El acuerdo entre PP y Vox incluye la rebaja para este mismo año de los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos

La bajada del tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales será más ambiciosa, hasta alcanzar un punto en el tipo impositivo (del 8% actual a 7%), aunque esta se ejecutará de forma progresiva entre este año y 2027 (un 0,25 este año y el que viene, y un 0,5% en 2027). La nueva bonificación tributaria es el que grava la compraventa de viviendas libres entre particulares en la Región, por parte de ciudadanos que no se beneficien ya de deducciones aplicadas a familias numerosas y jóvenes. Para estos últimos, se mantiene el tipo del 3% ya establecido.

Esta rebaja significa que, si un ciudadano adquiere una vivienda por un precio de 125.000 euros, en lugar de pagar 10.000 euros a la Administración como en la actualidad, abonaría 9.687,5 en lo que queda de 2025 y 8.750 en 2027, cuando la bajada sea de un punto porcentual. El acuerdo no especifica cómo se compensará la merma de ingresos a las arcas regionales que se produciría con esta reducción. El PP dice siempre que las bajadas de impuestos generan actividad económica, lo que hace a la larga aumentar la recaudación.

El documento firmado por los portavoces Joaquín Segado (PP) y Rubén Martínez Alpañez (Vox) consta de 20 puntos y recoge un apartado específico dedicado a la inmigración, con las principales aspiraciones políticas del partido de Santiago Abascal. Principalmente, el compromiso de cerrar y «dar un nuevo uso sociosanitario» al centro de menores de Santa Cruz antes del inicio del curso 2025/2026. Un asunto que ya había figurado en el texto de anteriores acuerdos entre las dos formaciones sin que hasta el momento se haya ejecutado.

Además, con el pacto, el PP asume la puesta en marcha de «un protocolo para la determinación de la edad de los inmigrantes ilegales que se autoperciben como menores de edad», el cual incluirá la realización de pruebas médicas; así como la «eliminación y tramitación de devolución por incumplimiento» de todas las subvenciones que reciban ONG's que «colaboren o se lucren» con la inmigración ilegal, el tráfico de personas o la explotación infantil. Del mismo modo, el Ejecutivo regional se compromete a no desarrollar, «en el ámbito de sus competencias», ningún programa en los centros educativos de fomento de la lengua árabe y cultura marroquí. Un programa que se aplica a través de un convenio que España tiene suscrito con el Reino de Marruecos.

Asimismo, el partido de Santiago Abascal consigue que se asigne dotación presupuestaria para la realización proyectos que planificaron en la época en la que formaban parte del Gobierno regional, entre ellos el nuevo Centro Integral de Respuesta a Emergencias y Seguridad (1,5 millones), un plan de regeneración de aguas residuales (10 millones) y los estudios informativos para la ampliación del tranvía a toda el área metropolitana de Murcia, principalmente Molina de Segura y Alcantarilla (1 millón).

Las cuentas incluirán un fondo de al menos ocho millones de euros de fondos propios de la Comunidad «para nuestra agricultura y ganadería, tanto de secano como de regadío», y vuelve a poner el foco en la Ley de Recuperación y Protección Integral del Mar Menor. En ese sentido, tras apuntar los dos partidos que la regeneración de la laguna salada es «una prioridad» para ambos, acuerdan iniciar «el procedimiento de revisión y reforma» de la normativa «antes de octubre de 2025». Además, se establece el compromiso de «construcción de nuevas infraestructuras necesarias para la protección» del Mar Menor, sin especificar cuáles.

En ese sentido, cabe recordar que la reforma de esta normativa viene coleando desde el inicio de la legislatura. En la Asamblea se constituyó una comisión por la que han pasado representantes de distintos colectivos para mostrar su parecer sobre la posible modificación de la Ley 3/2020, que fue aprobada por PP, PSOE y Ciudadanos.

Otras iniciativas que aparecerán dotadas en los Presupuestos son el centro de formación industrial de Fremm en Cartagena (5,5 millones), el centro de formación para la industria del mueble en Yecla (en este caso,no se precisa la cantidad concreta) y el cumplimiento, en los seis meses que restan para que acabe 2025, del acuerdo marco en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), para el que se destinan 5,5 millones.

Por otra parte, el Ejecutivo de López Miras se compromete a impulsar una legislación específica sobre caza en la Región y a incrementar hasta al menos los dos millones de euros los fondos regionales para los programas de apoyo a las familias numerosas y mujeres que tengan partos múltiples. En ese sentido, toda ley que emane del Consejo de Gobierno y la Asamblea Regional deberá contar con «un informe de impacto familiar» que evalúe la incidencia económica en las familias. Entre las leyes que se aprobarán este año, destaca la nueva norma de Familia, que impulsa la Consejería de Política Social, y la de Universidades, en la que trabaja la Consejería dirigida por Juan María Vázquez.

Algunos puntos ya aparecieron en acuerdos anteriores entre PP y Vox, como el compromiso de «neutralidad ideológica y ausencia de adoctrinamiento» en las aulas y la «especial atención» a las listas de espera sanitarias, con el fin de reducirlas. Otros puntos versan sobre la dotación de armas largas y pistolas táser a los policías locales de la Región, así como la limpieza de cauces públicos en tramos urbanos para la prevención de escorrentías en episodios de lluvias torrenciales.

Los dos partidos, que se reafirman en la defensa de «la unidad e integridad de España», acuerdan no presentar enmiendas parciales en el proceso de tramitación de los Presupuestos, salvo que estén previamente consensuadas, lo que garantiza la aprobación de estos en julio. El primer paso se dará la semana que viene con la aprobación del techo de gasto, un trámite previo a las cuentas públicas. Seguidamente, el Consejo de Gobierno debe aprobar el proyecto de ley de Presupuestos y remitirlo a la Asamblea para su tramitación parlamentaria.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, se mostró muy satisfecho tras la firma del acuerdo con Vox, porque aportará «estabilidad política y económica a la Región». «Nuestra responsabilidad es tener los mejores Presupuestos y nuestra voluntad, que estén aprobados en julio», aseguró.

Segado valoró que el pacto mantiene las mismas líneas generales del anterior Gobierno en coalición con Vox y va en la misma sintonía que lo firmado por los partidos en otras comunidades autónomas. Añadió que la voluntad del PP es «cumplir con el acuerdo en su totalidad».

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Rubén Martínez Alpañez, indicó que el acuerdo es «un primer paso para sacar a la Región de Murcia del colapso» y sacó pecho de que su partido ha logrado sus principales reivindicaciones, como el cierre del centro de menores de Santa Cruz, la «modificación definitiva» de la Ley del Mar Menor y el compromiso de no aplicar en las aulas de la Región el programa de lengua árabe y cultura marroquí.

«Vox ha actuado con responsabilidad. Pusimos encima de la mesa un borrador en enero y hoy, seis meses después, el acuerdo es prácticamente el mismo. Lo importante ahora es que se cumpla. Nosotros siempre diremos la verdad, siempre cumpliremos nuestra palabra, y siempre defenderemos el bienestar de las familias murcianas», concluyó el lugarteniente de José Ángel Antelo en la Asamblea Regional.