Garre contradice a Valcárcel y se alía con la oposición por el perjuicio de la desaladora

Con amigos como Alberto Garre, el Partido Popular no necesita enemigos en la oposición. La Asamblea Regional fue ayer escenario de un duelo a destiempo entre los expresidentes de la Comunidad Ramón Luis Valcárcel y Alberto Garre, en la sesión inaugural de la comisión especial que investiga la desaladora de Escombreras. Aunque más que una comisión dedicada a inquirir, funcionó como un Pleno con un toma y daca; con el añadido de que los portavoces sacaron sus conclusiones y veredictos en esta primera jornada sin necesidad de esperar al final, dentro de cuatro meses. Entre el centenar de preguntas, la mayoría dirigidas a Valcárcel, abundó la reiteración.

El vicepresidente del Parlamento Europeo acudió con ganas del cuerpo a cuerpo para rebatir a la oposición y defender su gestión en la desaladora; mientras que Garre aprovechó para ajustar cuentas con su partido, al que sigue afiliado, y en especial con su antecesor, con quien discrepó en los puntos más polémicos. Manifestó que los grupos «cobra, pitón y anaconda son capaces de tragarse a una región entera», en referencia a la filial de ACS que arrendó la desaladora al Ente Público del Agua (EPA). En ese momento, los populares ya estaban cariacontecidos, a la espera del chorreo final.

La marcha sin recompensa

Aflora la enemistad de Garre con parte del PP

La colección de reptiles -aplaudida por Podemos- no fue lo único. Garre llevaba el guión preparado cuando dijo que la solución de la desaladora, en referencia a los contratos, podría llegar «de un juez templado, cuando más templado mejor». El magistrado del TSJ que archivó el caso de la vivienda del presidente Pedro Antonio Sánchez lleva ese apellido. Garre no se cruzó con Valcárcel. Intentó jugar en los dos lados de la pista, dando una de cal y otra de arena, hasta el punto de que dijo que el exconsejero Antonio Cerdá «es un hombre serio» que se ajustó a la legalidad y que será capaz de dar respuestas. Cerdá fue el presidente del consejo de administración del Ente Público del Agua. Tras su comparecencia, Garre dejó entrever su desazón por no haber sido propuesto al Senado por el PP. «Yo no he tenido la suerte de seguir luchando en esto; Rita Barberá, sí», apostilló. No escatimó referencias a la lealtad frente al servilismo, a los palmeros de los líderes y a los que ponen zancadillas a la Justicia. No mencionó a nadie, pero no era difícil adivinar que se refería Valcárcel y a otros dirigentes del PP; un resquemor que contaminó su comparecencia.

Los dos expresidentes -y también la oposición- solo estuvieron de acuerdo en la bondad de crear el Ente Público del Agua con el objetivo de procurar recursos hídricos para la Región. En lo demás chocaron, lo cual sirvió de munición al PSOE, Podemos y Ciudadanos. Garre les puso en bandeja la losa financiera que supone para las arcas de la Comunidad, los informes del Tribunal de Cuentas y de la Intervención alertando de las pérdidas, el «galimatías» societario, el contrato leonino que él no habría firmado y el «mal negocio» que hizo la Comunidad. Valcárcel, por el contrario, defendió que no existió entramado y que la desaladora no cuesta 600 millones. La considera más rentable que las plantas que construyó Rodríguez Zapatero. «Se acabó el bulo», dijo.

Florentino pide 180 millones

Cierta unanimidad para comprar la desaladora

La primera comisión especial de investigación en la Asamblea después de muchos años -está el precedente del asunto Casa Grande, en 1993- denotó la falta de práctica de los diputados, con un formato inadecuado para interrogar a los comparecientes. Se les dejó con sus discursos y cierto margen para que contestaran como quisieran. En este asunto se une el hecho de que queda poco que investigar, ya que está todo contado y debatido ante la opinión pública desde febrero de 2013, cuando 'La Verdad' publicó el desequilibrio detectado por el Tribunal de Cuentas y el reconocimiento del Ente del Agua de que no podía pagar a ACS.

Su gerente, José Manuel Ferrer, manifestó que el precio final de la planta alcanzará los 600 millones de euros en el año 2034, cuatro veces más del valor inicial, debido al contrato de arrendamiento. Sobre esa cantidad no hay dudas, ya que lo recogió después el informe de la Intervención General. También se sabe que ACS reclamó ese dinero cuando denunció a la Comunidad por impago, en concepto de lucro cesante.

Valcárcel negó ayer que la desaladora cueste 600 millones, y la oposición sostuvo lo contrario. Entre unos y otros faltó el matiz temporal: se llegará a pagar esa cantidad si se mantiene el contrato actual. A partir de ahí, la parte positiva de la comisión es que hubo unanimidad -cada cual vistió el santo como quiso- para detener la sangría económica y comprar la desaladora a su coste real. Como publicó este diario el domingo, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y del grupo ACS, comentó en una reciente reunión que está dispuesto a vender por 180 millones de euros. A todos los grupos les parece mucho -Valcárcel descontaría los 49 millones ya pagados- y creen que se puede negociar a la baja.

Inesperada crítica sobre el Trasvase

Contrariado por el 'abierto' de Valcárcel

Valcárcel y Garre no se vieron las caras. La oposición logró su objetivo de enfrentarlos en la primera jornada de la comisión, aprovechando que Garre no iba a disimular la enemistad que siente con su predecesor. El diputado de Podemos Antonio Urbina tuvo los pies en el suelo proponiendo soluciones para zanjar la sangría económica de la desaladora. Jesús Navarro, del PSOE, fue quien más hurgó en las discrepancias entre los dos exmandatarios. La comisión dedicada a buscar responsabilidades políticas por la desaladora llega en un momento en el que arrecian las críticas contra el Trasvase Tajo-Segura, en medio de una brutal sequía que amenaza a los abastecimientos y regadíos. De ahí que no se cuestionara la necesidad de la desaladora de Escombreras en estos momentos, aunque se discutió el contrato de alquiler y su rentabilidad.

Garre puso el contrapunto criticando que se haya «cometido el error» de blindar el Trasvase Tajo-Segura. «Si los ríos no se pueden blindar, mucho menos un trasvase. «Nos han roto el discurso de veinte años», añadió. No explicitó si se refería al Memorándum, pero a falta de explicaciones, en varios sectores consideraron sus palabras desafortunadas y las atribuyeron a su guerra personal con Valcárcel. En el preludio, Garre dejó entrever su contrariedad porque Valcárcel hubiera decidido hacer pública su comparecencia, como reflejó 'La Verdad', cuando días antes recordó que la comisión es reservada por ley. Llegó a decir que su antecesor estaba «condicionando» a los grupos parlamentarios. Hasta ese detalle.

«Somos gente honrada»

Valcárcel lo compara con un servicio de autobús

Los populares se mostraron eufóricos tras la intervención de Valcárcel, indicando que a la oposición le salió el tiro por la culata al citarlo en primer lugar. Después recibieron el jarro de agua fría de Garre. El portavoz Juan Luis Pedreño quiso destacar los puntos de coincidencia entre ambos expresidentes para tratar de amortiguar los daños. Otros populares le restaron importancia, quizás porque temían una intervención más feroz. Alguno hasta dijo que Garre había sido al final «caballeroso».

Tras esta explosión inicial, la comisión de la desaladora entrará en declive, que es lo que espera el PP. La intervención de Valcárcel fue previsible. No pidió perdón a los murcianos por «el perjuicio causado» por la desaladora, como le incitó Jesús Navarro. Explicó que el Ente Público del Agua (EPA) se creó por ley en la Asamblea Regional para conseguir el agua que negaba la Confederación Hidrográfica del Segura para los desarrollos urbanísticos de los municipios. Dicha ley facultó al EPA para actuar como lo hizo, sostuvo, sometida al Derecho privado. Negó que existiera un entramado -dijo que solo había dos empresas del grupo ACS- y que vaya a costar 600 millones de euros. Todo lo más, los 180 apuntados por Florentino Pérez. «Se acabó el bulo», recalcó. Sobre la esencia y cometido del EPA, no haría falta concurso público, ni informes previos de la Intervención General y de los Servicios Jurídicos de la Comunidad ni mayores controles de la Administración. Tales informes los proporcionaron los bufetes Ariño y Cuatrecasas, y una consultora israelí, que fueron los que a su juicio dieron soporte para poner en marcha la operación. Contestó a los principales interrogantes planteados, basándose en los estatutos del EPA, aunque no convenció a la oposición.

Asimismo, rechazó que se firmara un contrato leonino o draconiano. Explicó que se reunió en diciembre de 2013 con Florentino Pérez -junto a Juan Bernal- para «limar asperezas» y buscar un acuerdo al ver que la Comunidad no podía pagar. A su juicio, el consorcio privado «no es un pirata que ha venido a llevarse el dinero». Defendió la desaladora como un servicio público, en el que la parte privada no podía perder. Para ello puso el símil de un servicio público de autobús con un solo pasajero, cuya viabilidad no podía achacarse solo al concesionario, sino también a la previsión de la Administración sobre la demanda. Según Podemos, el expresidente defendió más los intereses de ACS que los de la Comunidad.

Valcárcel atribuyó a la crisis que la desaladora no haya ofrecido los resultados previstos, aunque la defendió frente a las que construyó Zapatero. Dijo que Escombreras produce ahora al 76% y es más rentable que las plantas de Acuamed. «Aquí somos gente honrada. No voy a ir con la cabeza agachada por una desaladora cuando más falta hacía a la Región. Podíamos haberlo hecho mejor». Si hubiera motivos, Valcárcel dijo que no le costaría trabajo pedir perdón.

Una de cal y otra de arena

Garre también criticó las desaladoras de Narbona

Alberto Garre pidió a la comisión que no actuara como un tribunal popular. Reiteró que la desaladora «no fue un buen negocio, aunque tenía un buen objetivo». «Habría que preguntarse también cuánto costaron las desaladoras de la señora Narbona, lo cual daría para otra comisión». Señaló, asimismo, que Valcárcel «intentó conseguir» agua para la Región. «No estoy para suponer que le movieran otros intereses». Fue la parte coincidente con el PP. Garre, no obstante, mostró una doble faceta política al estilo 'doctor Jekyll y mister Hyde'. Comentó que la constitución societaria fue «un galimatías» y aseguró que nunca habría firmado un contrato de arrendamiento «leonino y sumamente perjudicial para la Región». Y que tampoco habría renunciado al contro del EPA. Sugirió que se han podido causar daños a municipios y empresas que confiaron en esos caudales. «Estas cosas duelen mucho a los ciudadanos». Apostilló que «le sonaba» lo de los 600 millones de euros. Como solución, propuso negociar una salida «en base a un acuerdo transaccional» con ACS. Juan Luis Pedreño, del PP, advirtió de que vistas las cosas a toro pasado, los proyectos pueden ser mejores o peores.

Garre se remitió a los informes de la Intervención y de los Servicios Jurídicos de la Comunidad -que el Consejo de Gobierno pidió después-. No los mandó a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas. Fue Pedro Antonio Sánchez quien lo hizo.