La Audiencia ve indicios de delito de Portmán Golf en el traslado de los restos de Balsa Jenny
Advierte del riesgo de que la causa acumule más retraso y ordenan abrir una pieza separada sobre el solar que acogió los restos en Llano del Beal
La Audiencia Provincial ha estimado de forma parcial un recurso de la empresa Portmán Golf contra una resolución del Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena y ha ordenado que los hechos relativos a las escorrentías de aguas con metales pesados desde el antiguo solar de la Balsa Jenny sean investigados en un procedimiento aparte por el juzgado que corresponda, previo reparto.
La sección quinta de la Audiencia ha confirmado, sin embargo, la posibilidad de que el juzgado 4 realice averiguaciones sobre «las filtraciones y lixiviados que hayan podido quedar depositados en las pistas de transporte hasta la corta Los Blancos y terrenos adyacentes a la Balsa Jenny propiedad de Portmán Golf», en Llano del Beal.
Los magistrados apoyan el criterio del fiscal Fulgencio Pérez Frutos y advierten del riesgo de que la causa acumule un retraso mayor, tras ocho años de pesquisas por parte de varios magistrados y fiscales. «El tratamiento penal unitario de toda la operación de extracción, tratamiento, transporte y sellado de los residuos que se encontraban en la Balsa Jenny conllevaría un grave perjuicio para la instrucción de la causa; afectaría necesariamente a otras personas y entidades públicas», señalan.
Pieza separada sobre el solar
Sobre la contaminación de caminos y suelos anexos al viejo solar de la Balsa Jenny, ahora propiedad de la Consejería de Medio Ambiente, la Audiencia respalda al magistrado Raúl Sánchez Conesa en el avance de sus pesquisas. Y cita la relevancia de los informes del Seprona de la Guardia Civil.
Indica que «la responsabilidad penal también puede alcanzar a Portmán Golf», por un delito contra los recursos naturales. Y ello, «por haber permitido durante largos años que estos residuos mineros presuntamente contaminantes hayan permanecido depositados en terrenos de su propiedad». Las operaciones se ejecutaron «por Gestalia, empresa con la que tiene claros vínculos, tanto en las personas de sus administradores como en los titulares de las participaciones sociales», señala la Audiencia.
Y razona que habría que acreditar que, «a sabiendas», consintió el depósito de «residuos mineros que pueden producir lixiviados o filtraciones nocivas para la salud» y para el medio ambiente, en la cuenca del Mar Menor. El traslado fue promovido por la Comunidad Autónoma, costó 6,5 millones de euros de dinero público y fue subcontratado por Tragsa a Gestalia.
Obras de sellado
El juzgado ordenó el año pasado a Portmán Golf y a la Consejería de Medio Ambiente, que dirige Antonio Luengo, distintas obras de sellado en las zonas de origen y destino de los residuos ante los riesgos para los vecinos, las ramblas, el acuífero, el Mar Menor e incluso la seguridad alimentaria en productos de parcelas agrícolas cercanas. Los trabajos están en marcha y, en el caso del antiguo solar de la Balsa Jenny el Seprona advirtió de que las obras realizadas por la Dirección General de Medio Ambiente, que tiene al frente a Francisco Marín, tienen deficiencias e incluso han agravado la contaminación.
En paralelo, el Juzgado de Instrucción 7 de Murcia investiga la presunta responsabilidad penal de técnicos y políticos de la Consejería por la falta de sellado de Los Blancos durante años.
