Asuntos Internos cree que la presunta trama policial pudo mover mucho dinero en comisiones

Los cientos de folios que los agentes de Asuntos Internos coparon con el resultado de sus investigaciones dan cuenta del alcance de la relación que este supuesto traficante de drogas mantenía con el jefe de la unidad antidroga de Murcia y con el supuesto cabecilla de la trama, Juan Carlos C., inspector jefe de la Policía Nacional agregado del Ministerio del Interior en la embajada de España en Colombia. En uno de sus informes, al que LA VERDAD ha tenido acceso, los investigadores explican que, de las hasta 434 transcripciones de conversaciones captadas a través del 'pinchazo' de teléfonos o de la captación de sonidos en el interior de vehículos, se desprende lo que parecen «operaciones de tráfico de drogas montadas 'ad hoc'».

La Policía entiende que esas operaciones estaban orquestadas por el inspector jefe Juan Carlos C. con el conocimiento del murciano J. G. y que el objetivo era «cobrar grandes cantidades de dinero como comisionistas e intermediarios entre los productores de la sustancia en Colombia y los compradores finales en España». Los investigadores dan por hecho, incluso, en el escrito que transmitieron al juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, que Pedro M., por intermediación de ambos, habría contactado con otros agentes de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (Udyco) con sede en Madrid, «a quienes estaría dando información de los contenedores con sustancia que se van a introducir en España para su posterior intervención».

Asuntos Internos considera que los dos dirigentes policiales, Juan Carlos C. y J. G., presuntamente estarían «dando cobertura» a los negocios ilegales de Pedro M., tanto en Colombia como en España, dándole protección e información para llevar a cabo esas actividades.

Según la versión que Pedro M. ofreció a los albaneses y que reveló a los agentes de Asuntos Internos, la trama se quedaba un 14% del valor total que la droga alcanzaba en España. A modo de señal, ese policía histórico destinado en Colombia habría exigido, a través de Pedro, unos 40.000 euros a los albaneses, una suma a la que habría que añadir otros 30.000 euros con los que supuestamente se untaría a los policías que debían mover el cargamento.

Ese paraguas protector, según se desprende de las pesquisas, no se limitaría, además, a Pedro M. Las intervenciones telefónicas también arrojan información sobre las gestiones que la trama habría realizado el pasado mes de octubre ante la detención en Torrevieja de Badr E., otro de los investigados, por un tema relativo a su permiso de conducir. En una conversación pinchada, Pedro M. charla con J. G. sobre ese arresto y le pide que llame a la magistrada que lleva el caso explicándole que el arrestado es fuente suya. Los investigadores entienden que «se deduce con meridiana claridad que Pedro M., a través del inspector J. G., pudo influir directamente en la jueza» para que Badr E. quedara en libertad. Posteriormente, el 8 de noviembre, Pedro M. solicita al jefe de la unidad antidroga de Murcia que dé de alta a Badr E. como confidente, lo que éste realiza el día 20 de ese mes. Asuntos Internos concluye que J. G., «una vez más, hace un uso fraudulento de las bases de datos policiales» para tener conocimiento de si este hombre estaba siendo objeto de investigación por otros grupos policiales.

Los informes de Asuntos Internos también recogen diversos detalles sobre la estrecha relación que, al parecer, unía a Pedro M. y al inspector J. G. En esas conversaciones, se aprecia como el supuesto traficante paga el arreglo en un taller de un vehículo que utilizaba una de las hijas del dirigente policial o las gestiones que este realiza para conseguir plaza en una residencia para la madre del inspector investigado.