La abogacía denuncia pagos del turno de oficio «irrisorios» y «discriminatorios» entre comunidades

Los abogados de oficio de la Región hicieron frente el pasado año a 29.487 solicitudes de justicia gratuita, según la estadística facilitada por el Colegio. La cifra supone un 14,5% más -3.744 asuntos- respecto al año 2023, cuando esta justicia 'low cost' ya vio incrementada su carga de trabajo. En el primer trimestre de este año, sin embargo, advirtió la decana, el servicio ya ha recibido hasta 15.550 solicitudes por lo que, augura, este año la cifra de reclamaciones en la Comunidad podría sobrepasar por primera vez los 30.000 expedientes.

Solo en el primer semestre de este año los servicios de guardia -que ofrecen asistencia a detenidos, en materia de violencia de género y de extranjería- han atendido a 9.083 personas, tal y como explicó Cristina García, secretaria de Icamur. Por el servicio de orientación jurídica, en las distintas dependencias que este Colegio tiene en Murcia, Caravaca, Cieza, San Javier, Totana y Yecla, han sido atendidos 11.941 ciudadanos para abrir expedientes de justicia gratuita y consultas jurídicas.

Actualmente son 886 los letrados adscritos a este servicio, que funcionan en guardias de 24 horas los 365 días del año. A finales de 2024 eran 907 y un año antes 915. «La razón del descenso es clara y es evidente: las condiciones en que se presta el servicio. La razón se encuentra en los baremos con cuantías irrisorias, absolutamente discriminatorias en cuanto al territorio; en las remuneraciones que no contemplan todas las actuaciones profesionales que realizan los abogados y abogadas del turno de oficio; en los desplazamientos no cubiertos...», explicó Hernández. «El trabajo que presta la abogacía de oficio debe retribuirse de forma adecuada y digna».

La decana, que compareció ante los medios respaldada por numerosos miembros de su junta directiva, hizo hincapié, además, en las diferencias existentes entre las comunidades que tienen transferidas las competencias de Justicia y aquellas que no las tienen, como es el caso de la Región de Murcia. Los abogados del turno de oficio cobran en la Comunidad 166,49 euros por un día de guardia, mientras que los profesionales en Madrid se embolsan 235 y en Navarra hasta 310 euros, el doble. La disparidad se aprecia también con claridad en los procedimientos de Familia, como divorcios, que son asuntos muy habituales en este servicio. En la Región los letrados perciben 291,60 euros, casi tres veces menos que en el País Vasco (654 euros). «Son unas diferencias abismales», remarcó Maravillas Hernández.

«Es necesario que la ciudadanía tome conciencia del trabajo que se desarrolla, ya que el deterioro de los recursos y las precarias condiciones en que se presta este servicio no solo afectan a los profesionales que lo ejercen de forma ejemplar, sino que repercuten directamente en el ciudadano», subrayó la decana de Icamur. «Es imprescindible evitar la discriminación frente a otras autonomías actualizando unos baremos que están desfasados».

La diputada tercera del Colegio, Elena Checa, hizo hincapié, por su parte, en que «las administraciones públicas deben asumir que, como ocurre con cualquier servicio público, los costes de la asistencia jurídica gratuita implican mucho más que el pago de indemnizaciones». En este sentido, remarcó que «es urgente dotar de recursos adecuados para garantizar un servicio digno y eficaz».

Para dejar negro sobre blanco las reinvidicaciones del colectivo, el Colegio de la Abogacía de Murcia hizo público este viernes un manifiesto en defensa del turno de oficio en el que denuncian que «persisten las promesas incumplidas» en la materia. El escrito critica, entre otras cuestiones, la existencia de unos «baremos desactualizados» que no contemplan todas las actuaciones que los abogados tienen que desarrollar para llevar a término su trabajo. Además, la decana aseguró que se siguen dando «indemnizaciones insuficientes que no cubren ni siquiera los gastos mínimos» y lamentó los «retrasos en los pagos, especialmente a final e inicio de año, que dejan a los letrados varios meses sin percibir sus compensaciones».

Hernández puso el acento en que «en vez de potenciarse desde el Ministerio la labor excepcional y dignificar este servicio, lo deja sumido en unas condiciones de prestación y con una remuneración impropia de un país como el nuestro». La abogacía reclama, en este sentido, el incremento urgente de las cuantías del baremo y la inclusión de todas las actuaciones efectivas que realizan los letrados. «La nueva Ley de Justicia Gratuita es necesaria y trabajamos sin descanso para que vea la luz, pero las mejoras urgentes deben acordarse ya», remarcó. La decana de Icamur insistió, en este sentido, en la necesidad urgente de ampliar los servicios de guardia y crear nuevos turnos especializados -como el de infancia y adolescencia-.

La macroley que echó a andar este año con el objetivo de revolucionar la Administración de Justicia -la Ley de Eficiencia Procesal- aboga por la promoción de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) como alternativa a la vía judicial tradicional. La decana del Colegio de la Abogacía de Murcia, Maravillas Hernández, advirtió este viernes, sin embargo, que el legislador no ha dotado al turno de oficio de una partida presupuestaria para cubrir el trabajo de los profesionales que, antes de acudir a un procedimiento judicial, traten de buscar una solución alternativa. «Evidentemente esta situación se está dificultando el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva», remarcó. «El justiciable que depende de la justicia gratuita, o lo paga y no tiene medios, o bien tiene que sufrirlo y no hay por qué el letrado y letrada del turno de oficio que está a sus espaldas». Esta realidad, recalcó, no se da en las comunidades autonónomas con las competencias transferidas.