Más de 300 menores de la Región de Murcia acaban ante el juez desde 2020 por agredir o amenazar a familiares

Meses después de este doloroso episodio, y tras ingresar en un centro de menores, la adolescente ha recuperado sus hábitos de estudio y abandonado el consumo de sustancias. Tras retomar la relación con su madre, regresó con ella en libertad vigilada y ha pedido perdón a los funcionarios del juzgado por su agresividad durante su arresto. Los puentes que dinamitó con su familia paterna siguen derribados, pero la menor da muestras de mejoría y ha empezado a andar un camino esperanzador.

Como esta adolescente son muchos los que cada año se las ven con la Justicia por agredir o amenazar a sus padres, abuelos o hermanos. Solo en los últimos cinco años hasta 314 menores acabaron en un juzgado por un episodio de violencia doméstica, según los datos facilitados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La cifra ha ido reduciéndose paulatinamente de un tiempo a esta parte y en 2024 el número de adolescentes enjuiciados por este tipo de violencia (44), aunque alto, era la mitad que hace un lustro (88).

«Es cierto que el volumen de procedimientos se ha reducido, pero sigue siendo un fenómeno que preocupa y que merece una atención constante», remarca el magistrado del Juzgado de Menores número 1 de Murcia, Rafael Romero. «Aunque haya menos casos la cifra continúa siendo elevada y preocupante».

El magistrado considera que la reducción de casos de los últimos años «obedece, en parte, a una mayor concienciación social y a la existencia de programas preventivos y de intervención temprana que se han ido consolidando». Lamenta que, pese a la implantación de estas herramientas, persistan aún «un número elevado de casos» que, asegura, tienen que ver «con las dificultades de muchas familias para ejercer su función educativa en un contexto social cada vez más complejo, con patrones de autoridad más difusos». Romero asegura que, incluso, en algunos de estos casos subyace una sobreprotección excesiva por parte de los padres hacia sus hijos. Esta realidad, explica el juez, «alimenta el miedo a decir 'no'. Cuando llega por primera vez, el adolescente es incapaz de asumirlo y surge un conflicto abierto».

La Fiscalía es la primera en recibir la denuncia de los padres ante un caso de violencia doméstica. Un equipo de educadores, psicólogos y trabajadores sociales analizan la realidad del menor y realizan un informe que servirá al juez para elegir la medida más adecuada en cada caso. «Esta jurisdicción no persigue tanto la sanción como la reeducación y la reinserción», remarca el juez. «En la mayoría de los casos se opta por medidas de carácter educativo y de apoyo, que permiten trabajar con el menor y con su entorno».

El magistrado alude a programas específicos de intervención psicológica o socioeducativa, al acompañamiento a las familias... En los casos más graves los jueces optan por medidas más restrictivas, como la convivencia en un grupo educativo -como un colegio interno con puertas abiertas- o, en casos extremos, el internamiento en centro de menores en régimen abierto o semiabierto. «Incluso entonces, el objetivo último sigue siendo dotar al menor de herramientas que le permitan desarrollarse en un marco de convivencia respetuoso y saludable», subraya el magistrado. «Para ello hay cursos específicos, participación en terapia psicológica y programas de mediación familiar. Lo fundamental es restablecer los vínculos familiares que, en estos supuestos, suelen estar gravemente deteriorados o incluso completamente rotos».

En la batalla contra este fenómeno, existe un enemigo silencioso al que no conviene ignorar. «El uso excesivo del teléfono móvil, la presión constante de las redes sociales o la adicción a determinados videojuegos han introducido elementos de tensión en la vida de los adolescentes», advierte el magistrado. «Se trata de un terreno nuevo en el que los progenitores muchas veces no saben cómo establecer límites y esa falta de control puede desembocar en enfrentamientos que en algunos casos adquieren una dimensión violenta». En este punto, el juez aprovecha para recordar que sustituir la interacción directa por la virtual, reduce la participación en las conversaciones familiares, cara a cara. «Como se suele decir, las mejores relaciones positivas y sanas se construyen en torno a una mesa. Compartir una comida, un juego o una charla son el escenario clave para forjar lazos positivos y duraderos», subraya.

El magistrado coincide con psicólogos y educadores en que el abordaje de este tipo de problemas debe ser integral. «Si convertimos el problema en una mera cuestión de castigo, se corre el riesgo de no abordar las causas profundas del problema y lo que hacemos es retrasar la solución y, en ocasiones, agravar el conflicto», remarca. «Las comunidades autónomas, en este sentido, tienen un papel clave. Es muy valiosa la labor que desarrollan, a través de programas de formación dirigidos a las familias: escuelas de padres, charlas sobre adolescencia, educación sexual o hábitos de vida saludables. Son iniciativas dignas de extenderse para llegar al mayor número de personas posible». El juez Romero hace hincapié en que «la reeducación requiere tiempo, constancia y un trabajo en red entre las instituciones y las familias».