La Asamblea Regional sin ley

Este año, empezando por desentrañar el futuro de los Presupuestos autonómicos, el Plan Anual Normativo de la Comunidad contempla la tramitación de cinco leyes: la de comunidades murcianas asentadas en el exterior, la ley forestal, la de universidades, la de ciencia, tecnología e innovación y la que regulará los bienes de interés turísticos de la Región. Por otra parte, el Ejecutivo ha optado por aprobar vía decreto la que será la cuarta ley de simplificación administrativa, que se había anunciado para el año pasado. El portavoz popular, Joaquín Segado, aclaró que se ha hecho así con la intención de que las medidas puedan estar en vigor «desde el primer momento». En todo caso, necesitarán convalidarlo en el plazo de 30 días desde su aprobación.

El Grupo Parlamentario Socialista tiene registradas varias propuestas de ley, como la de cambio climático, la de actualización de la ley de la infancia, otra para que la renta básica autonómica complemente el ingreso mínimo vital nacional con el fin de llegar a más gente y una nueva ley de patrimonio cultural, entre otras. Desde este partido ven al parlamento autonómico «bloqueado» por «la incapacidad del Partido Popular para llegar a acuerdos con el resto de grupos políticos».

Vox ha registrado diez proposiciones, pero los asuntos no varían mucho entre ellas: hasta en tres ocasiones ha propuesto reformar la ley para retirar la subvenciones directas a la patronal Croem y a los sindicatos UGT y CC OO. La última vez fue en diciembre, con una iniciativa aún en curso. También dos veces ha presentado el mismo texto de reforma de la Ley del Mar Menor. Sólo prosperó el cambio legal que sustituyó el Consejo de la Transparencia por la figura de un Comisionado. Para ello contó con el apoyo del PP, que parece que también respaldará a Vox en su planteamiento de hacer compatible la actividad privada de los jefes de servicio de la sanidad pública, que presentó esta misma semana.

También el Grupo Mixto, con Podemos-IU-AV, ha impulsado diferentes intentos de reforma, muchas veces como reacción a los movimientos de Vox. Así ocurrió con la Ley del Mar Menor y con la Ley de Transparencia. En el nuevo periodo de sesiones pretenden presentar la primera ley de financiación local de la Región. Aunque también han llegado a asegurar que querían llevar a la Asamblea una nueva legislación para reducir las listas de espera, no se ha sabido nada de ello.

La Asamblea, mientras tanto, retoma la actividad esta próxima semana. Como suele ser habitual, los primeros pasos se darán con la convocatoria de la Mesa de la Cámara y la Junta de Portavoces, que ordenará el nuevo periodo de sesiones hasta el 30 de junio. Si se mantiene el plan de trabajo (plenos de impulso los martes y de control los viernes), el primero de este año no se celebraría hasta el 7 de febrero, aunque todo apunta a que, salvo urgencia, arrancarán ya a la siguiente semana. El último pleno parlamentario fue la sesión de control al Gobierno celebrada el 20 de diciembre. Y de eso hará prácticamente siete semanas, casi dos meses.

Vox hizo de la acogida de menores extranjeros no acompañados la causa de su ruptura con el PP en la Comunidad. Y su empeño con la inmigración ilegal está siendo la piedra para la negociación del Presupuesto de 2025. El consejero de Hacienda, Luis Alberto Marín, reconoció esta semana que habían existido contactos entre ambas formaciones sin que se haya materializado en nada aún la posibilidad de un apoyo a las cuentas de este año. Según Marín, hablaron con ellos «porque fueron nuestros socios de gobierno», pero este contacto «no fue definitorio».

Sin embargo, el partido liderado por José Ángel Antelo parece dispuesto a seguir por esa linde. Sin ir más lejos, esta semana, en el mismo día, el martes 28 de enero, registraron en la Asamblea de una sola vez hasta una veintena de preguntas, de las más genéricas a las más concretas, y para diferentes consejerías, relacionadas con este tema. Vox no sólo pregunta de forma general al consejero de Hacienda qué coste tiene para la Región, sino incluso cuánto se destinó a ello en el Presupuesto de 2024. También quieren saber el coste sanitario o el de escolarización de este segmento de población, así como la parte relativa a servicios sociales. Pero van más allá y llegan a preguntar cuál es coste promedio que supone cada inmigrante ilegal para la Región, desglosado por cada una de ésas áreas.