El Gobierno de Valcárcel planeó construir tres desaladoras más como Escombreras

Sálvese quien pueda. La comisión parlamentaria sobre la desaladora de Escombreras dio ayer otro giro: dos de los tres comparecientes acudieron a la Asamblea asistidos por sus abogados, algo inusual. Tomaron sus precauciones legales porque la desaladora está siendo investigada por el Tribunal de Cuentas por presunta responsabilidad contable, por la Fiscalía y por un juzgado de Murcia. Todo aderezado con dos días de registros policiales. El primer gerente del Ente Público del Agua (EPA), Amalio Garrido, intentó quitarse de en medio. Dijo que todo se lo dieron hecho cuando llegó, y leyó un acta en la que el exconsejero Antonio Cerdá proclamó que la desaladora «era un proyecto de Valcárcel». Según Garrido, se planeó la construcción de tres desaladoras más. Un dato contrastado con otras fuentes.

Mientras que la Guardia Civil registraba el Ayuntamiento de Cartagena buscando papeles, Garrido, María Antonieta Fernández y José Manuel Ferrer, actual apoderado, coincidieron en que la desaladora se diseñó para que no le costara un euro a la Comunidad, igual que el aeropuerto de Corvera. Ambos proyectos, sin embargo, están sangrando las arcas públicas, que deberán afrontar más de 700 millones de euros.

Precauciones legales de Garrido

Visita voluntaria al fiscal para contar todo lo que sabe

Garrido acudió con su abogado, el señor Castresana, quien le indicó los documentos y notas con los que debía responder. Midió sus palabras para evitar verse comprometido ante la Justicia. Nada más empezar anunció que compareció voluntariamente ante el fiscal del TSJ en cuanto supo que se había presentado la denuncia con una larga lista de posibles delitos. Dijo que dio información y luz a la Fiscalía de todo cuanto sabía.

Estuvo año y medio al frente del EPA, hasta mayo de 2008, y señaló que cumplía las órdenes de Cerdá. «A mí me vino dado», explicitó para subrayar que al llegar recibió instrucciones muy concretas, y que la planta iba ser autosostenible y autofinanciable, sin que hubiera que poner dinero público. Quienes iban a pagar eran los ayuntamientos, a través de 23 convenios, con el sistema 'take or pay', que obligaba a pagar el agua aunque no se consumiera. Para que salieran las cuentas, el precio del metro cúbico debía ser de 1,1 euros, muy elevado. De lo contrario, apostilló, se habría incumplido la Directiva de aguas que obliga a la recuperación total de costes.

Garrido consideró que no tiene que asumir ninguna responsabilidad contable. No pertenecía al Consejo de Administración e insistió en que no tuvo ningún papel en la creación del EPA. Ante las preguntas de la oposición, echó mano de un acta del 9 de noviembre de 2005, el día que se constituyó el ente, para leer el apartado de ruegos y preguntas, donde el consejero Antonio Cerdá dijo a los presentes que la desaladora «es un proyecto del presidente», en referencia a Valcárcel. Garrido asistió a esa reunión, pero dijo que lo hizo como invitado. Espetó a los diputados de la comisión, con una pizca de desafío, si acaso no se habían leído dicha acta.

La carta-aval a Banesto

El primer gerente dice que cumplía órdenes de Cerdá

Comentó que «la quiebra de la desaladora se produjo años después de que yo cesara, y debido a un cambio en el modelo». Insistió en que siguió las instrucciones que le daba el exconsejero de Agricultura: para firmar los contratos con los ayuntamientos; para trabajar con los gabinetes y consultores privados; y para mandar la carta a Banesto, sin la cual el grupo ACS e Hydro Management no habrían conseguido el préstamo de 114 millones para construir la planta. Fue necesaria una orden de Cerdá cambiando la ley del EPA para facultar a Garrido. Este precisó que el contacto con Banesto lo tenía la Consejería de Hacienda.

Negó al socialista Jesús Navarro que fuera un aval, sino una 'conform letter' (una garantía de solvencia patrimonial), aunque el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, se cuidó de leer la carta para destacar lo que ya se sabe: que el Ente Público del Agua, organismo de la Administración regional, se comprometió a atender todas las obligaciones de pago si no lo hacía la mercantil Desaladora de Escombreras.

Garrido indicó que se suscribieron 23 convenios con ayuntamientos por 155 hectómetros cúbicos, y que el proyecto global preveía tres desaladoras más (dos en Escombreras y otra en Águilas) para atender dicha demanda. Antonio Urbina, de Podemos, agradeció que no se construyeran porque el problema actual se habría multiplicado por cuatro. Advirtió de que la supuesta privacidad de la operación solo duró 23 días, ya que a principios del año 2006 se firmaron los contratos con ACS y los socios murcianos, comprometiendo a la Comunidad. Lo llamaron 'el gran día'.

La oposición criticó que se vendió agua a esos ayuntamientos sin que la desaladora estuviera construida y sin que se hubieran fijado los precios. Garrido, que dijo que no respondía a preguntas políticas, recalcó que el dinero tenía que llegar de los consistorios para que la desaladora fuera autofinanciable, pero que luego se cambió el modelo. «Meter dinero público es un grave problema», apostilló.

A su juicio, la planta de Escombreras no es más cara que las que construyó el Ministerio, y negó que vaya a costar 600 millones. Recordó que en aquella época faltaba agua y que se aprobó un decreto de sequía. Por último, discrepó de los demoledores informes de la Intervención General y de los Servicios Jurídicos, que consideró «incompletos y con omisiones graves».

Los informes externos

En manos de consultoras que fallaron con el negocio

María Antonieta Fernández, que fue secretaria del Consejo de Administración del EPA, asistió con su abogado, Alberto Martínez Escribano. Explicó que su única misión consistió en levantar acta de las reuniones, coordinar a los asesores externos y procurar que no faltaran bolígrafos. «No estábamos cometiendo ningún delito, de lo contrario no lo habríamos hecho», comentó. No tomaba decisiones, ni firmaba contratos, añadió. Una consultora americana fue la que hizo el plan de viabilidad del proyecto y la valoración de la parcela. El EPA tenía «la tranquilidad» que le proporcionaban «las prestigiosas» consultoras y despachos externos que participaron, como Ariño, Cuatrecasas y una firma israelí que realizó el modelo económico. Antonio Urbina y Juan Francisco Pedreño, del PP, dijeron que Fernández no tenía por qué haber sido citado por la comisión parlamentaria.

Se cierra el círculo

El segundo gerente avisó de que no podían cumplir

José Manuel Ferrer, actual apoderado de la desaladora, defendió la necesidad de esta instalación y declaró que en el primer consejo de administración advirtió de que «era imposible llevar a cabo la operación». «Llamé a los señores de Hydro Management y les dije que no podíamos cumplir el contrato porque se había caído de la demanda de agua de los ayuntamientos» a causa de la crisis económica. Ferrer planteó renegociar los acuerdos.

El coste de la inversión no podía repercutir en la tarifa, dijo. Al igual que Garrido y Fernández, comentó que, según el modelo inicial, no debía costar dinero público. Señaló que aunque se disuelva la sociedad pública, hay que seguir pagando el contrato de arrendamiento.