Barreiro pide el mismo trato que a «un alto cargo» y reclama 74.000 euros por el 'caso Novo Carthago'
El Ayuntamiento de Cartagena tiene sobre la mesa una reclamación de la exalcaldesa del PP Pilar Barreiro, por haber archivado el Tribunal Supremo su imputación ... por prevaricación en el caso urbanístico 'Novo Carthago'. Quien fue regidora, diputada y senadora presentó en septiembre facturas por importe de 73.812,89 euros por los honorarios de su defensa y, ya en noviembre, añadió a su solicitud el argumento de que tuvo noticia de que «un alto cargo de la Corporación que resultó finalmente absuelto» fue «indemnizado» en «otro supuesto similar, aunque de mucha menor enjundia, que no de valor económico».
En lo que todo indica que es una alusión a Jacinto Martínez, quien fue también durante años su jefe de Urbanismo, Barreiro señaló que ese alto cargo «debiendo haber sido asistido en su defensa por la Asesoría Jurídica de esta Corporación, como lo estaba siendo, lo fue a partir del auto de apertura de juicio oral por medio un abogado elegido libremente».
En consecuencia, advirtió quien fue alcaldesa desde 1995 a 2015, «resultaría totalmente discriminatorio» hacia su persona que el Consistorio no accediera a «abonarle los gastos judiciales plenamente justificados» que ella reclama. Barreiro ya avanzó a este periódico que estaba preparando una reclamación similar por el archivo de su imputación en el 'caso Púnica'.
Barreiro explicó que recurrió a los servicios del bufete murciano Pardo Geijo Abogados porque no pudo ser defendida por los Servicios Jurídicos del Consistorio, por la «obvia incompatibilidad» de que ejercían la acusación particular. Y añadió que el bufete con el que tenía un convenio el Consistorio, Ruipérez y Asociados, ya representaba al exconcejal de Urbanismo Agustín Guillén y que por ello podía haber «intereses contrapuestos en sus respectivas defensas». La exalcaldesa también recordó que los concejales Ana Belén Castejón, actual alcaldesa, y Juan Pedro Torralba se personaron como acusación popular en la causa relativa a la presunta recalificación ilegal de los terrenos para construir 6.000 viviendas, un campo de golf y dos hoteles de lujo en San Ginés de la Jara, junto al Mar Menor. Este asunto está pendiente de juicio para varios exconsejeros autonómicos del PP y funcionarios de la Comunidad. Al igual que en el caso de Barreiro, la imputación de Guillén fue archivada.
El pleito civil de La Azohía ha recobrado actualidad tras el informe donde el interventor alerta de que las reclamaciones urbanísticas están «lastrando» la hacienda (lo han hecho ya en 32 millones de euros) y pide corregir errores y depurar «responsabilidades».
El Gobierno local, liderado ahora por Ana Belén Castejón e integrado por otros concejales expulsados del PSOE y por PP y Cs, ha pedido un informe a la Asesoría Jurídica y otro a Urbanismo sobre las reclamaciones pendientes, que suman al menos 55 millones. Eso sí, ha limitado la posible culpa de Urbanismo al caso civil de La Azohía. La portavoz de Podemos-IU-Equo acusó ayer a Castejón de «mentir» y le exigió que llegue hasta el final en la investigación.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
