Los agricultores toman las armas para combatir los daños de la fauna silvestre

Estas normativas pretendían ayudar a los agricultores afectados y se aprobaban al margen de la orden de vedas de caza de cada temporada. Sin embargo, esta medida ha resultado ineficaz en algunas zonas agrícolas ante el volumen de animales y la limitación de precintos autorizados para animales como el arruí o el ciervo, cuya caza sí está reglada mediante cupos. Esta situación ha empujado recientemente a muchos productores, sobre todo de cultivos de secano, a obtener la licencia de caza y el permiso de armas para afrontar por su propia mano esta problemática.

Así lo confirma la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Murcia, que no logra ver un remedio definitivo para el control de especies silvestres que causan destrozos importantes en árboles como el almendro, el olivo o los cítricos, así como los nuevos ejemplares que se plantan para sustituir a los dañados por los animales. «Estamos observando un incremento de agricultores que optan por cazar ellos mismos y en sus propias fincas a conejos, jabalíes, arruís o ciervos», señala Pedro Gomariz, vicepresidente de la organización agraria en la Región de Murcia. Fuentes de la Guardia Civil consultadas por este diario también perciben que más personas dedicadas al sector primario optan por esta solución en algunos territorios, como la Vega Alta.

Desde la Consejería de Medio Ambiente aseguran que las solicitudes y autorizaciones de licencias aumentaron en la Región de Murcia en 2023 un 3,1% (520 en total) «rompiendo la tendencia de disminución de los seis años anteriores». Señalan a la sequía como factor determinante, ya que está provocando que las especies cinegéticas «se alimenten más de los cultivos» al no encontrar en los montes y otros terrenos forestales la cantidad de alimento que demandan. «Estamos trabajando en agilizar los trámites para que los agricultores no estén indefensos ante esta problemática y puedan actuar para proteger sus cultivos», añaden.

Andrés López y su mujer, Pilar Gómez, agricultores de almendro y olivo ecológico en Cieza, mantienen en producción 60 hectáreas de terreno en el paraje de La Herrada. Él se vio «obligado a tener que sacarse la licencia de caza para defender» sus cultivos, explica a este periódico. Ella, junto a su hijo, tienen intención de presentarse en septiembre al examen de la Guardia Civil que acredita para tener armas de caza. La familia sufre «pérdidas importantes» en sus producciones por la presencia de ciervos en los cotos colindantes, que terminan por acceder hasta sus árboles por la noche para alimentarse.

«Solicité un permiso el 18 de marzo a los agentes medioambientales, y me dieron tres precintos para abatir tres hembras de ciervo o machos menores de tres años», detalla, «esa misma semana agoté los tres precintos». El tiempo límite para gastarlos es de tres meses, y ha tenido que pedir más: «Hay una cantidad de animales impresionante». Andrés no es profesional de la caza, «no me he dedicado nunca esto y me he visto en la necesidad de comprar un equipo como cazador». Cuando un agricultor solicita la autorización a los medioambientales, «no está ejercitando la acción de caza, sino que es una gestión cinegética de su finca», recuerda Pilar Gómez.

Ambos cuentan que sus vecinos, también dedicados a la agricultura de secano en las sierras del Oro y Almorchón, están apostando por la misma estrategia. «Se están animando más», señalan, y lo hacen con críticas a los cazadores locales por «no tomar medidas disuasorias en sus cotos». En los terrenos de esta familia también han intervenido profesionales de las batidas, con recechos nocturnos y con más herramientas, «pero ellos buscan el trofeo, es decir, abaten machos con grandes cuernos», remarcan.

«Me he tenido que dedicar a la caza sin gustarme, pero el arruí me lo está destrozando todo. Se come las hojas, los frutos, la corteza tierna..., todo». Juan Lozano lleva toda su vida dedicado a sus extensas plantaciones de almendros en las pedanías altas del término de Lorca, pero en los últimos tiempos ha tenido que vallar sus terrenos, instalar pastores eléctricos e invertir en la compra de 200 plantones cada año por los destrozos del muflón del Atlas en sus fincas.

En su caso, el permiso concedido no le deja abatir más de dos hembras cada cierto tiempo, «y no es suficiente». Pilla a los animales en el atardecer o en plena noche encima de los árboles, alimentándose «porque el monte está seco». Jabalíes lleva abatidos unos cuantos, pero ha llegado a meter a «cuarenta cazadores» en sus explotaciones para expulsar a los arruís. Nada sirve, incide el afectado, y pide un reglamento más flexible para la gestión cinegética de este rumiante en caso de daños en cultivos. Los destrozos también se extienden al propio vallado, roto por los arruís o levantado por los jabalíes, más el coste de replantar, el riego para los nuevos ejemplares o la mano de obra, menciona Juan, que se muestra cansado con esta situación.

Los requisitos que deben cumplir los agricultores reconvertidos a cazadores no son pocos. Los ciezanos Andrés López y Pilar Gómez se muestran sorprendidos con las obligaciones que deben llevar a cabo para la gestión cinegética en sus fincas. Un puesto de aguardo, del que no se puede mover, para abarcar un terreno de más de 50 hectáreas «no tiene lógica». Además, la legislación le obliga a recuperar el cuerpo del animal, cortarle los cuernos, tener un pozo de enterramiento a 200 metros de la vivienda, echarle cal a los restos y taparlo con tierra. Puede obtener partes del animal para su consumo, pero deben pasar los pertinentes controles sanitarios.

Insisten en que no son profesionales y que, además, han tenido que invertir en un equipo de caza «cuando nunca nos ha llamado la atención esto». Añade también el tiempo de espera que asume antes de que los agentes medioambientales aprueben la concesión de más permisos de caza en sus terreno