Choque de Arroyo y la delegada del Gobierno por la seguridad en el campamento del Naval

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, reafirmó este jueves, horas después del incidente, que las instalaciones del antiguo Hospital Naval no están preparadas con los suficientes medios para garantizar la seguridad interior y atender a setecientas personas. También se preguntó qué habría pasado si las cinco patrullas de la Policía Local no se hubiesen presentado a mediar en el centro el miércoles por la noche. «¿Quién se hace responsable si ocurre algo en Cartagena? Solo nosotros mediamos con el personal suficiente para ayudar. Concentrar a inmigrantes en el antiguo hospital militar no soluciona el problema de la inmigración, sino que lo agrava y puede acarrear conflictos sociales», dijo.

Ella calificó este incidente como «motín». Y un portavoz del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, destacó que tras unos momentos de tensión fue restablecida la calma «sin violencia ni agresividad». Tanto este departamento ministerial como la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, le recriminaron que califique este «hecho aislado» como «motín».

Arroyo solicitará otra vez más una reunión con la ministra, de la que depende el campamento del Naval, para que le informe acerca del dispositivo desplegado en Cartagena, así como el destino de los más de 1.400 inmigrantes que han salido de estas instalaciones desde su apertura en noviembre. «Somos el único municipio de España que atiende a inmigrantes a través de nuestras costas y recibe de forma abusiva trasladados en avión», denunció la regidora.

La delegada del Gobierno cargó contra Arroyo asegurando que quien parece que está «amotinada» es ella contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Guevara, que recibió las quejas de la regidora el mismo miércoles por la noche, negó que hubiera un problema de seguridad en el campamento, y aseguró que lo ocurrido fue un asunto de «régimen interior» ante «algo que puede suceder habitualmente». «El personal de Accem intentaba gestionar la situación y hablando con ellos con normalidad», añadió.

A consultas de LA VERDAD, el Ministerio puntualizó que la ocupación actual del centro es de 665 usuarios, de una capacidad total de 772 personas, que «nunca se ha superado». «Tanto el Ayuntamiento de Cartagena como la Delegación del Gobierno están puntualmente informados», aseguraron. Asimismo, aclararon que el miércoles dos autobuses trasladaron a 85 personas a otro dispositivo de atención y ayuda humanitaria de Sabadell.

Por último, anunciaron que este mes está prevista la visita de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela Rodríguez. No obstante, se trata del tercer anuncio de esas características y hasta la fecha no ha habido ninguna visita.

En este escenario de tirantez política, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma acordó en su reunión de ayer reclamar al Ejecutivo de Pedro Sánchez la cesión al Ayuntamiento de Cartagena de las instalaciones del Hospital Naval para fines sociosanitarios. El hospital está en desuso desde 2012.

También se manifestaron los grupos municipales Vox y PSOE. El portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, solicitó al Gobierno que refuerce los efectivos de Policía y Guardia Civil, como aprobó el Pleno en su última sesión. Y el portavoz socialista, Manuel Torres, acusó a Arroyo de «inventarse un motín para sacar rédito político fomentando el rechazo hacia los inmigrantes».

«No pongo la mano en el fuego porque no pueda surgir un conflicto con tanta gente conviviendo en el mismo espacio, pero relacionar el dispositivo y la inmigración con la falta de seguridad me parece un mensaje peligroso, que solo conduce a la crispación», advirtió en una reciente entrevista a LA VERDAD el responsable territorial de Accem en la Región de Murcia, Mohammed Kebaili.

Y el momento llegó sobre las diez de la noche del miércoles, con la expulsión de un usuario, en la que quedó patente el malestar de parte de los vecinos de la zona, que llamaron a los cuerpos de Seguridad del Estado ante la aglomeración de inmigrantes que se negaban a la expulsión.

Según fuentes de Accem, esta es la segunda vez que un usuario tiene que ser expulsado por «incumplir la normativa» del centro. En concreto, según la versión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el residente se negó a abandonar el centro tras ser expulsado por intentar agredir a un vigilante de seguridad.

Defendieron que «son hechos aislados, que nada tienen qué ver con la buena convivencia que existe en el centro. Son dos personas de las dos mil que han residido allí desde noviembre».

En las expulsiones, los usuarios son obligados a abandonar las instalaciones del Hospital Naval y se acelera su proceso migratorio para que tomen las riendas de su futuro más inmediato. Por lo general, la estancia media en el campamento del Naval, hasta que encuentran un «proyecto de mediana estabilidad», es de dos a tres meses.

El joven expulsado pasó la noche del miércoles en uno de los albergues de Cáritas en Cartagena, donde está previsto que permanezca unos días hasta que el personal de Accem consiga una alternativa habitacional.

Cuando se dan de baja del centro temporal, de manera voluntaria o por una expulsión, los inmigrantes tienen libertad de circulación y no quedan bajo la supervisión de ninguna entidad. En ningún caso, pueden ser readmitidos por el centro tras saltarse las normas.

Los vecinos de las urbanizaciones aledañas al centro de atención, emergencia y derivación (CAED) de inmigrantes, en la carretera de Tentegorra, están divididos por la ubicación de estas instalaciones en el casco urbano. La mayoría coincide en que no es la más adecuada y son partidarios de que se localicen a las afueras de la ciudad.

«Nadie quiere tener un campamento así cerca de su casa. No es agradable, sobre todo para ellos que no viven en condiciones dignas, pero también nos genera desconfianza encontrar tanta gente sin oficio ni beneficio por las calles», apuntó ayer Manuel Contreras.

«Hay malestar vecinal, pero yo no he notado más inseguridad. El problema lo tienen los chavales, que no están cómodos viviendo en esas instalaciones y que perciben el rechazo social. Es una situación complicada, en la que los grandes perjudicados son ellos, que al final se ven abocados a la marginalidad porque después de un tiempo los acaban soltando y no hay recursos para todos», lamentó Paco Guillén, mientras paseaba a su mascota.

En un ambiente de absoluta tranquilidad, en la mañana de ayer un grupo de africanos tomaba el sol en los bancos ubicados frente a la que por ahora es su casa. Mientras, multitud de cartageneros hacían deporte por los caminos que llegan hasta el parque Rafael de la Cerda, en la conocida como 'ruta del colesterol'.

«No me ha pasado nada ni conozco casos, pero desde noviembre no se me ocurre venir sola a caminar sin mucha luz porque hay muchos grupos de hombres que imponen. No es porque sean negros», dijo Laura Gómez, que recorre este trayecto a diario.

La plataforma ciudadana 'No al CETI' también anunció que se dirigirá a la Delegación del Gobierno, así como al Ayuntamiento de Cartagena para que aumenten las medidas de seguridad con más efectivos de los cuerpos policiales. Asimismo, solicitará al Ministerio de Migraciones que permita la entrada en el campamento de un grupo de vecinos para inspeccionar las instalaciones y conocer la realidad de las personas que residen allí.