La Fiscalía pide paralizar cultivos en parcelas cercanas al vertedero minero de Los Blancos de Cartagena

Segun fuentes jurídicas, el Ministerio Público registró un escrito en dicho juzgado apoyando el trabajo del instituto armado y solicitando la adopción de una serie de medidas cautelares. Además de la paralización de los cultivos, demanda solicitar a la dirección general competente en la Comunidad Autónoma la declaración de suelo contaminado para esos terrenos; pedir a la unidad técnica de la Fiscalía General del Estado nuevos informes análiticos; así como requerir a la empresa Portmán Golf, propietaria del suelo, cubrir e impermeabilizar la zona afectada.

En un informe fechado a principios de octubre, el Seprona alertó del «daño» que la dispersión de esos desechos peligrosos procedentes de la antigua cantera, convertida ahora en vertedero de residuos mineros, ha tenido en suelos agrícolas del entorno y del peligro para la salud y la cuenca del Mar Menor. El trabajo fue remitido al Instrucción 4 de Cartagena, que investiga por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente a Portmán Golf.

El Seprona alertó de una elevada contaminación por metales pesados arrastrados desde la Sierra Minera por la lluvia y el viento. Y también reclamó adoptar medidas urgentes y contundentes para frenar la situación provocada, presuntamente, por el posterior sellado deficiente, o nulo, del depósito, al que en 2005 llegaron los residuos de la vieja Balsa Jenny, ubicada en la zona sur del Llano del Beal.

Con los resultados del análisis de las muestras tomadas por los agentes y técnicos al servicio de la Administración en mayo, el Seprona pidió interrumpir el cultivo de girasol ecológico, hortalizas y otros productos potencialmente afectados por estos restos químicos y su comercializacón; declarar contaminadas por plomo tres parcelas; iniciar el proceso de descontaminación; y cubrir el vertedero con una capa vegetal adecuada, impermeabilizarlo y construir una red de pluviales eficaz con el fin de que los lixiviados no acaben en la rambla de Ponce y en el Mar Menor.

Según destacó la Guardia Civil en su informe, los terrenos de tres parcelas inspeccionadas no solo «deben ser declarados como contaminados por excederse en más de 100 veces los niveles genéricos de referencia para el plomo» en la Región de Murcia. También presentan «concentraciones muy alarmantes» de arsénico y «elevadas» de cadmio. Igualmente, hizo referencia a la normativa europea y nacional sobre suelos contaminados y productos alimentarios y a los riesgos cancerígenos, neurológicos y nefrotóxicos de estas sustancias, en especial para los niños. Y concluyó que, en consecuencia, «se debe suspender inmediatamente las prácticas agrícolas en estas parcelas y cualquier comercialización de los productos en ellos cultivados» y destinados al consumo humano o animal. El Seprona consideró «necesario» informar a la Dirección General de Sanidad Vegetal de la Comunidad Autónoma para evaluar los alimentos y, «si procede, retirarlos del mercado».

Pero con la misma rotundidad que se expresó en su informe el instituto armado, también lo hizo la Comunidad Autónoma para desmentirlo cuando LA VERDAD reveló su contenido. «Los resultados» de las muestras de suelos tomadas en mayo, dentro de la investigación judicial sobre la falta de sellado del vertedero de residuos mineros peligrosos Los Blancos, «arrojaron una presencia de metales pesados en la tierra analizada, pero también demostraron que no existía transferencia al producto cultivado», aseguraron fuentes oficiales de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Y remarcaron su mensaje «No existe riesgo para la salud pública».

No obstante, al contrario que la Guardia Civil, la Administración regional no esgrimió informe técnico alguno sobre sus propios estudios en la zona. Respondió al Seprona basándose en datos de los servicios técnicos de las direcciones generales de Sanidad Vegetal y de Medio Ambiente. Según la propia Comunidad, dichos datos fueron interpretados erróneamente por los policías. Concretamente, señalaron que la capacidad de absorción de metales pesados por parte de las plantas es menor de lo interpretado por los agentes.

La Comunidad decidió no retirar las cosechas en la zona de Los Blancos ni declarar contaminado el suelo. De ahí las pretensiones del Ministerio Público de arrojar luz en este asunto con la participación de los especialistas de la unidad técnica de la Fiscalía General del Estado.