Los alcaldes de Cartagena y el Mar Menor exigen más agentes tras los disturbios de Torre Pacheco

Su hijo le observa en silencio. «Sí, estamos preocupados. Nosotros no queremos problemas», contesta el mercader. Se pregunta «qué tengo yo que ver con el hombre que pegó al anciano en Torre Pacheco» y teme que ese rechazo en cadena afecte a su negocio cuando se instala en los mercados del entorno. Fuera del término municipal de Torre Pacheco, epicentro de los enfrentamientos xenófobos de las últimas semanas, no ha habido onda expansiva de violencia en las localidades de la comarca del Campo de Cartagena y Mar Menor, pero sí ha removido la inquietud por la falta de efectivos policiales, que los alcaldes del entorno ya reclaman desde hace años.

«No temo un efecto contagio de violencia, es más un tema estructural de vigilancia, que hay que resolver», confirma el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo (PP). Con un 25% de población extranjera -80 nacionalidades y predominio marroquí, cree que la convivencia multicultural necesita «menos testosterona y más compromiso con el interés general». En su opinión, «hay que esforzarse en sumar y coser, respetando las culturas y cultivando las propias con respeto». Se inclina por diferenciar «al que lo hace mal de los que comparten la fiesta de fin de curso de sus hijos, los que ayudaron en las inundaciones y los que vienen al Ayuntamiento a saber cómo arreglar su fachada».

Coincide con el resto de los alcaldes de la comarca costera en que «hace falta más presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado y una Justicia que sea capaz de hacer justicia, porque los policías locales se sienten desamparados». A los alcaldes del entorno costero les preocupan los repuntes de robos y agresiones, pero rechazan vincular la inmigración con la delincuencia.

«Necesitamos que se endurezcan las penas y aumentar los efectivos policiales», respalda el alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera (PSOE). Todos los regidores tienen casos similares que relatar. «Hubo una oleada de robos en comercios donde entraban a pedradas, que causó mucho malestar e inquietud entre los vecinos y comerciantes».

Al respecto, el alcalde detalla que «los identificamos, los detuvimos, y el juez saldó el delito con la asistencia a firmar todos los lunes. Lo volvió a hacer y rompió además el cristal de la biblioteca. Ni siquiera robó un libro».

Compara el cansancio de la tarea policial con «la piedra de Sísifo». Con un 38% de población extranjera, el alcalde alcazareño defiende «políticas sociales que hagan entender que el municipio donde resides es tu casa». Cervera también confía en «que haya servicios para todos, deportivos, didácticos, encuentros para la convivencia». Su mejor noticia del año ha sido el anuncio de la llegada de 16 guardias civiles a Los Alcázares, lo que duplica la plantilla que reforzará la vigilancia en el municipio costero. «Será el segundo municipio de la Región con más nuevas incorporaciones», explica.

A San Pedro del Pinatar llegarán 13 agentes de la Benemérita en septiembre, que «es ir a los hechos», señala el alcalde, Pedro Javier Sánchez (PP). Se decanta por «que a todo aquel en situación irregular que delinca, se le expulse, pero hablar de deportaciones masivas -como hizo el diputado de Vox, José Ángel Antelo en plena eclosión violenta en Torre Pachec- es una irrealidad».

Reclama «herramientas para que los policías no tengan que detener dos veces en una semana a los mismos». En el municipio más al norte del Mar Menor, se concentra un 30,3% de población extranjera, de los que un 10,41% son de origen marroquí.

La demanda de presencia policial en Cartagena no es una petición nueva de la alcaldesa, Noelia Arroyo. «Somos el único municipio de España que tiene cada vez más migrantes que llegan por mar y, sin embargo, padecemos la ausencia de una política migratoria», señala. Arroyo lo describe como «abuso de solidaridad. Ya hemos advertido el riesgo que supone para la convivencia concentrar emigrantes sin recursos», explica. Cartagena cuenta con la tasa más baja de población extranjera de toda la comarca, un 13%, menos de la mitad que sus municipios vecinos.

Más que los migrantes censados, a Arroyo le preocupan los que trasladan «a un campamento en condiciones indignas, que incumplen los requisitos mínimos de habitabilidad y está en una zona inundable», critica del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), situado en La Algameca Chica.

Señala que «el principal problema que tenemos en el Campo de Cartagena es la falta de guardias civiles, porque con más vigilancia se genera esa prevención tan necesaria». Arroyo pide que «se aplique la ley con contundencia, sin mirar si es inmigrante o pachequero. Yo no me centro en la nacionalidad».

Por otro lado, la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, avanzó ayer la previsión de que el refuerzo de agentes de la Guardia Civil en Torre Pacheco se prorrogue, al menos, hasta el lunes. El objetivo, precisó, «es tener la oportunidad de valorar cómo ha transcurrido el fin de semana antes de tomar una decisión al respecto». El Ministerio de Interior explicó que se había desplegado en el municipio un refuerzo hasta contar con 75 agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil -los antidisturbios-; de las unidades de Seguridad Ciudadana (Usecic ) -los 'linces'- y de las diferentes patrullas de seguridad ciudadana de ese y de otros municipios de la Región.

Dentro de otro ámbito, el Gobierno regional solicitó la implantación en Torre Pacheco de una comisaría de la Policía Nacional, misma exigencia se trasladó desde el Parlamento Autonómico, que aprobó en mayo una moción al respecto argumentando que la localidad pachequera es en la que más había aumentado la delincuencia en el último año. Sin embargo, el Ministerio del Interior descartó esta semana abrir una comisaría en Torre Pacheco.