El juez imputa a Tragsa y a una firma ligada a Portmán Golf por los restos de la Balsa Jenny
Investiga a la sociedad pública y a la subcontrata que llevó los residuos mineros a Los Blancos por la contaminación de tres zonas en Llano del Beal
Tras haber forzado a la Comunidad Autónoma a iniciar obras urgentes en el solar de la antigua Balsa Jenny para frenar los arrastres de residuos ... mineros hacia Llano del Beal y el Mar Menor, el Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena ha confirmado la orden de que Portmán Golf instale también una barrera química en unas parcelas anexas, de su propiedad. Y no solo ha reiterado su exigencia de medidas provisionales para proteger la salud pública y el medio ambiente frente a la contaminación por metales pesados, como poner un filtro de carbonato cálcico, sino que ha estrechado el cerco en su investigación sobre la presunta responsabilidad penal de esa empresa en la gestión de los desechos trasladados entre los años 2003 y 2005 a la corta Los Blancos, situada a 900 metros y que también es suya.
En un contundente auto dictado el 7 de junio al que ha accedido LA VERDAD, el magistrado Raúl Conesa desestima el recurso de reforma de la mercantil cartagenera. Y, en la causa abierta por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, donde ejerce la acusación popular Ecologistas en Acción a través del abogado José Manuel Muñoz, cita a declarar en julio como investigados a los representantes legales de la empresa Gestalia Transportes y Maquinaria SL, vinculada a Portmán Golf a través de al menos dos socios. También llama a los de Tragsa, compañía adscrita a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Esta entidad, a su vez, está integrada en el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El magistrado viene a resumir la situación con un párrafo donde niega a la empresa la condición de «perjudicada» y «víctima», que reclama para sí. «Nada más lejos de la realidad», afirma el magistrado, quien rechaza haber creado «una causa general» sobre la Sierra Minera de Cartagena y La Unión y explica por qué es preciso ahondar en la actuación de esta sociedad privada. «La investigada era propietaria de un depósito de residuos mineros [el solar de la Balsa Jenny], que cedió de forma gratuita a la CARM (Comunidad Autónoma), cierto; pero tuvo un papel muy relevante en el resto de acontecimientos derivados de esta cesión», escribe. Y detalla las presuntas irregularidades ambientales, cuyos efectos continuarían a día de hoy, y motivaciones económicas que explicarían lo sucedido.
Expone el juez que los residuos quedaron albergados en Los Blancos sin condiciones de seguridad durante años; y que hay bastantes indicios de que no todos fueron sacados del solar; y que hay dudas sobre su correcto tratamiento y transporte en camiones. Parte de la carga habría caído en sendas.
Añade Conesa que, si bien Portmán Golf alega que solo cedió gratis el solar a la Comunidad y es titular de Los Blancos, resultó «beneficiaria de importantes fondos públicos, al asumir de forma exclusiva la recepción de los residuos mineros en la corta Los Blancos I; y, de forma compartida y por medio de una tercera empresa con especial vinculación, participó en el traslado de los residuos».
Lo hizo a través de una «tercera mercantil», Gestalia, que «resultó ser, casualmente, subcontratada por Tragsa», señala con aparente ironía. Tragsa fue adjudicataria de la extracción y el traslado de los residuos por 6.545.306,76 euros y Gestalia habría sido empleada como «sucursal», para «no presentar a Portmán Golf como beneficiaria en exclusiva de las operaciones que ella misma había provocado». El coste lo asumieron, a partes iguales, Comunidad y Ministerio de Medio Ambiente.
Elegida «casualmente»
El juez también indica que, según el Seprona, «los cargos de administradores, socios mayoritarios, presidentes o consejeros delegados coincidentes y con mayoría del capital social de ambas mercantiles serían desempeñados por Alfonso García Sánchez y Antonio García Pedreño», dos empresarios, padre e hijo, conocidos en los sectores inmobiliario y minero.
Portmán Golf ya anunció un recurso subsidiario de apelación si el juez no atendía sus peticiones. De ahí que, ahora, el auto será revisado por la Audiencia Provincial.
Reproches al fiscal por pedir el despiece de la causa, como quiere la empresa, frente al criterio de Madrid
La Fiscalía se adhirió de forma parcial al recurso de Portmán Golf e impugnó el escrito de la acusación popular, para que el Juzgado de Instrucción 4 investigue solo lo relativo a la falta de sellado de la corta Los Blancos de 2008 a 2013 y abra piezas separadas respecto al resto de los hechos. Eso supondría enviar a reparto, entre los otros cuatro juzgados de instrucción, las diligencias sobre el antiguo solar de la Balsa Jenny y los caminos por los que fueron transportados los residuos.
En su auto, el juez Raúl Conesa dedica un amplio espacio a argumentar su negativa a esta petición y critica la postura del Ministerio Fiscal, que lleva el caso a través de Fulgencio Pérez, de la Fiscalía de Área de Cartagena.
«Nos encontramos ante una causa donde, desde el primer momento [año 2014], se investigan todos aquellos hechos con relevancia para el medio ambiente que se produjeron en el ámbito de la contratación entre la CARM (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) y la ahora investigada Portmán Golf SA, en relación a los residuos mineros existentes en Balsa Jenny, propiedad de la citada mercantil», expone el juez instructor.
Afirma que «no se alcanza a comprender» y que es «más que sorprendente» el informe del fiscal. A su entender, contradice la posición adoptada desde 2017 por la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, órgano de la Fiscalía General del Estado que coordina desde Madrid Antonio Vercher. Despiezar la causa en tres procedimientos, afirma, sería «absurdo y contrario a la lógica racional y jurídica» y a la «eficiencia de la Administración de Justicia». Y cita jurisprudencia para blindar su decisión ante la Audiencia Provincial.
El magistrado recuerda un informe del fiscal de Sala de julio de 2019 que «mostraba su respaldo técnico a este juzgado, a fin de investigar los riesgos que la propia Balsa Jenny y los materiales aún existentes en la misma estaban generando al medio ambiente y a las poblaciones cercanas».
Conesa recuerda los «múltiples escritos del Seprona de la Guardia Civil de Cartagena, en una labor que merece ser públicamente reconocida», que respaldan ese enfoque. E incluso cita aquellos en que «solicitaba diligencias o refería actuaciones llevadas a cabo en Balsa Jenny» el ex fiscal de Medio Ambiente «y actualmente fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia». Alude así al fiscal de Murcia José Luis Díaz Manzanera.
«El acuerdo inicial» con la Comunidad «abarcó la actuación tras la cesión»
En una pieza separada de esta causa, el Juzgado de Instrucción 7 de Murcia indaga en la presunta responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente por permitir la ausencia de sellado de Los Blancos durante años. Hay imputados cuatro funcionarios. Ahora, el nuevo auto del juzgado cartagenero contiene una afirmación que pone en entredicho a la Comunidad Autónoma. Así, sostiene Conesa, «como de forma minuciosa detalla el Seprona», el acuerdo inicial alcanzado en octubre de 2001 entre la Comunidad (con un gobierno del PP de Ramón Luis Valcárcel) y Portmán Golf SA para eliminar la montaña de residuos «abarcaba toda la actuación posterior a la cesión gratuita de la Balsa Jenny».
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