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Juan Carlos Ruiz y José Antonio Alonso. LA VERDAD |A. GIL / AGM
La Audiencia Nacional conduce a juicio al exconsejero Ruiz por el 'caso Púnica'

La Audiencia Nacional conduce a juicio al exconsejero Ruiz por el 'caso Púnica'

El antiguo titular de Turismo afronta una petición de cuatro años por presunto fraude y tráfico de influencias

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Viernes, 14 de mayo 2021, 03:38

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Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Industria y Turismo en los gobiernos del popular Ramón Luis Valcárcel, se encamina ya a juicio junto a tres de sus antiguos colaboradores en ese departamento y a varios supuestos conseguidores aventajados de contratos públicos, encabezados por quien fue alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso. Los ocho encausados se sentarán en el banquillo como supuestos integrantes de la trama delictivas investigada en la Pieza Separada número 3 del llamado 'caso Púnica', una de las mayores investigaciones de corrupción desarrolladas en España en las últimas décadas.

La Fiscalía atribuye un papel principal en esta causa a José Antonio Alonso, un presunto «conseguidor» quien, junto a su socio, el también imputado Alejandro de Pedro, se habría dedicado a ofrecer a cargos públicos unos trabajos de mejora de la reputación personal en internet, conocidos como 'networking management' y sobre los que en apariencia se buscaba que fueran sufragados con fondos públicos.

PETICIONES DE CONDENA

  • Juan Carlos Ruiz Acusado de fraude y tráfico de influencias en concurso con prevaricación, le piden cuatro años de prisión, inhabilitación por cinco años y multa de 150.000 euros.

  • José Fidel Saura Acusado de fraude y tráfico de influencias en concurso con prevaricación, le piden tres años y diez meses de prisión, cuatro años de inhabilitación y multa de 100.000 euros.

  • María Dolores Martínez Robles Acusada de fraude y prevaricación, le piden dos años y seis meses de prisión y dieciocho años de inhabilitación.

  • Jesús Norberto Galindo Acusado de fraude y prevaricación, le piden un año y seis meses de prisión y dieciséis de inhabilitación.

  • Alejandro de Pedro Acusado de fraude y prevaricación, le piden dos años y seis meses de prisión y cinco de inhabilitación.

  • José Antonio Alonso Conesa Acusado de fraude y prevaricación, le piden dos años y seis meses de prisión y cinco años de inhabilitación.

  • Agustín Alonso Conesa Acusado de fraude y prevaricación, le piden dos años de prisión y cinco años de inhabilitación.

  • Francisco Javier Bueno Acusado de fraude y prevaricación, le piden dos años de prisión y cinco de inhabilitación.

  • Sara Gargallo Rico Acusada de fraude y prevaricación, le piden dos años y seis meses de prisión y cinco de inhabilitación.

En concreto, lo que presuntamente se ofertaba a destacados políticos a través de la empresa Eico, controlada por Alonso y De Pedro, consistía en impulsar campañas personales de imagen que construyeran una reputación positiva en internet y que, a la vez, permitiera neutralizar las noticias negativas vertidas contra estos cargos públicos.

La presunta trama habría pretendido pagar con dinero público los trabajos de lavado de la reputación 'online' del alto cargo

Una de estas ofertas de lavado de la reputación la habría recibido en 2014 el entonces consejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz, en quien en ese momento se daba la circunstancia de que se disputaba con otro consejero, Pedro Antonio Sánchez, la posibilidad de reemplazar a Valcárcel como líder del PP regional y futuro candidato a la Comunidad.

Esa labor de mejora de la reputación personal de Ruiz iba a ser camuflada presuntamente bajo un contrato con el Instituto de Turismo denominado Plan de Comunicación Digital del Instituto, por importe de 20.040 euros, y también a través del Info, encubriendo los pagos bajo la denominación Nuevo Plan de Comunicación e Imagen del Instituto de Fomento, que importaba 50.000 euros, siempre según las acusaciones de la Fiscalía.

Cárcel e inhabilitación

En ese presunto acuerdo ilícito con la firma Eico, por el que las arcas públicas iban a asumir el coste de unos trabajos de carácter personal, habrían intervenido quien era el jefe de gabinete de Juan Carlos Ruiz, Fidel Saura Guerrero; la entonces directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez Robles; y su secretario general, Jesús Norberto Galindo. Todos ellos se enfrentan a peticiones de cárcel y de inhabilitación por supuestos delitos de fraude y prevaricación y, en algunos casos, de tráfico de influencias, aunque el mayor castigo, de cuatro años de prisión, se reclama para Ruiz.

Por lo que se refiere a la rama privada de este supuesto entramado ilegal, la Fiscalía demanda penas de dos años y medio de prisión para Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso por fraude y prevaricación, dos años para Agustín Alonso y otro tantos para los exempleados de Eico Francisco Javier Bueno y Sara Gargallo por esos dos mismos supuestos delitos.

Mucho más duros son los escritos de calificación presentados por las acusaciones privadas, que representan al PSOE y a la Asociación de Abogados Demócratas de España (Adade), que califican los hechos como constitutivos de delitos de fraude, falsedad documental, malversación de caudales públicos, cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias y organización criminal.

Una vez acabada la investigación, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha ordenado la apertura de juicio, que deberá celebrarse en los próximos meses.

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