La oposición aprueba convertir el Rosell en un hospital general sin tener financiación

Puerta del hospital Rosell de Cartagena. /
Puerta del hospital Rosell de Cartagena.

El PP recurrirá ante el Tribunal Constitucional la proposición de ley para el «funcionamiento pleno» ya que costaría 50 millones

GREGORIO MÁRMOLCartagena

El Rosell será el segundo hospital general del área de salud de Cartagena, independiente del nuevo Santa Lucía. El Pleno de la Asamblea Regional aprobó este jueves con los veintitrés votos a favor de los parlamentarios del PSOE, Podemos y Ciudadanos una proposición de ley para el "funcionamiento pleno" del centro sanitario del Paseo de Alfonso XIII. El PP (22 diputados) se pronunció en contra y forzó la votación nominal por si pudieran "incurrir en un delito" por incumplimiento de varias leyes en la toma de esa decisión. La puesta en marcha como un hospital general de este centro sanitario de Cartagena requiere una dotación presupuestaria que no existe en la actualidad en los presupuestos, en los que solo se refleja una partida de cinco millones de euros.

El diputado socialista Antonio Guillamón reprochó al Gobierno regional su rechazo a convertir el Rosell en un centro sanitario independiente del Santa Lucía y acusó al PP, al que calificó de "derecha recalcitrante" y "ultraderecha", de no sumarse "al clamor que hay en la calle"

El portavoz de Podemos, Óscar Urralburu, aseguró también que la política sanitaria del Ejecutivo murciano ha perjudicado a los habitantes del área de salud. "El Rosell es el primer hospital público español cerrado por sus medidas de austeridad", acusó al PP, mirando al presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, presente en la sesión.

La proposición de ley establece la reapertura de los servicios básicos de un hospital general, como Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos y plantas de hospitalización; que en 2016 se pongan en marcha las once medidas comprometidas por la exconsejera Ángeles Palacios en el Parlamento en abril de 2009 y tenerlos implantados dentro de dos años.

"Hoy es de esos días en que uno encuentra razón a la noble profesión de la política", dijo el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, convencido de que la medida aprobada cumple un mandato de la sociedad de los municipios de Cartagena, La Unión, Mazarrón y Fuente Álamo. "Somos conscientes de que para el PP la sanidad pública importa poco, salvo para derivar los casos a la privada. La situación en Cartagena es tan sangrante que exige un sobreesfuerzo. Por eso pedimos que apuesten por lo público por una vez", concluyó.

Sin presupuesto para llevarla a cabo

"Nos encontramos ante el mejor ejemplo de cómo gestionan, cómo enmiendan y cómo legislan los señores del tripartito", aseguró el portavoz del Grupo Popular, Víctor Martínez, quien aseguró que el hospital del Rosell nunca se ha cerrado. "No ha sido así. El Gobierno ha elaborado de manera seria, rigurosa y responsable un plan funcional para dotar de nuevos servicios que complementan al hospital y que, insisto, están ya en funcionamiento". Recordó que dicho plan es obra de profesionales de prestigio e independientes, que han decidido cómo reforzar un centro sanitario para que, junto con el Santa Lucía, presten un servicio asistencial de calidad a los más de 250.000 habitantes del Área II de Salud.

Martínez lamentó que con esa proposición de ley el poder legislativo entre en el terreno del Ejecutivo regional y que los partidos de la oposición respalden una iniciativa que carece de presupuestos para llevarla a cabo y podría incumplir, por ello, cuatro leyes sobre sostenibilidad en la Administración.

El PP valora en más de 50 millones de euros el coste de poner a pleno rendimiento el Rosell y asegura que puede suponer un grave desequilibrio financiero en las arcas públicas. Los partidos de la oposición puntualizan que solo serán necesarios los 5 millones contemplados en los presupuestos regionales de este año, vía enmienda. "Eso es irrealizable", aseguró Martínez.

Por ello, el PP recurrirá la proposición de ley aprobada este jueves ante el Tribunal Constitucional y otro ante la justicia Contencioso-Administrativa el caso del incumplimiento de un artículo de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. El diputado popular cree que se incumple la ley de Buen Gobierno en el artículo que obliga a las Administraciones a no gastar más de lo que ingresan. "Una ley de Buen Gobierno nacional que es de aplicación en la Comunidad Autónoma al no tener normativa regional", aclaró.

Por último, considera que se incumple otro artículo de la Constitución que hace referencia a que toda proposición a enmiendas que suponga un aumento de crédito o disminución de los ingresos presupuestarios requiere la conformidad del Gobierno para su tramitación.

La decisión de la Cámara fue celebrada por miembros de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública que asistieron al Pleno. Junto a ellos estuvo la vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón.

 

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