Una acusación del 'caso La Sal' pone un incidente de nulidad contra el cierre del proceso

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

murcia. Una de las acusaciones particulares personadas en el 'caso La Sal', la representada por la entidad Contrapoder y el letrado José Luis Mazón, ha interpuesto un incidente de nulidad con el fin de tratar de evitar los efectos perniciosos que, para ese procedimiento, tendría el auto dictado por la Audiencia Provincial declarando el fin de la investigación por haberse superado un plazo formal.

En el escrito presentado por Mazón ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial se afirma que el hecho de que la juez del caso de la desaladora de Escombreras dictara una resolución fuera de plazo, declarando la complejidad de la causa y ordenando una prórroga de 18 meses, no implica en absoluto que esa decisión sea nula, como pretende el tribunal de segunda instancia. «Si en esas estuviéramos, adiós a procesos numerosísimos, que quedarían en caducidad instructora», advierte el abogado, antes de señalar que la Ley Orgánica del Poder Judicial aclara que «las resoluciones tomadas fuera de plazo son válidas y solo serán nulas si lo impone la naturaleza del término». Algo que no ocurriría en este caso.

Con ironía, y echando mano del dicho popular sobre «la paja en el ojo ajeno», deja constancia de que la propia resolución dictada sobre este asunto por la Audiencia Provincial ha sido adoptada fuera de plazo, «y siguiendo su propia filosofía sería nulo». Se refiere con ello a que el tribunal disponía de dos días para dictar el auto, tras haber recibido el recurso, «y bien lo ha sobrepasado».

«¿A quién beneficia?»

Mazón sostiene que, «cuando sucede algo tan anormal, chocante y escandaloso» como cercenar una investigación de este calibre por una razón formal, es necesario preguntarse «a quién beneficia». Y sostiene que no es a quienes ya están encartados en estas diligencias, sino a quienes estaban aún «por investigar», y menciona expresamente al expresidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel, como «cabeza o artífice del Consejo de Gobierno que aprobó la 'trama desaladora'».

Con esa referencia viene a confirmar la información publicada la semana pasada por este diario, en el sentido de que tanto algunas acusaciones particulares de este proceso como la propia Fiscalía tenían previsto pedir la imputación del exjefe del Ejecutivo murciano en estas diligencias, ya que la gran mayoría de las decisiones de calado se adoptaron por Consejo de Gobierno.