Medio Ambiente cubre el solar de la Balsa Jenny tras la alerta del Seprona sobre la contaminación
La Guardia Civil cuestiona la eficacia de las obras de retención de los residuos mineros y ve riesgos para el Mar Menor y los vecinos del Llano y del Estrecho
Después de haber impulsado una orden judicial para el sellado del vertedero de residuos mineros Los Blancos y la paralización de cultivos afectados por escorrentías ... de metales pesados en el entorno, el Seprona ha puesto de nuevos sus ojos en una parcela cercana que acumula desechos similares. Es el solar de la antigua Balsa Jenny, situado junto al pueblo de Llano del Beal y donde estuvieron hasta el año 2005 los restos depositados ahora, en su mayoría, en Los Blancos. En total, había un millón de toneladas.
En ese emplazamiento original, el Juzgado de Instrucción 4 de Cartagena ordenó en abril a la Consejería de Medio Ambiente la instalación urgente de una barrera química que frenara el arrastre de metales hacia la localidad, las ramblas, el acuífero y el Mar Menor en las lluvias torrenciales. Pues bien, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha cuestionado la eficacia de las obras realizadas por encargo de la Comunidad Autónoma, hasta el punto de advertir de que «presuntamente no van a ser efectivas». Entre otras cosas, «no se ha realizado una barrera reactiva permeable en el tramo norte del perímetro de la parcela» e incluso se «podría originar un impacto aún mayor sobre la producción total de lixiviados».
El Instituto Armado avisa de que «es de esperar que se sigan produciendo flujos de lixiviados subsuperficiales que podrían continuar provocando un daño ambiental». Y señalan que las zanjas efectuadas alcanzan entre un metro y metro y medio de profundidad, por lo que no alcanzan la lámina de geotextil que separa los residuos no retirados en su momento y la capa de tierra vegetal que se echó encima, y que también está contaminada.
Los agentes no se quedan ahí, sino que en un informe, remitido al juzgado en octubre y al que ha accedido LA VERDAD, advierten de que el abandono de acopios de tierras contaminadas y residuos durante las obras ha agravado dos problemas que comprometen el medio ambiente y la salud pública.
Consejería: «No hay lixiviados»
Se trata de la concentración de metales pesados en la capa superficial y de la dispersión de partículas contaminantes hacia las viviendas del entorno, ubicadas a solo cinco metros de distancia, por la lluvia y el viento.
La Comunidad Autónoma calculó que la escorrentía superficial de la cuenca situada sobre la parcela ocupa 1,53 millones de metros cuadrados y destinó a las obras antiarrastres 815.000 euros. En 2005, la Comunidad y el Ministerio de Medio Ambiente gastaron 6,5 millones a llevar los residuos al vertedero Los Blancos, pero no los retiraron todos. En los últimos días, la empresa adjudicataria de las obras ha realizado trabajos para colocar capas de geotextil, confirmaron fuentes de la Consejería. En la Consejería de Medio Ambiente aseguraron desconocer el informe del Seprona y conocer solo la información publicada por la prensa.
En todo caso, afirmaron que «se está actuando como establece el juzgado»; y que «no hay lixiviados, pues lo que sale es el agua procedente de la cuenca, tratada con carbonato cálcico». Descartaron declarar contaminado el suelo, pues es «una parcela cerrada sin uso ni acceso» y negaron que sea un vertedero de residuos peligrosos. No dieron dan fechas para el sellado final.
Un peligro «inadmisible»
El Seprona asegura que los acopios de tierras contaminadas y residuos peligrosos, tras las excavaciones para construir barreras filtradoras, «suponen un riesgo inadmisible para la salud de los vecinos del Llano del Beal y del Estrecho de San Ginés, por exposición» a elevadas concentraciones de metales, algunos cancerígenos .
Tras una inspección de la parcela realizada en septiembre y la consulta de informes técnicos de la Comunidad, la Guardia Civil concluyó que la validez de las obras efectuadas por la empresa Ferrovial está en entredicho, mientras «no se estudien, en nuevos episodios de lluvia, las aguas que se vierten». Recomienda adoptar varias medidas, como «que de manera urgente se proceda a la cubrición, mediante lámina de geotextil, de los acopios de residuos peligrosos». También aconsejan «la toma de muestras de los lixiviados, tras un evento de lluvias, a fin de comprobar el correcto funcionamiento de las obras ejecutadas» y que no hay «daño ambiental».
La Guardia Civil plantea que tras esa evaluación «seguirá siendo precisa la construcción de una auténtica barrera reactiva permeable en todo el sector Norte». El objetivo es que se «asegure que se intercepta toda la masa remanente de residuos peligrosos», mientras que «la titular de la parcela, la Comunidad, no proceda al sellado de los residuos peligrosos de forma segura o a su retirada».
El PSOE acusa a la Comunidad de estar en «rebeldía»
La viceportavoz del PSOE en la Asamblea Regional, Carmina Fernández,declaró que «la balsa Jenny fue y sigue siendo un escándalo medioambiental del Gobierno de López Miras», a raíz del informe elaborado por el Seprona en el que se denuncia que las obras realizadas por el Gobierno regional multiplican la contaminación de la zona y pone en riesgo la salud de los vecinos y vecinas.
Fernández afirmó que es extremadamente grave la actuación de la Comunidad, tanto por la chapuza realizada en las actuaciones realizadas en la balsa Jenny, como por su negativa a aceptar los informes medioambientales del Seprona, por no querer declarar contaminado el suelo y no dar una fecha de sellado definitiva tal y como le exige el Juzgado. «Esta actitud está en el límite de la `rebeldía´ ante los tribunales», declaró.
En este sentido el Grupo Parlamentario Socialista pidió la comparecencia del consejero para que explique en el pleno las obras realizadas en la balsa cuestionadas por el Seprona, que alerta que las obras realizadas por el Gobierno regional multiplican la contaminación de la zona y pone en riesgo «inadmisible» la salud de los vecinos y vecinas.
La viceportavoz del PSOE en la Asamblea Regional remarcó que «llevamos advirtiendo de la chapuza que estaba realizando el Gobierno regional desde hace meses y el Seprona ha confirmado todas las sospechas que teníamos.»
«Es un escándalo intolerable las conclusiones del Seprona sobre las obras realizadas por el Gobierno regional y esto no puede quedar así. Que el Seprona advierta de riesgos inadmisibles para los vecinos es una cuestión suficientemente grave como para que se asuman responsabilidades de semejante chapuza», añadió la portavoz socialista.
Carmina Fernández subrayó, en la línea de lo afirmado por la Guardia Civil, que «las obras realizadas suponen un peligro para toda la zona y no han corregido ni uno solo de los problemas que el Juzgado exigió al Gobierno solucionar. Lejos de solventar estas cuestiones han aumentado las filtraciones, la contaminación del acuífero se ha multiplicado y las escorrentías y la contaminación aérea son mucho más peligrosas porque se ha constatado que la parcela que constituye por sí misma es un auténtico vertedero de residuos peligrosos al aire libre».
«La denuncia del Instituto Armado evidencia incluso que el Gobierno regional no realizó en ningún momento la segunda fase del proyecto de adecuación de la balsa que se inició en 2006»,afirmó la vicesecretaria general socialista.
«Faltan adjetivos para calificar la actuación del Partido Popular durante años en este asunto. Al escándalo inicial de la compra de la parcela a la empresa Portman Golf, la falta de realización de las obras de la Fase II, se añade ahora el peligro real y multiplicado que denuncia el Seprona y que ha provocado directamente la chapucera actuación del Gobierno regional», añadió.
Fernández concluyó que «la negligente restauración de la balsa Jenny puede concluir nuevamente en una orden del Juzgado obligando a la Consejería a actuar como ya ha sucedido en Los Blancos y en Zinsa».
El plomo supera en más de 100 veces el nivel de referencia en la Región
El Seprona recuerda en el informe remitido al juzgado (que instruye una causa contra la empresa Portmán Golf por un presunto delito ambiental en la gestión de los residuos de la Balsa Jenny), que las obras en la parcela tienen carácter provisional. Asimismo, los agentes apuntan que «la superación de los niveles genéricos de referencia» para las concentraciones de metales pesados (destaca el plomo pero cita también el zinc, el arsénico y el cadmio) exige declarar toda la parcela «como un suelo contaminado». La Guardia Civil afirma que la Dirección General de Medio Ambiente debió tomar esa medida en enero de 2019, al recibir un informe sobre el solar, e iniciar la descontaminación en los plazos previstos por la Ley. La capa de tierra vegetal superficial, indica, supera en más de 100 veces los niveles genéricos de referencia para el plomo. Y los residuos peligrosos subyacentes, que proceden de las inmediaciones y llegan a seis metros de profundidad, exigen un tratamiento específico.
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