Defensa amplía la cesión del Naval de Cartagena hasta junio de 2025 para atender a inmigrantes

Parece reafirmar también los temores del Gobierno local y de algunos vecinos de que el centro no será «provisional ni temporal». Asimismo, las obras paralizadas el viernes por el Ayuntamiento de Cartagena ante la falta de licencia para habilitar dormitorios con 200 camas son una evidencia más de que la acogida de inmigrantes en el Naval va para largo.

La primera cesión temporal fue por seis meses: del 6 de noviembre al 6 de mayo. El campamento del Naval abrió el 17 de noviembre para atender de forma temporal a seiscientos inmigrantes desplazados desde el archipiélago canario. Migraciones tuvo que aumentar en 150 las plazas iniciales del centro, cuya capacidad total ahora es para 772 usuarios. También se vio obligado a aumentar el plazo de cierre del campamento, que pasó del 31 de marzo al 31 de julio, hasta que fuentes vinculadas al centro de acogida, dependiente del Ministerio de Defensa, reconocieron que permanecería abierto mientras durara la emergencia humanitaria. Mohammed Kebaili, el responsable territorial de Accem en la Región, la ONG encargada de gestionar el campamento, indicó a LA VERDAD que en el contexto actual es «atrevido» marcar una fecha de cierre.

Por su parte, diputados y senadores del Partido Popular solicitaron ayer el expediente de cesión para conocer los pormenores de este trámite. En medio de la polémica suscitada la pasada semana con la expulsión de un inmigrante por el intento de agresión a un vigilante de seguridad, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma acordó reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez la cesión al Ayuntamiento de Cartagena de las instalaciones del Hospital Naval para fines sociosanitarios. No obstante, y pese a las obras paralizadas, desde el Ministerio aclararon que su fin no es ampliar la capacidad del centro, sino «habilitar dos plantas del hospital que están en buen estado para convertirlo en espacio de intervención y entrevistas con las personas acogidas». Por el momento, se hacen en las carpas exteriores.

Está previsto que técnicos municipales de Urbanismo visiten hoy el complejo de acogida ubicado en la carretera de Tentegorra para comprobar si han cesado las obras, así como para hacer una nueva valoración. Una portavoz del Ministerio de Migraciones confirmó que la empresa Tragsa, que gestiona los servicios auxiliares en el campamento, ha paralizado la intervención en el inmueble y que «sus servicios jurídicos están estudiando cómo proceder». Lamentó que con «las obras enmarcadas en esta declaración de emergencia, nunca ha habido ningún problema».

Estos cambios se dan en un ambiente de tirantez política, en el que la primera edil ha solicitado en múltiples ocasiones una reunión con la ministra Elma Saiz para conocer el dispositivo desplegado en Cartagena, los recursos disponibles y el destino de los usuarios que abandonan el centro de alta rotación.

La alcaldesa ratificó tras el incidente ocurrido la semana pasada que «concentrar a inmigrantes en el antiguo hospital Naval no soluciona el problema de la inmigración, sino que lo agrava y puede acarrear conflictos sociales». Arroyo también aludió a la falta de recursos al tener que intervenir cinco patrullas de la Policía Local. Migraciones aseguró que la visita de su secretaria de Estado, Pilar Cancela Rodríguez, será este mes. Es el tercer anuncio de una visita, que aún no se ha producido.

El equipo de seguridad del campamento del Naval desmintió a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, sobre el «motín» producido hace hoy una semana en las instalaciones. A través de una carta enviada por la Unión Sindical Obrera de Cartagena y Comarca (USO), los vigilantes recriminaron a Arroyo que afirmara que «la seguridad en el interior del centro no está garantizada».

Para el colectivo, que se refirió a las instalaciones como centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI), las declaraciones de la primera edil tras el incidente fueron «injustas y denigrantes». Defendieron que no se produjo ningún «motín», como denunció Arroyo, sino una aglomeración de usuarios ante la expulsión de uno de ellos. «Todo se desarrolló de forma pacífica. No tuvo lugar ninguna intervención contra los usuarios por parte de la Policía Local, que fue avisada por los vecinos y gestionó la salida del expulsado hacia la Hospitalidad de Santa Teresa», indicaron.

En su misiva recordaron que no tienen carácter de autoridad, por lo que sus competencias están limitadas por la propia ley.

Por último, defendieron que el trabajo del equipo de seguridad es «impecable» desde la apertura en noviembre del CETI, como se refieren a él en la carta. «Con sus palabras ha menospreciado la importante labor de este equipo», concluyeron.

A la alcaldesa también le recriminaron que tratara de «motín» un «hecho aislado» la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, así como fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El incidente ocurrió sobre las diez de la noche del pasado miércoles, cuando un grupo de inmigrantes se negó a que expulsaran a un compañero que previamente había intentado agredir a un vigilante de seguridad, según el Ministerio.

Esta es la segunda expulsión que se ha producido en el campamento del Naval, y la primera que ha trascendido. Desde noviembre han pasado por las instalaciones del antiguo hospital militar cerca de dos mil usuarios.