Arroyo dice que movilizará a los cartageneros si el Ministerio no da explicaciones sobre el Naval

«Nos han vuelto a engañar. Mientras Cartagena pedía el cierre del campamento temporal de inmigrantes y la cesión del antiguo Hospital Naval al Ayuntamiento para destinarlo al uso que queremos todos los cartageneros, se estaba fraguando una prórroga de un año entre los ministerios de Defensa y Migraciones para convertir una infraestructura temporal en permanente». Así de rotunda se mostró este miércoles la regidora, Noelia Arroyo, ante la nueva cesión de este recinto militar del Ministerio de Defensa al de Migraciones, desvelada por LA VERDAD el martes.

Arroyo advirtió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que si no fija esta semana una reunión para conocer las expectativas del Gobierno de España sobre estas instalaciones, así como el dispositivo desplegado en Cartagena, convocará una manifestación para que escuchen a los cartageneros.

«Me veo obligada a dar un paso más por el desprecio permanente del Ministerio de Migraciones. No me gusta salir a la calle para defender asuntos que se resuelven desde el diálogo, pero ya no queda otra vía. Si la Administración no quiere escuchar a la representante de los cartageneros, llega el momento de que los escuchen a ellos, que están en contra de la concentración de recursos en Cartagena y quieren recuperar el hospital», justificó la regidora. Su equipo se ha dirigido en reiteradas ocasiones al Gobierno central para trasladarle los acuerdos del Pleno municipal y para solicitar una reunión con los responsables ministeriales, que hasta la fecha no se ha dado.

Lo que sí se produjo ayer fue una visita de técnicos de Urbanismo al campamento del Naval para comprobar que, como aseguró Migraciones, las obras ilegales detectadas el pasado viernes están paralizadas.

El expediente que abrió el Ayuntamiento de Cartagena por estas obras sin licencia en el antiguo Hospital Naval reveló que Patrimonio del Estado ha activado el «expediente de mutación demanial definitiva con una compensación presupuestaria por 25 millones de euros». Según esta documentación, «Migraciones estaría estudiando comprar el antiguo hospital», indicó Arroyo.

Por el contrario, una portavoz de este departamento ministerial, dirigido por Elma Saiz, aseguró ayer a este diario que la mutación demanial del recinto militar es por otros seis meses. Un día antes, no aclaró el plazo de la cesión. Ayer también negó que Migraciones se haya planteado la adquisición del inmueble, tasado por Defensa en 25 millones. «En ningún caso se ha acordado o planteado la compra del inmueble. En ese documento no consta compra alguna». Además, confirmó que la secretaria de Estado, Pilar Cancela Rodríguez, visitará Cartagena el lunes, día 17. «Ya lo habíamos adelantado hace unos días», añadió.

El PP exigió ayer la comparecencia urgente de la ministra de Migraciones en el Congreso y en el Senado para que «diga la verdad» sobre el campamento del Naval. «Es un asunto de mucha importancia social y sobre el que están actuando de forma unilateral», remarcó la diputada Isabel Borrego. Los populares también reclamaron la documentación relativa a la prórroga de cesión, «que han pactado ambos ministerios de forma oscura y opaca». Asimismo, diputados y senadores del PP registraron una solicitud para visitar las instalaciones y comprobar su estado.

Borrego lamentó «la deslealtad institucional» del Gobierno central con la gestión de este campamento, al no «comunicar nada de forma oficial al Ayuntamiento de Cartagena».

Los grupos municipales Vox y MC aprovecharon la advertencia lanzada por Noelia Arroyo al Ministerio de Migraciones para recordar que secundaron desde el principio las movilizaciones contra el centro de estancia temporal de inmigrantes (CETI).

El portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, apostilló que las protestas anunciadas deben convocarse independientemente de la respuesta del Ministerio, porque «lo que diga no tiene ningún valor». El edil se desmarcó de su socio de gabinete remarcando que «no hace falta mucha imaginación para sospechar lo que ocurriría si un gobierno del PP en minoría tuviera que pactar con el PSOE sobre este problema. Vox es determinante para que el ejecutivo no se muestre permisivo con un fenómeno tan negativo».

El líder de MC, Jesús Giménez Gallo, recriminó a Arroyo que no fue «contundente» con el departamento ministerial cuando abrió el campamento. «Hay culpables por acción como el Gobierno de España y por omisión, como el regional y el de Cartagena», señaló. Según el edil, MC fue «la única formación» que se movilizó entonces y advirtió en octubre de que «las buenas palabras y la complacencia no servían». Giménez Gallo aseguró que MC se volverá a movilizar, «aunque sea tarde». «Esperamos que no haya pasos atrás. No queremos un CETI en Cartagena porque no nos corresponde y entendemos que una vez más se nos discrimina y castiga».

Por su parte, el portavoz socialista, Manuel Torres, reclamó a la alcaldesa que deje de fomentar «el odio y la xenofobia». Sobre esta acusación, la regidora Arroyo defendió que el Ministerio de Migraciones «solo se acuerda de Cartagena para solucionar sus problemas y agravar los de nuestro municipio. Y que nadie me diga que soy xenófoba o racista porque en la ciudad colaboramos en todo lo que sea necesario, pero no podemos permitir que nos impongan con más mentiras algo que no queremos. No voy a permitir que nos sigan tomando el pelo».

Torres ratificó que la secretaria de Estado de Migraciones visitará Cartagena el lunes. «Tal y como tenía previsto y ha comunicado a la alcaldesa. No ha venido en la campaña electoral para no interferir en la misma. Eso es una actitud responsable y coherente, frente a la promoción del odio de Arroyo». El portavoz incidió en que la postura mantenida hasta ahora por Arroyo «es muy peligrosa social y políticamente porque alienta los extremismos».

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