El fiscal señala maniobras de Sevilla y Muñoz para dar contratos del Puerto de Cartagena a empresas afines y amigos
La querella contra la presidenta del organismo y su antecesor apunta al presunto amaño de licitaciones, los fraccionamientos y las «coacciones» a técnicos
La querella presentada por el fiscal especial anticorrupción de la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Yolanda Muñoz, el expresidente Antonio Sevilla y el exdirector general Pedro Vindel, entre otras personas, recoge un rosario de indicios sobre siete hechos presuntamente delictivos cometidos entre los años 2014 y 2021. En ellos, habrían tenido una participación directa los responsables de la presidencia, como autores de conductas irregulares orientadas a facilitar la adjudicación de contratos de servicios a amigos y empresas con las que compartían intereses, y a la asignación de empleos en el organismo.
Según el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso LA VERDAD, la desviación de poder (denunciada inicialmente por trabajadores del Puerto) se habría realizado a través de maniobras como el amaño de contratos, mediante la transferencia de información privilegiada a licitadores; y la confección de pliegos de condiciones a la carta y la alteración de las calificaciones de las ofertas realizadas por los licitadores; el fraccionamiento de contratos para poder tramitarlos como menores y evitar, así, la convocatoria de concurso públicos. También hay datos y testimonios que apuntan a supuestas «coacciones» y presiones a trabajadores para que acataran directrices irregulares relativas a expedientes de contratación; y la asignación de plazas de empleo público con criterios de amiguismo.
En la denuncia, que ha recaído en el Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena, Lozano (delegado nacional de Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado) recopila los indicios de delito que pesan sobre nueve personas y dos empresas. La querella se refiere a cuatro tipos penales: prevaricación, es decir, dictar resoluciones injustas a sabiendas; tráfico de influencias; revelación de secretos / uso de información privilegiada; y falsedad en documento público.
Sobre la base de la investigación preliminar de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (Udef) y de las pesquisas realizadas por él mismo durante un año, el fiscal solicita al juzgado que cite a declarar como investigados a Muñoz; Sevilla; Vindel; Paloma Escudero Giménez, directora del departamento de Innovación del Puerto y administradora única de Estrategias y Desarrollo Financiero SL; María José Barahona, jefa del departamento de Planificación y Gestión del Puerto; Susana García, administradora de la empresa de recursos humanos Barraise SL; José Segura, jefe del departamento de Instalaciones del Puerto; Francisco Ortiz, jefe de Compras; Francesc Casas, consultor de la mercantil Sopra Steria España SA; y los representantes legales de las dos mercantiles privadas citadas.
El fiscal ha puesto el foco en Sevilla y Muñoz (quienes coincidieron en el Gobierno regional de Ramón Luis Valcárcel, del PP, siendo él consejero de Obras Públicas y ella directora general de Territorio y Vivienda) por hechos de los que hay constancia por distintas vías. Se trata de documentos oficiales del Puerto, correos electrónicos internos, testimonios de trabajadores del Puerto, páginas web e incluso un archivo de audio en el que se escucha a la actual presidenta portuaria.
La investigación se remonta al año 2014, cuando tuvo lugar la contratación de una empresa de Paloma Escudero. El fiscal señala que el 23 de noviembre de 2014, solo cuatro días después de su creación, la firma envió un archivo 'powerpoint' a la institución con una oferta para un contrato cuya memoria no elaboró el Puerto hasta el 1 de diciembre. En 2015 y 2016, la firma recibió contratos menores por unos 30.000 euros relacionados con el departamento del Puerto para el que, en 2016, fue contratada Escudero.
La Fiscalía reseña que «la empresa es propiedad de la propia Paloma Escudero y de su marido, ingeniero de Caminos, quienes, al parecer y según los denunciantes, tienen una relación de amistad con Antonio Sevilla Recio».
Muñoz habría intervenido para dejar sin efecto un informe técnico contrario a la adjudicación de un servicio de mantenimiento
Una baja temeraria
En cuanto a Yolanda Muñoz, la Fiscalía la señala por «supuestas coacciones» al Comité Técnico para modificar el informe de baja temeraria (en un 46,26%) de una oferta de la empresa Salzillo Seguridad SA, elaborado por dos técnicos de Instalaciones. La mercantil se llevó [por 93.525 euros, según la Plataforma de Contratación del Estado] el mantenimiento de instalaciones y accesos.
Muñoz, propuesta para la presidencia por el Gobierno regional de Fernando López Miras, también habría realizado «diversas modificaciones de las bases» de los concursos para la contratación de un alto cargo. Ninguno superó los mínimos exigidos, pero un informe de evaluación de Barraise SL dio apto a un aspirante.
Una plaza en la Policía Portuaria
Para la valoración «subjetiva» del proceso de selección «se contrató a la empresa Barraise SL», vinculada a Susana García Bernal, «amiga de la presidenta» del Puerto y «compañera del máster para directivos AMP». La firma obtuvo dos contratos menores por un importe de 11.000 euros.
Muñoz también está en el ojo del huracán por presuntas irregularidades en la contratación de una empresa de comunicación y por «supuestamente haber postergado de modo arbitrario a la primera trabajadora» de una bolsa de trabajo para la Policía Portuaria, «por ser la hija de un miembro del Comité de Empresa».
El fiscal indica que «la excusa empleada» fue una investigación del Tribunal de Cuentas. Y apunta que la Policía ve incriminatorio un correo electrónico de la presidenta, de agosto de 2022, a varios testigos. En él, ordenó «cómo fundamentar la alteración de la bolsa de trabajo». Hay otro e-mail de Muñoz a Recursos Humanos, «a fin de justificar jurídicamente la no contratación».
El material probatorio incluye un audio de febrero de ese año, en el que se escucha decir a la presidenta: «Sobre los contratos de la Policía, la instrucción mía la tenéis clara también para la hija de [el nombre no figura en el documento al que ha accedido este diario]. O cambia de actitud o no tengo por qué tenerla, tengo a otro. Es que no quiero, tiene que venir aquí a pedirlo de rodillas».
El Plan de Digitalización, asignado por casi 800.000 euros, ha despertado sospechas respecto a la jefa de Innovación
Digitalización y ordenadores
El plan de digitalización del Puerto, contratado enero de 2018 a Sopra Steria España SA por 49.000 euros, también ha despertado las sospechas sobre la intervención de Escudero. La mercantil elaboró los pliegos técnico y administrativo y, después, fue adjudicataria de un contrato de 799.400 euros. Personal de la Secretaría del Puerto alertó a la Dirección sobre esta anomalía en un contrato cuya responsable era Escudero. También se indaga sobre un encargo de ocho ordenadores a una firma que no presentó la mejor oferta.
Reacciones
Alcaldesa
Noelia Arroyo: «Pido transparencia y colaborar con el juez»
La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, pidió ayer respeto a la presunción de inocencia, si bien solicitó que la Autoridad Portuaria «preste con rapidez y total transparencia toda la colaboración necesaria con la Justicia». Es clave despejar dudas «con rapidez».
Vicealcaldesa
Ana Belén Castejón: «Muñoz debe dimitir, la acusación es grave»
La secretaria general de Sí Cartagena y vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, exigió la dimisión de Yolanda Muñoz. «Las acusaciones son muy graves. Todos los implicados deben dejar sus cargos mientras se investiga. Está en juego la integridad y el prestigio de la institución».
Diputada de Podemos
María Marín: «La pocilga del PP está a pleno rendimiento»
La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, exigió también la dimisión de Muñoz. Dijo que la querella «demuestra que la pocilga del PP de López Miras sigue funcionando a pleno rendimiento». Y pidió la comparecencia «urgente» del presidente.
Consejero portavoz
Marcos Ortuño: «No existe una trama del Partido Popular»
«Quiero dejar claro que no existe ninguna trama del PP. Y no existe ninguna relación con el Gobierno regional, porque la Autoridad Portuaria depende exclusivamente de la Administración General del Estado», afirmó el consejero.
Concejal de MC
José López: «El dedo corrupto del PP apunta a Muñoz»
El portavoz municipal de MC y exalcalde de Cartagena, José López, denunció que «el dedo corrupto del PP apunta a Muñoz y que a nadie debe sorprender que este partido actúe así en las administraciones».
Portavoz PSOE
Manuel Torres: «Las acusaciones perjudican a la ciudad»
El secretario general del PSOE de Cartagena señaló que «las acusaciones perjudican a la ciudad y constituyen, por desgracia, una nueva presunta trama de corrupción del PP».
El exconsejero, bajo la lupa por asesoramientos y un viaje a Cuba
El expresidente portuario y exconsejero regional Antonio Sevilla está también bajo investigación por un eventual favorecimiento a la empresa Datanet, una empresa de Alfatec Sistemas SL, grupo empresarial «asesorado» por Antonio Sevilla. Se indaga acerca de su etapa posterior a la presidencia del Puerto, por su actividad como administrador único de Lucygo SL, firma constituida en mayo de 2020. «Podría estar recibiendo una remuneración por este asesoramiento» a Alfatec y por el «uso de contactos políticos y administrativos para supuestamente influir en las adjudicaciones», apunta el fiscal.
Testigos aseguran haber visto a Sevilla entrando en despachos del Puerto y en muelles con un directivo de Datanet, para darle información del plan Puertos 4.0.
Además, la Fiscalía indica que la Policía hizo «gestiones respecto de la financiación del viaje a La Habana (Cuba) realizado por Antonio Sevilla Recio y Paloma Escudero», así como del «máster realizado de forma conjunta por los anteriores y María José Barahona».
