazo, ya que se genera material particulado en la fracción respirable (PM10, PM2,5 y nanométrico).

En julio, la Consejería de Medio Ambiente divulgó un estudio según el cual en ningún lugar de Cartagena y La Unión, incluido el viejo cinturón industrial cartagenero, se superaron los valores límite legales de 43 sustancias en el aire. Entre ellas, mencionó el plomo, el cadmio, el níquel y el arsénico. Ante esta misma Consejería, la empresa Cartagena Parque, del conocido promotor Tomás Olivo, tramita el proyecto de sellado y descontaminación de Zinsa.

Las balsas de Zinsa llevan 16 años a la intemperie, al no haber forzado su impermeabilización la Comunidad tras el cierre de la factoría, conforme a la declaración de impacto ambiental de este vertedero de residuos peligrosos. La asociación de vecinos de Torreciega está personada en la causa como acusación particular a través del abogado José Manuel Muñoz Ortín y con el asesoramiento del científico José Matías Peñas Castejón.

«La situación de abandono de las balsas de residuos peligrosos contraviene la normativa vigente y ha sido causa de un daño medioambiental continuado, que se verá agravado de perpetuarse» el estado actual, advierte la Ucoma. Y valora en 8.415.435,14 euros el daño ambiental asociado a las tareas de remediación del suelo» que habrá que realizar, así como de las aves muertas al beber agua embalsada. Además, informa de que la superficie total de los depósitos es de 95.938,2 m2 y que es preciso limpiar a una profundidad de hasta 0,5 metros. Es decir: «es necesario tratar» 62.888 toneladas de suelo.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha desestimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por Ercros contra la inadmisión de los recursos de alzada de esta compañía por parte de la Comunidad en el proceso para la declaración de suelos contaminados de los terrenos de El Hondón. El fallo judicial de la Sala 1 del TSJ, comunicado ayer a las partes, faculta a la Administración regional para continuar con la tramitación del proyecto de descontaminación de las parcelas donde hasta 2001 estuvo la fábrica de Potasas y Derivados. Ercros ha elevado otros recursos por este asunto al Tribunal Supremo.