Así verán la luz los tribunales de instancia con la macroley que reorganiza la Administración de Justicia

La norma establece que el próximo 1 de julio deberían entrar en este nuevo modelo ocho partidos judiciales de la Región –Caravaca, Cieza, Mula, Yecla, Molina, Totana, Jumilla y San Javier– y con el cierre de 2025 se sumarán Murcia, Cartagena y Lorca. La Sala de Gobierno estudia ya medidas para acompasar esta reforma, de gran calado, y es consciente de que el cambio será más fácil en aquellos partidos judiciales donde ya existe la Oficina Judicial o el expediente judicial electrónico. Baraja, por ejemplo, la posibilidad de retrasar el cambio en Lorca a la espera de que se inaugure el Palacio de Justicia, que centralizará todas las sedes en una.

Asociaciones judiciales, abogados y procuradores aplauden el cambio, de un calado colosal, pero advierten de que la Administración sigue atenazada por su principal lastre: la falta de medios. Si los tribunales de instancia no vienen acompañados de una mayor inversión, advierten, la reforma quedará en agua de borrajas.

El magistrado Miguel Rivera, coordinador de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia en la Región (JJPD), incide en que este nuevo modelo «pretende implantar una organización judicial más moderna, más eficiente y especializada» y, en este sentido, aplaude la iniciativa. Remarca, no obstante, que el principal problema que sigue soportando la Justicia, especialmente la regional, es la escasez de jueces. «Solo un significativo aumento de ese número permitirá resolver los graves problemas de la Justicia», recalca. «Sin ese aumento, la reforma, desde luego positiva, apenas permitirá una reducción de los tiempos de respuesta».

Rivera hace hincapié en que una de las ventajas que esta reforma traerá de la mano es que permitirá la creación de nuevas plazas de jueces en los tribunales de instancia a un menor coste. Una oportunidad que, espera, sea aprovechada para paliar el histórico déficit regional. La ley, remarca, también introduce medidas para agilizar, como el fomento de los medios de solución alternativa de conflictos. No obstante, remarca, sigue pendiente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Fernando Madrid, coordinador en la Región de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), hace hincapié en que «sin inversión será cambiar el nombre de juzgado por el de tribunal de Instancia y no supondrá ninguna mejora en la respuesta judicial, no implicará un mejor servicio para el justiciable».

El representante de la APM remarca, en este punto, que la competencia de medios materiales y personales corresponde al Ministerio. «Habrá que ver si realmente existe voluntad de invertir y mejorar en el servicio público». Al igual que Rivera, considera que la nueva norma podría contribuir al incremento de la plantilla sin la necesidad de crear un juzgado y con un menor coste.

Madrid remarca, no obstante, que la reforma «para que realmente suponga un cambio, necesitará inversión en los edificios judiciales, medidas de organización del espacio: y adecuar la distribución de los medios personales, ahora ubicados en diferentes juzgados, a la sede del tribunal de instancia». Incide en que resulta conveniente que todos los funcionarios de un mismo tribunal de instancia se encuentren físicamente juntos. Una adecuación del espacio que, advierte, será más difícil, a día de hoy, en partidos judiciales como Lorca, Cartagena o Molina, donde las unidades judiciales, los juzgados, están distribuidos en varios edificios. En Lorca, subraya, actualmente hay cuatro sedes, en Molina tres y en Cartagena seis.

Francisco Cano, de la asociación Francisco de Vitoria, también pone el énfasis en la falta de medios, y en especial la falta de jueces, como el peor lastre para la Administración y para que esta reforma llegue a buen puerto. «Los tribunales de instancia vienen a establecer un nuevo modelo de organización, pero no existe previsión a corto plazo de creación de plazas judiciales, con lo que el retraso en el señalamiento de juicios, y, por tanto en el dictado de resoluciones va a continuar», remarca. Incide en que la regulación de estos tribunales «puede favorecer la especialización o la unificación de criterios en asuntos similares», pero insiste en que «cada asunto es distinto y necesita un juez que lo resuelva».

La judicatura no es la única que observa el avance de esta reforma con esperanza pero cierta cautela. Maravillas Hernández, decana del Colegio de la Abogacía de Murcia, remarca que «la situación que atraviesa la Administración requiere un replanteamiento de la misma desde sus cimientos». Ésta, explica, arrastra una «sobrecarga de trabajo», una «lentitud en los procesos» y una necesidad de subirse al carro de los avances tecnológicos. «La Justicia siempre ha sido la gran olvidada», incide.

Hernández reconoce que la reforma «busca modernizar y optimizar la estructura judicial», pero advierte de que «la transformación es profunda y requiere de recursos humanos, materiales y organizativos, de los que no sabemos si se va a poder disponer». La decana de la Abogacía de Murcia hace hincapié en que «no se puede legislar sin dotar presupuestariamente y, aun queriendo ser optimista en cuanto a la eficacia de las previsiones legales, no lo soy en cuanto a la disposición de medios para que la reforma funcione». Hernández también reconoce tener dudas «en cuanto a los problemas que puede generar el período de transición si no se articula de forma organizada». La propia reorganización interna de la administración, teme, puede generar aún más retrasos.

La decana del Colegio de Procuradores de Murcia, María Dolores Cantó, coincide también en que esta reforma «va a tener un gran calado y va a suponer un cambio de paradigma de nuestro sistema tradicional». El coletivo de la procura, al que representa, lo afronta «con una gran expectación, cautela y con un espíritu colaborativo». Cantó espera que el cambio «se vaya realizando de una forma progresiva, ordenada y acorde a la realidad que existe en los diferentes partidos judiciales de la Región».

En este punto, incide en la necesidad de que el Ministerio dote la reforma de recursos materiales y humanos suficientes. De lo contrario, advierte, «corremos el peligro de frustrar el objetivo del legislador y caer en un simple cambio de 'cartelería' en los diferentes juzgados y tribunales». Aguarda que el cambio llegue a asentarse y «dejar a un lado las largas esperas en las resoluciones y la excesiva burocracia que, bajo mi punto de vista, ha sido siempre el punto negro en la Administración de Justicia».