La Fundación Sierra Minera confía en que el Supremo respalde el BIC

Un grupo de vecinos, en marzo en la antigua mina La Parreta, cerca de Alumbres. / pablo sánchez / agm
Un grupo de vecinos, en marzo en la antigua mina La Parreta, cerca de Alumbres. / pablo sánchez / agm

Afirma que la Comunidad cumplió la ley regional de patrimonio en 2015, pero le pide «medidas efectivas de conservación» de los bienes industriales

José Alberto González
JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ

La Fundación Sierra Minera, organización sin ánimo de lucro que desde 1998 lucha entre otras cosas por la conservación del patrimonio industrial de la Sierra de Cartagena-La Unión, mostró ayer su confianza en que el Tribunal Supremo corregirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia y mantendrá la catalogación de esta zona como Bien de Interés Cultural (BIC).

En declaraciones a 'La Verdad', el presidente de la Fundación, Pedro Martos, expresó su sorpresa por la resolución que estima el recurso presentado por la empresa Fermín Martínez García e Hijos SL -al que se sumó el constructor Tomás Olivo a través de Emasa Empresa Constructora SA- contra la declaración de BIC aprobada por la Comunidad Autónoma en octubre de 2015. El tribunal concluye que el Gobierno regional incumplió el plazo de tres años que fija la Ley de Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985) para poder iniciar un nuevo expediente desde que caduca el previo.

El fallo remite a uno previo del TSJ de 2010 -ratificado por el Supremo en 2012-, que a instancias de otra compañía propietaria de terrenos en las antiguas explotaciones mineras consiguió considerar caducada la resolución administrativa sobre el BIC de julio de 2006.

Pedro Martos considera que el Supremo debe dar la razón a la Consejería de Cultura, porque en la Ley de Patrimonio Cultural de la Región (Ley 4/2007), la Administración regional suprimió «el requisito de tres años para iniciar un nuevo expediente». Martos lamentó, no obstante, este nuevo varapalo para la protección de decenas de elementos del patrimonio minero, tras los veinte años agotados por la Comunidad desde la primera incoación del BIC, en 1986, y la sentencia de 2012.

Martos recordó que «la primera etapa de la interminable historia de la protección del patrimonio de la Sierra Minera fue que la Comunidad alargó injustificadamente, hasta 2006, el expediente de BIC, y no fue capaz de completarlo» a tiempo. Y añadió que la sentencia de 2012 reflejó lo «grave» de «cómo» la forma en que la Comunidad gestionó el asunto «dejó sin protección jurídica al patrimonio de la Sierra durante seis años».

Mientras la Justicia decide, la Fundación hace hincapié en la importancia de que Cultura y los ayuntamientos de los dos municipios afectados adopten cuanto antes «medidas efectivas» para preservar del «abandono, el deterioro y el expolio» castilletes, casas de máquinas, chimeneas, hornos y otros elementos.

«Abandono y expolio»

Martos apuntó que la reciente revisión parcial del catálogo de bienes mineros, junto con la Dirección General de Bienes Culturales, ha arrojado detalles sobre 73 conjuntos. Más allá de los «importantes avances de las últimas dos décadas en el estudio y la difusión del valioso patrimonio industrial de la Sierra Minera», la Fundación echa en falta «concretar y armonizar la protección de este patrimonio y del paisaje minero». En él destacan, por ejemplo, el complejo de El Lirio, cerca del campo de golf La Manga Club (Los Belones); el Cabezo Rajao, en La Unión; y La Parreta, en Alumbres.

Una de las cuestiones que propone es elaborar un Plan Especial de la Sierra Minera, con la forma de «Plan de Ordenación del Patrimonio Cultural como Paisaje Cultural». En él deberían participar los propietarios y el conjunto de los ciudadanos.

 

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