La superación de un plazo legal compromete la investigación del caso de la desaladora de Escombreras

El 'caso La Sal', que investiga una presunta malversación multimillonaria de fondos públicos con la adquisición y explotación de la desaladora de Escombreras, pende en estos momentos de un fijo hilo debido, una vez más, a la superación de uno de los plazos legales que marca la ley para concluir la instrucción o establecer una prórroga merced a la declaración de complejidad del asunto. Este mismo problema, consistente en la superación de los topes máximos que establece el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ya ha provocado en los últimos tiempos que dos presuntos casos de corrupción, el denominado 'caso Acal' y el 'caso Pasarelas', hayan acabado recibiendo un carpetazo, con la consiguiente exculpación de las personas que se encontraban encausadas en esas diligencias.

La investigación que impulsa el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia sobre presuntas irregularidades cometidas desde la Administración regional en el proyecto, construcción y adquisición de la planta desalinizadora de Escombreras, con un posible perjuicio para las arcas públicas que en el peor de los casos podría ascender hasta los 600 millones de euros, recibió este jueves un duro golpe con el auto dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, que anula la declaración de complejidad de la causa decretada el pasado mes de octubre. En concreto, el tribunal establece que en el momento en que la magistrada María del Mar Azuar adoptó esa decisión y prorrogó por dieciocho meses los plazos para investigar, ya se había superado el plazo máximo de que disponía para tomar esa medida, con lo que queda anulada ahora por completo.

El item cronológico de este asunto, que explica la resolución dictada por la Audiencia Provincial, es el que sigue. Las diligencias del 'caso La Sal' se incoaron oficialmente el 28 de abril de 2016, pero inmediatamente se ordenó que la investigación quedara bajo secreto de sumario, por lo que en esos momentos no corría plazo alguno. La cuenta atrás comenzó a contar cuando se levantó el secreto, el 7 de marzo de 2018, por lo que la juez Azuar contaba con un plazo máximo de seis meses para acabar la investigación (hasta el 7 de septiembre) o, en su defecto, para que antes hubiera declarado la complejidad de la causa y hubiera prorrogado la instrucción hasta los 18 meses.

Pese a que la Fiscalía pidió en mayo de 2018 que se adoptaran tales medidas (declaración de complejidad y consiguiente prórroga de 18 meses), no fue hasta octubre cuando la magistrada resolvió esa petición, en un momento en que ya se había superado en un mes y cuatro días el plazo legal máximo para tomar la decisión. La consecuencia de ello es que la Audiencia ha anulado la resolución de la juez, lo que puede tener graves consecuencias para la investigación de esta causa.

Aunque el tribunal evita pronunciarse sobre la validez o no de las diligencias y pruebas que se hayan practicado a partir del 7 de septiembre de 2018, en que expiró el plazo de seis meses, los precedentes existentes en otros asuntos no son especialmente halagüeños. De hecho, la propia Audiencia establece que las distintas partes en este procedimiento, y especialmente las defensas, tienen la vía abierta para reclamar lo que en derecho consideren oportuno.

En estas diligencias se encuentran imputados una veintena de empresarios, asesores legales y antiguos altos cargos de la Administración regional, con el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, como principal sospechoso. Se investigan presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos y/o cohecho, fraude, falsedades documentales continuadas y delito societario, entre otros supuestos ilícitos penales.