Una asociación pide amparo a Estrasburgo por no poder defender el Mar Menor en un juzgado

A través del despacho de abogados del murciano Eduardo Salazar, Amarme reclama que se reconozca la vulneración por parte de «las autoridades judiciales españolas» del derecho a ejercer la acción civil por un delito ecológico en virtud de la ley de personalidad jurídica del Mar Menor. Considera que debe condenarse a España por la resolución adoptada en febrero de 2024 por la sección quinta de la Audiencia Provincial (ubicada en Cartagena) de estimar un recurso de la empresa agrícola Expracar y apartar a Amarme y otros colectivos e instituciones de unas diligencias penales contra la mercantil por un presunto delito ambiental. Eventualmente, la Corte podría anular la decisión de la Audiencia, según fuentes de Amarme. El Tribunal Constitucional rechazó en julio de 2024 un recurso de amparo de Amarme por este asunto.

Según la asociación, la Audiencia infringió el artículo 24 de la Constitución Española (derecho a la tutela judicial efectiva) y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a un proceso equitativo). Lo hizo al apartar de la causa a las partes que ejercían la acusación particular contra Expracar en virtud de la ley que reconoce la personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca (Ley 19/2022).

El tribunal regional «interpretó» que el artículo 6 de dicha normativa «no fundamenta una acusación particular en nombre del Mar Menor» sino una acusación popular, «como la reconocida en el artículo 125 de la Constitución y el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Ejercer la acusación popular exigía haber presentado una denuncia o querella y pagar una fianza, lo que no hicieron ni Amarme ni Pacto por el Mar Menor, ni Ecologistas en Acción, ni Greenpeace, ni SEO, ni la Comisión Promotora de la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) en favor de la Ley 19/2022 ni los ayuntamientos de Cartagena y de Los Alcázares. Todos ellos se personaron como acusación particular, previo ofrecimiento de acciones por parte del magistrado titular del juzgado de Instrucción 4 de Cartagena, Raúl Sánchez Conesa, quien invocó la novedosa ley de derechos de la laguna.

Según Amarme, al dictaminar que no había lugar a ese llamamiento realizado por el juez, la Audiencia pasó por encima de los derechos que asisten al Mar Menor como «víctima» de un daño que exige una reparación económica. Las partes personadas reclamaron que la empresa pagara 1,3 millones de euros en concepto de multa y responsabilidad ambiental, así como suspender su actividad durante tres años. La Fiscalía no vio indicios de responsabilidad penal ni civil y el juzgado archivó la causa.

Entre tanto, el Ministerio para la Transición Ecológica sigue sin llevar al Consejo de Ministros la aprobación del reglamento de desarrollo de la ley, pese a que el Constitucional la avaló en noviembre, tras rechazar un recurso de Vox. No obstante, fuentes de la ILP indicaron que la intención del Gobierno es autorizar el reglamento «pronto».