El comité de empresa del Puerto de Cartagena cree que hay indicios para que la presidenta «dimita»
La representante de los trabajadores en la Autoridad Portuaria anunció que si se admite a trámite la denuncia de la Fiscalía por presunto amaño de contratos se presentarán como acusación particular
La presidenta del comité de empresa de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Isabel Rosique, aseguró este viernes que la denuncia presentada por la Fiscalía de la Región de Murcia contra la actual presidenta del Puerto, Yolanda Muñoz, y contra Antonio Sevilla, quien ocupó también ese mismo puesto, contiene indicios suficientes para que «Muñoz dimita hoy mismo» o que «quien la designó, el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, la cese». Solo así, añadió «volverá la tranquilidad» al organismo portuario.
El comité de empresa anunció que si el juzgado admite a trámite se presentarán como acusación particular. Insistió Rosique en que cuando la Fiscalía solicita investigar es «porque hay indicios de delito de prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias y revelación de secretos».
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Rosique realizó estas declaraciones tras la primera sesión de un juicio celebrado este viernes en el Juzgado de lo Social número 2 de Cartagena. Es una demanda por vulneración de los derechos fundamentales interpuesta por un trabajador hacia la Autoridad Portuaria y la jefa de área de Planificación y Gestión, María José Barahona. El juicio quedó aplazado hasta el lunes. En la primera sesión fueron presentadas las pruebas documentales y las alegaciones por ambas partes y la próxima semana se continuará con la declaración de los nueve testigos.
El origen de la demanda, según lo expuesto en la vista, fue interpuesta porque el trabajador «sufría acoso». «Él no estaba de acuerdo y se negó a firmar unas licitaciones y unos contratos, como técnico», detalló Rosique a LA VERDAD. Este hecho tiene relación, según los sindicatos, con la denuncia presentada por la Fiscalía de la Región de Murcia. Esta demanda, añadió, no está dentro de esa denuncia. El trabajador, perteneciente al área de informática, prefirió no hacer declaraciones.
La demanda es también porque como consecuencia de esa negativa, el empleado porturio «fue relegado de sus funciones como jefe y ahora está en un departamento nuevo, sin personal ni presupuesto», señaló la presidenta del comité de empresa del Puerto.
