Las preguntas de la comparecencia de Garre

JUAN LUIS PEDREÑO. PP

La comparecencia del expresidente Alberto Garre deja la coincidencia con la de Ramón Luis Valcárcel en que es de necesidad y utilidad la desaladora de Escombreras. Una desaladora que cumple una importante función social aportando agua a cerca de 10.000 hectáreas de terreno agrícola y sostiene 4.000 puestos de trabajo. Pero un gobierno no es un empresa que hace negocios con los ciudadanos sino que les presta servicios.

Los costes de la desaladora de Escombreras no son tan altos como han denunciado los partidos de la oposición y es una infraestructura necesaria, como queda demostrado con su uso. Garre: A mí me suenan esos 600 millones de la demanda de la empresa constructora a la Comunidad por la desaladora, pero no los admito de ninguna manera. La planta iba a costar 111 millones. Por lo tanto, debemos intentar solucionar el problema con la máxima prontitud. Bajo mi punto de vista, hay que negociar una salida en base a una transacción judicial sobre los gastos reales de su ejecución. Si no se hace así, hay otra opción: interponer una demanda por los contratos leoninos, que han sido perjudiciales para los intereses regionales y olvidarnos del carnaval político en que está sumida España y la Región. Son contratos leoninos porque una parte penaliza a la otra en caso de incumplimiento pero no hay una correspondencia en el caso contrario. Este asunto se debe tratar con seriedad y solidaridad institucional entre los grupos parlamentarios.Todas las operaciones entre empresas vinculada a la desaladora han sido realizados por reconocidos bufetes jurídicos y económicos que certifican la viabilidad de esta infraestructura necesaria en la Región de Murcia para combatir la sequía. Es una realidad que la desaladora no ha costado 600 millones de euros, ni existe ningún entramado empresarial, solo una empresa que construye y otra que explota. Aunque bajo mi punto de vista la desaladora ha sido un mal negocio, era necesaria por la necesidad de agua. Habría que ver también lo que costaron las desaladoras realizadas durante el gobierno de Rodríguez Zapatero.Su comparecencia aclara la necesidad de la planta«Agradezco que se me haya invitado a declarar y que la sesión sea abierta para que,en directo, se saque una conclusión sin tergiversar»

JESÚS NAVARRO. PSOE

¿Cómo actuó respecto a la desaladora de Escombreras tras tomar posesión como presidente? Pedir una actualización del informe de la Intervención y un segundo informe al jefe de los Servicios Jurídicos para valorar la situación. ¿Qué haría como presidente? Seguir insistiendo en cualquier solución hídrica sin renunciar a los trasvases. No desespero en ese empeño. Miren: cometen un grave error esos que piden blindar el Trasvase Tajo-Segura. Si los ríos no se pueden blindar ni en Andalucía, ni en Castilla-La Mancha ni en Alicante, mucho menos un trasvase. Nos han roto el discurso de veinte años. Y eso es grave (en alusión a la postura del Grupo Parlamentario Popular, que reclama el blindaje del Trasvase en el Estatuto de Autonomía).

¿Cómo se produce el cambio de criterio sobre la viabilidad de la planta? El informe de Intervención General contempla una hipótesis favorable sobre los resultados de la sociedad si se hubiese destinado durante el ejercicio 2012-2015 el 90% de su producción al consumo urbano (unos 20 hectómetros cúbicos), de modo que los precios hubieran sido superiores a los obtenidos hasta la fecha y las cifras de negocio se encontrarían muy cerca de su capacidad potencial. En este cálculo se contempla que el coste variable de operaciones y mantenimiento se mantiene en 0,26 euros por metro cúbico. Pero la pérdida media de producción asciende a 6 millones de euros, lo que unido a los gastos financieros equivaldría a que los resultados negativos anuales se sitúen en unos 13 millones de euros durante ese periodo.

¿Pudo hacer más? Me entero de este asunto en abril, que es cuando aparece el primer informe de Intervención. De ahí hasta que el Gobierno entró en funciones hay escaso tiempo. Se celebraron elecciones y no pudimos ahondar.¿Por qué su ejecutivo cambió de criterio?«Había un informe de la Intervención y otro de los Servicios Jurídicos que advertían de los desequilibrios. No era un buen negocio»

ANTONIO URBIN. PODEMOS¿Qué vio en los informes de la Intervención General y de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma que terminó enviando este asunto a la Fiscalía? Había un galimatías societario. Los informes de Intervención y de los Servicios Jurídicos eran coincidentes, en mi opinión. El Tribunal de Cuentas también lo había advertido en el año 2010.

¿Cómo habría actuado en caso de haber sido presidente de la Comunidad cuando fueron firmados los contratos con las empresas del grupo ACS? Habría buscado otras soluciones contando con todos los informes económicos y jurídicos, que para eso están la Intervención y los Servicios Jurídicos de la Comunidad. Habríamos evitado que el Ente Público del Agua de la Región de Murcia hubiese asumido como públicos compromisos societarios de empresas privadas.

Agradecemos que el señor Garre haya puesto encima de la mesa nuevas posibilidades extrajudiciales para poder liberar a la Región de Murcia de la carga financiera que arrastra Escombreras y conseguir pagar lo que ha costado realmente la desaladora y lograr que aporte agua a un precio razonable. Debemos seguir insistiendo y trabajando en el seno de la comisión, ya que el resultado en apenas un mes es que hoy hemos visto cómo existe la posibilidad de llegar a un acuerdo para salir con una carga financiera mucho menor.

MIGUEL SÁNCHEZ. CIUDADANOSMenciona el expresidente Garre los informes de la Intervención y los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, por los que se le ha preguntado a Valcárcel, que en dos ocasiones ha dado la callada por respuesta y no se ha salido del discurso que tenía previsto. Insisto en que coincido con los informes de ambos servicios. También he oído hablar de que este asunto puede tener un coste real de 140 o 150 millones de euros. Bajo mi punto de vista, este asunto hay que arreglarlo con prontitud.

¿Ha escuchado hablar de los 600 millones que tendría que pagar la Comunidad en caso de incumplimiento de contrato con el grupo ACS? Sonarme los 600 millones, me suenan. En un principio eran 111 millones lo que iba a costar, después se habló de 140 y ahora de 180, pero 600 no los admito de ninguna manera.¿Habría firmado los acuerdos que suscribió con ACS Valcárcel?«Nunca hubiera firmado contratos leoninos y ni siquiera habría escapado de mi control el Ente Público del Agua»

Con esta declaración del expresidente Alberto Garre, hemos vivido una jornada histórica y un magnífico punto de salida para ser la primera sesión de comparecencias de la comisión. Es la primera que se constituye en la Asamblea Regional en esta legislatura, dando cumplimiento al acuerdo de investidura, y también la primera cuyas comparecencias son públicas gracias al impulso de Ciudadanos.