Indagan si la trama de presunta corrupción policial exigía a narcos un 14% del valor de la droga para colar alijos

En esa conversación, que los investigadores de Asuntos Internos captaban las pasadas navidades en el interior del vehículo del traficante con ayuda de un micrófono, Pedro M. intenta convencer a su interlocutor de que el jefe de la unidad antidroga de Murcia está tratando de lograr la entrega supuestamente pactada de un alijo de cocaína a un grupo de albaneses sin que estos realicen el pago previo de la comisión acordada: un pellizco nada desdeñable de hasta 375.000 euros. Ese montante supone el 14% del valor total que la droga alcanzaría en España, el porcentaje que, según explicó Pedro M. a los agentes tras su detención, era la parte de ganancia que la trama de presunta corrupción policial desmantelada en la Región exigía a los narcos para mirar para otro lado.

Este investigado, uno de los pocos que optó por abrir la boca tras ser arrestado, señala como supuesto líder de la trama a Juan Carlos C., el inspector jefe de la Policía Nacional agregado del Ministerio del Interior en la embajada de España en Colombia que fue detenido hace apenas unos días en Vigo en el último movimiento de Asuntos Internos. 'MacMilan', como lo denomina en clave, vive en Bogotá, donde fue enviado hace aproximadamente un año como oficial de enlace para la lucha contra el narcotráfico y, según su versión, dirige una trama de supuesta corrupción policial orientada a introducir alijos de droga desde Colombia. Una actividad al margen de la ley de la que, sostuvo este conocido traficante, el jefe de la unidad antidroga de Murcia estaba al tanto y supuestamente cooperaba.

En los últimos meses los agentes de Asuntos Internos bucearon en esta trama a través de cientos de seguimientos y de hasta 434 transcripciones de conversaciones captadas a través del 'pinchazo' de teléfonos o de la captación de sonidos en el interior de vehículos. Fruto de esas pesquisas la Policía considera a Pedro M. el encargado de aportar la infraestructura necesaria para el traslado de grandes alijos de droga desde Colombia. En su declaración este sospechoso, afincado en la Región, explicó que había iniciado negociaciones con un grupo de albaneses con la supuesta intención de traer alijos de cocaína desde Colombia a España. El inspector jefe Juan Carlos C., según relató, le había pedido que le dijese a los albaneses que tenían posibilidad de colar droga en algunos puertos de España ya que tenían policías corruptos que facilitarían esa salida y la entrega de los cargamentos a quien correspondiera. Lo harían a través de contenedores marcados –lo que conocían como la lista roja–.

Según la versión que Pedro M. ofreció a los albaneses, y que reveló a los agentes de Asuntos Internos, la trama se quedaba un 14% del valor total que la droga alcanzaba en España. A modo de señal, ese policía histórico destinado en Colombia habría exigido, a través de Pedro, unos 40.000 euros a los albaneses, una suma a la que habría que añadir otros 30.000 euros con los que supuestamente se 'untaría' a los policías que debían mover el cargamento.

La Policía, en su informe, asegura que el pasado noviembre este dirigente policial llegó a embolsar 50.000 euros por uno de esos alijos de cocaína. Un movimiento por el que Pedro M. se habría asegurado 8.000 euros.

La investigación acreditó hasta tres viajes de Pedro M. al país suramericano entre octubre de 2023 y enero de 2024. En el primero de esos viajes, según han constatado los agentes a través de las conversaciones 'pinchadas', fue a Colombia para llevar a cabo una carga de cocaína que le habían encargado un grupo de albaneses con intermediación de ese tal Badr, al que la Policía está tratando también de localizar. Ese alijo, de hasta 427 kilos de coca, fue interceptado en la costa andaluza pero no se produjo ninguna detención.

Tras este tropiezo, el grupo siguió planeando el envío de otro alijo, en este caso de 150 kilos de cocaína, lo que llevó a Pedro M. a viajar nuevamente a Colombia. Ese segundo cargamento, procedente de Cartagena de Indias, desembarcó en España el pasado diciembre. Ese segundo 'trabajo', explican los investigadores, provoca esos desencuentros entre Pedro M. y los albaneses derivadas del adelanto del pago por la droga y de las «sustanciosas» comisiones que el traficante murciano se echaba al bolsillo.

Asuntos Internos sostiene que Pedro M., una vez que la droga salía de Colombia, desplegaba sus contactos con miembros de la Policía para lograr que esos cargamentos se incautaran, sin que se produjese, sin embargo, ningún arresto. De esta manera, explican los investigadores, este sospechoso lograba un doble objetivo: por un lado, impunidad, y, por otro, que los albaneses siguiesen necesitando encargar droga. Una maraña, desplegada con ayuda de los funcionarios investigados, que Asuntos Internos trata de aclarar.

El grupo de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía indaga además si el inspector J. G., hasta ahora jefe de la unidad antidroga de Murcia, dio un chivatazo sobre una operación en Almería. En una conversación del supuesto traficante de drogas Pedro M., este charla con otro supuesto narco, Badr, y le explica que «había saltado por ahí abajo». De esta manera, Pedro M. le explica que el inspector J. G. le había alertado de que el nombre de Badr E. había aparecido en una investigación por «un tema de camiones» que, al parecer, otro grupo policial estaba realizando por la zona de Almería, donde parece ser que se encontraba esos días el tal Badr.

Asuntos Internos considera que el inspector J. G. cometió de esa forma una «clara revelación de secretos en el ejercicio de su cargo» cuya consecuencia fue que Pedro M. advirtiera a Badr E. de que podía estar siendo investigado.

En el registro de la vivienda de Pedro M., los agentes de Asuntos Internos hallaron dos justificantes de ingresos bastante significativos. Ambos van destinados a la celebración del evento del bicentenario de la Policía Nacional española en Colombia. Uno de ellos, de mil euros, procede de una escuela de piragüismo donde la hija del inspector J. G. trabaja como monitora. El otro, de 2.000 euros, de una mercantil perteneciente a Pedro M..