La Guardia Civil busca otros papeles de la planta en el Ayuntamiento de Cartagena

La investigación sobre las presuntas irregularidades en la desaladora de Escombreras ha motivado esta semana dos registros en 48 horas en Cartagena. Tras el efectuado el martes por la Policía Nacional en la planta por orden del juzgado de Instrucción 5 de Murcia, que investiga el entramado societario creado en torno a la factoría, ayer agentes de la Guardia Civil adscritos a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid llevaron a cabo una inspección en el Ayuntamiento de Cartagena. En este caso, los investigadores intentan determinar si la captación de agua de mar en la dársena portuaria entraña riesgos para la salud y para el medio ambiente.

Hacia las ocho de la mañana, dos efectivos de la Benemérita se personaron vestidos de paisano en el edificio administrativo de San Miguel, en pleno centro de la ciudad. Allí, conversaron con el alcalde y concejal delegado de Urbanismo e Infraestructuras, José López.

Durante cerca de tres horas, los funcionarios revisaron documentos relativos a autorizaciones de construcción, licencias de actividad y otros permisos sobre conducciones e instalaciones otorgados desde el año 2005. Las fuentes consultadas añadieron que son papeles referidos a la etapa de gobierno de Pilar Barreiro, del Partido Popular.

Los expedientes fueron puestos a disposición de los agentes por el funcionario jefe de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada. Y, según diversas fuentes, la Fiscalía investiga los posibles riesgos del uso de agua de la dársena de Escombreras, afectada por la contaminación ligada al tráfico de buques, para el consumo humano y el riego de cultivos. También examina el vertido al Mediterráneo de salmuera, tras la desalación.

Según las fuentes consultadas, las pesquisas guardan relación con los expedientes municipales relativos al grupo ACS, que construyó la factoría a través la sociedad Hydro Management y que realiza la explotación y el mantenimiento por medio de Tedagua; y a la Comunidad Autónoma (directamente y a través del Ente Público del Agua y de la empresa Desaladora de Escombreras), que tiene alquilada la planta. Fuentes de la Fiscalía indicaron que si observa indicios de criminalidad, lo pondrá en conocimiento de los jueces y, en caso contrario, acordará su archivo.

Metales pesados

El Ayuntamiento aseguró, en un comunicado, que la personación de la Guardia Civil tuvo lugar para «establecer un contacto institucional en aras de continuar con las vías de colaboración existentes entre la Fiscalía y el Consistorio». Y añadieron que los agentes acudieron de «visita» y «sin ningún requerimiento formal», y que no se llevaron papeles.

El alcalde expresó «su voluntad de colaborar con la Fiscalía, como ha venido haciendo desde antes de tomar posesión» del cargo. Y el portavoz del Grupo Municipal Popular, Francisco Espejo, mostró su «respeto» a la investigación, si bien pidió pidió «celeridad».

El abogado murciano Diego de Ramón, que amplió hace tres meses su querella contra la Comunidad por la desaladora añadiendo el delito contra la salud pública y el medio ambiente, insistió ayer en que la planta absorbe el agua de una zona con «toda clase de metales pesados» e «ignorándose la depuración».

De Ramón ha pedido estudios y análisis en el fondo submarino del Valle de Escombreras. También ha solicitado informes del Servicio de Salud Pública de Cartagena sobre los análisis que hace en la desaladora, y que éstos sean comprobados por la Policía Judicial, la Guardia Civil del Mar y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.