El abogado municipal defiende la legalidad de la recalificación

El Ayuntamiento mantiene una difícil posición en Novo Carthago. En el proceso judicial por presunta corrupción, defiende la legalidad de la recalificación urbanística de los terrenos de San Ginés de la Jara aprobada por el Pleno, con el visto bueno de los funcionarios del área de Urbanismo. En la vía administrativa, frena los trámites, para evitar el eventual pago de una indemnización millonaria a la promotora Hansa Urbana, en el caso de que ésta obtenga la licencia urbanística y la Justicia anule luego el proyecto.

En el pleito, sostiene el abogado jefe municipal, Francisco Pagán, «lo que se ventila no es una mera regularidad procedimental, sino que lo que se discute es el trasfondo que podía animar la actuación de los imputados» en torno a la recalificación. Para el Consistorio, un problema es que entre las personas investigadas hay funcionarios municipales y un exedil.

La modificación del Plan General, sostiene el letrado, «se llevó a cabo conforme a las normas establecidas por las disposiciones, vigentes en cada fase de la tramitación».

«En los delitos investigados [prevaricación y cohecho] la cuestión radica no en si se han observado los trámites formales o si la reclasificación de suelo es posible, que lo es, sino, en terminología del Ministerio Público, en si existen pactos previos que condicionan la solución final escogida», expone la Asesoría Jurídica. Y no oculta que, según el fiscal, la irregularidad consistiría en «modificar la normativa necesaria» para urbanizar los terrenos. Se habría decidido «desde un principio» que la finca Regadíos de Miramar «iba a ser reclasificada, y para ello, se modificó el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 2003.

Así, se «categorizó» en suelo urbanizable con uso deportivo, para alojar un campo de golf, un suelo declarado espacio natural Protegido por la Ley 4/92 y considerado además «no urbanizable de protección específica por Ley del Suelo 1/01». La Comunidad, a la que el informe no cita, se habría saltado «intencionadamente al Servicio de Protección y Conservación de la Naturaleza competente», contrario a la transformación del suelo, y no pidió «ningún estudio o informe que avalase dicho cambio».

Un aval de 15 millones

En medio del tira y afloja entre la Hansa y la corporación, según fuentes conocedoras del expediente, el Banco Santander confía en que el proyecto tenga viabilidad, al menos sobre el papel, o en el peor caso que decaiga y quede sin efecto el aval bancario de 15 millones de euros que la promotora firmó por los trabajos de urbanización. Existe controversia acerca de si esa garantía incluye la descontaminación del humedal de Lo Poyo, afectado por arrastres de la Sierra Minera.