La Audiencia Nacional rechaza aplazar el juicio por la rama murciana de la Púnica
El exconsejero Juan Carlos Ruiz recurre la decisión de la Sala de denegar la petición de suspensión de su abogado y de otros letrados defensores, a los que la vista les coincide con otras señaladas previamente
La Audiencia Nacional está determinada a iniciar el próximo 13 de enero el juicio por la pieza murciana del 'caso Púnica', una de las ... mayores investigaciones de corrupción desarrolladas en España en las últimas décadas. La Sala de lo Penal ha rechazado recientemente la petición de algunos de los abogados defensores para aplazar varias de las vistas que deben sentar en el banquillo a Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Industria y Turismo en el gobierno del popular Alberto Garre, junto a tres de sus antiguos colaboradores en ese departamento y a varios supuestos conseguidores aventajados de contratos públicos, encabezados por quien fue alcalde socialista de Cartagena, José Antonio Alonso.
En una providencia, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, los magistrados rechazan la petición de aplazamiento de algunas de las defensas que explicaron que las vistas coincidían con otras que tenían previamente. Remarcan que estos profesionales «deberán hacer lo correspondiente (...) para garantizar la defensa de sus mandantes, evitándose la causación de graves perjuicios a la causa pública de la Justicia». En este punto, hacen hincapié en que en este procedimiento hay una docena de acusados y que las sesiones se encuentran señaladas desde el pasado mayo.
La Sala de lo Penal de la Audiencia ha reservado para este caso 16 sesiones que se prolongarán hasta el 13 de marzo. El tribunal tenía previsto celebrar la vista a partir del pasado 6 de mayo, pero el calendario tuvo que alterarse porque el magistrado ponente se encontraba de baja y no se sabía aún cuando se reincorporaría a su puesto.
El abogado Raúl Pardo-Geijo, que representa al exconsejero Ruiz, ha presentado un recurso de súplica contra la decisión de la Sala de denegar ese aplazamiento. En su escrito, el letrado explica que el juicio podría haber seguido adelante en mayo porque las restantes magistradas de la sección se encontraban en activo, evitando los perjuicios de una suspensión. Una vez que se dictó la nueva fecha, remarca, esta parte solicitó un aplazamiento alegando que coincidía con otras vistas ya señaladas, pero no fue hasta cinco meses después cuando la Audiencia Nacional rechazó esa petición. Este letrado insiste en su escrito en que las vistas de la Púnica coinciden con otros juicios en los que otros clientes afrontan importantes penas de prisión y reclama que se fije un nuevo calendario.
Trabajos de reputación
La Fiscalía atribuye un papel principal en esta causa al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, un presunto «conseguidor» quien, junto a su socio, el también imputado Alejandro de Pedro, se habría dedicado a ofrecer a cargos públicos unos trabajos de mejora de la reputación personal en internet, conocidos como 'networking management' y sobre los que en apariencia se buscaba que fueran sufragados con fondos públicos.
En concreto, lo que presuntamente se ofertaba a destacados políticos a través de la empresa Eico, controlada por Alonso y De Pedro, consistía en impulsar campañas personales de imagen que construyeran una reputación positiva en internet y que, a la vez, permitiera neutralizar las noticias negativas vertidas contra estos cargos públicos.
Estas ofertas de lavado de la reputación las habría recibido en 2014 el entonces consejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz -que está siendo defendido por el abogado Raúl Pardo-Geijo-, en quien en ese momento se daba la circunstancia de que se disputaba con otro consejero, Pedro Antonio Sánchez, la posibilidad de reemplazar a Valcárcel como líder del PP regional y futuro candidato a la Comunidad.
Esa labor de mejora de la reputación personal de Ruiz, según sostiene el fiscal en su escrito, iba a ser camuflada presuntamente bajo un contrato con el Instituto de Turismo denominado Plan de Comunicación Digital del Instituto, por importe de 20.040 euros. También a través del Info, encubriendo los pagos bajo la denominación Nuevo Plan de Comunicación e Imagen del Instituto de Fomento, que importaba 50.000 euros, siempre según las acusaciones de la Fiscalía.
En ese presunto acuerdo ilícito con la firma Eico, por el que las arcas públicas iban a asumir el coste de unos trabajos de carácter personal, habrían intervenido presuntamente quien era el jefe de gabinete de Juan Carlos Ruiz, Fidel Saura Guerrero -defendido por el letrado Francisco Luis Valdés-Albistur-; la entonces directora del Instituto de Turismo, Mariola Martínez Robles -de cuya defensa se encarga el abogado Evaristo Llanos-; y su secretario general, Jesús Norberto Galindo. Todos ellos se enfrentan a peticiones de cárcel y de inhabilitación por supuestos delitos de fraude y prevaricación y, en algunos casos, de tráfico de influencias, aunque el mayor castigo, de cuatro años de prisión, se reclama para Ruiz.
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