Bascuñana, en el juicio de 'Novo Carthago': «Ni en este proyecto ni en otro nadie impuso nada»
El exconsejero de Obras Públicas, acusado de participar en la supuesta recalificación ilegal del humedal de Lo Poyo, en Cartagena, descarga la responsabilidad en los técnicos; «Yo no soy técnico y, por tanto, no entro en esa materia»
El reloj rozaba ya las dos de la tarde cuando el tribunal del 'caso Novo Carthago' comenzó este martes a escuchar la declaración de Joaquín ... Bascuñana, uno de los 'pesos pesados' que se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial en esta investigación por un presunto pelotazo urbanístico junto al Mar Menor. Bascuñana, que fue consejero de Obras Públicas del Ejecutivo autonómico, entre otros cargos –exdelegado del Gobierno entre 2011 y 2015–, afronta seis años y medio de inhabilitación para empleo o cargo público por su participación, hace ya cerca de dos décadas, en la supuesta recalificación ilegal del humedal de Lo Poyo, en Cartagena, con el objetivo de levantar una urbanización con miles de viviendas, hoteles y dos campos de golf.
En su declaración, Bascuñana descartó que hubiese recibido directrices políticas para impulsar este proyecto, que afectaba al espacio natural protegido. «Ni en este proyecto ni en otro nunca se impuso nada», remarcó. «Yo en ningún momento tuve contacto con ningún funcionario para que me dijera ni decirle yo».
El exconsejero –que, como otros acusados no accedió a contestar las preguntas del abogado José Manuel Muñoz, que ejerce la acusación particular en nombre de la Asociación Naturalista del Sureste (Anse)– hizo énfasis en que en su actuación se limitó a seguir las directrices de los técnicos. «Yo vi el expediente, vi que todos los informes eran favorables y mi obligación y responsabilidad era firmar», subrayó. «Yo no soy técnico y, por tanto, yo no entro en esa materia. Tenía y tengo la conciencia muy tranquila».
Bascuñana cerró la primera jornada de declaraciones del juicio de 'Novo Carthago', una vista que mantendrá ocupada a la Audiencia Provincial durante semanas. El exsubdirector general de Urbanismo, José María Ródenas, fue el primero en romper el hielo. Este procesado, al igual que otros ex altos cargos del Ejecutivo regional, está acusado de supuesta prevaricación y se enfrenta a una petición de inhabilitación que ronda los cinco años y medio y que podría privarlo de su condición de funcionario. Ródenas defendió la legalidad de su actuación que, sostuvo, se limitó a dar un marco de legalidad a una voluntad política. «Este tipo de actuaciones», remarcó, «eran una política general del Gobierno».
A preguntas del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, el ex subdirector general admitió que había realizado correcciones de su puño y letra en un informe de un técnico. Este cuestionaba que la recalificación pudiese tramitarse como una modificación y defendía la necesidad de revisar todo el plan general. Ródenas sostuvo que su obligación era «supervisar todos los informes» y que la opinión de ese técnico rompía con el criterio que el departamento había aplicado durante años en otros muchos expedientes.
«Yo estuve en esa reunión de convidado de piedra»
El exdirector general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero, fue el siguiente en someterse a las preguntas de Lozano y las defensas. Gran parte del interrogatorio del representante del Ministerio Público se basó en su asistencia a la reunión que se celebró en junio de 2004 en el Palacio de San Esteban. En este encuentro, sostiene el fiscal, el exconsejero Cerdá trató de convencer a funcionarios y técnicos sobre la necesidad de impulsar ese proyecto pese a tratarse de un espacio protegido. Guerrero no acertó a señalar quién lo invitó ni los motivos para acudir a esa reunión. «Entró el consejero y se dirigió a los que estaban allí, pero a mí no se dirigió en ningún momento», recalcó. «Yo estaba allí de convidado de piedra».
A preguntas de las defensas, Guerrero descartó que el exconsejero Cerdá o Ródenas se hubiesen dirigido a él para marcar el contenido de sus informes. «Nunca he presionado a ningún funcionario», incidió. «Ellos han firmado lo que han creído que tenían que firmar». El antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romera, también defendió ante el tribunal su papel en la emisión de informes sobre el proyecto.
Dado que alguno de los acusados –concretamente Antonio Alvarado, ex director general de Calidad Ambiental, y Romera–, a tenor de su formación jurídica, se defienden a sí mismos, en la vista se produjo la curiosa situación de que estos llegaron a interrogar al resto. El macrojuicio de 'Novo Carthago' se retomará el próximo martes 7 de octubre con la declaración de los primeros de cerca de una treintena de testigos, entre ellos el expresidente Ramón Luis Valcárcel. Al término de las declaraciones testificales y periciales, llegará el turno de la declaración del resto de acusados: el exconsejero Antonio Cerdá, su exasesora María Antonieta Fernández Cano y Alvarado.
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