«Probaremos en Murcia el envío por SMS de las notificaciones judiciales»

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, participó este sábado en la intermunicipal del PP, donde habló de una legislatura de «hechos» y pidió «conquistar el futuro con las decisiones del presente».

En la Región se produjo un refuerzo de la plantilla de su Ministerio con el fin de agilizar en parte la acumulación de causas derivadas de la crisis y los casos de corrupción. ¿Se va a mantener o incluso convertirse en permanente este refuerzo?

El pasado año creamos 282 plazas de juez y 65 de fiscal precisamente para atender una carga de trabajo que en España se cifra en unos 8 millones de asuntos anuales ante la Justicia. Nuestra estructura de planta judicial atiende adecuadamente en términos generales esta demanda, pero es cierto que eventualmente existen algunas recargas, como ocurre en el Juzgado de lo Mercantil de Murcia y en algunos juzgados de Primera Instancia o alguno de lo Social. Lo que hacemos es reforzar la planta judicial, como hicimos en octubre, creando plazas en Murcia para jueces de adscripción territorial para que ayuden en aquéllos sitios donde hay recarga, también autorizando refuerzos de funcionarios y secretarios judiciales. Son medidas estructurales y también coyunturales, y con ellas tratamos de atender a esa recarga, que en esta ocasión ha venido por la crisis y ha afectado sobre todo a los órganos de lo Mercantil y lo Social. Cuando esa presión baje en los próximos años podremos valorar si la planta judicial en Murcia necesita ser ampliada. El presidente el Tribunal Superior de Justicia ya nos ha presentado un informe, y yo me he comprometido que en la próxima ampliación de plazas, que aún no tiene fecha, tendremos muy en consideración la situación de Murcia. La decisión podría tomarse en semanas.

En la Región se han producido críticas por la lentitud en la gestión de causas, sobre todo por parte de políticos imputados por corrupción, que lamentan el daño a su imagen que se produce por estas demoras en la tramitación. ¿Se contempla reforzar los juzgados que lleven este tipo de causas?

En ocasiones, cuando hay una causa especialmente compleja, el Consejo General del Poder Judicial decide dedicar de forma exclusiva a un juzgado a una causa especialmente compleja y se le dota de más medios y un juez temporal para que lleve los otros asuntos. Pero me parece que la forma de agilizar la justicia no es solamente con más plazas de jueces, sino también mejorando las leyes. Estamos reformando la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que eso que conocemos como macrojuicios desaparezca, y se simplifique la alta complejidad de algunos casos con muchos acusados o con varias causas que concurren entre sí. La reforma de la norma busca lo contrario: cada delito será una causa y cada causa tendrá su sentencia. Eso agilizará notablemente la tramitación procesal. También estamos limitando la instrucción penal a seis meses para las causas sencillas y a 18 para las complejas. Esto va a ser posible al ir a causas más sencillas modificando la regla de la conexidad entre ellas, y también con medidas como la despenalización de las faltas. También las causas sin autor conocido dejan de tener trámite judicial y se quedan solo en el administrativo.

¿En qué consiste ese cambio?

Si a alguien le roban el móvil y no se sabe quién ha sido no tiene sentido que se inicie una actuación judicial, sino que debe ser mientras un tema de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, la reforma también contempla la agilización de los juicios rápidos . Hay un número muy alto de pleitos que tienen que ver con temas de alcoholemia y seguridad vial, que se van a tramitar con un juicio rápido penal. Todas estas medidas pensamos que se van a poder cumplir los plazos de los que hablábamos para las instrucciones.

La Región fue pionera en la puesta en marcha de iniciativas del Ministerio como la Oficina Judicial. ¿Se probarán también aquí primero estas modificaciones?

Siempre hemos utilizado Murcia para probar todos los temas de modernización organizativa y tecnológica de la administración de Justicia. Sigue gestionada por el Ministerio y eso nos ha permitido, en colaboración con el gobierno regional, realizar estas experiencias piloto. Y así vamos a seguir haciéndolo. Por ejemplo con las notificaciones vía SMS o la nueva plataforma de gestión procesal. Aquí ya probamos con éxito los nuevos modelos de conciliación intraprocesal y mediación. Utilizamos Murcia por la buena predisposición de los funcionarios y los jueces.

Como miembro del Gobierno de la Nación, ¿cree que el Estado debería ser más contundente a la hora de defender sus competencias, como es en el caso de la política hidrológica?

El agua es un tema importantísimo en España, pero no solo en el caso del suministro. Aquí o en Valcencia o Andalucía es un factor de desarrollo económico, sirve además de para beber para comer. Nosotros lo abordamos desde una perspectiva nacional integrada, nunca como un elemento de lucha entre comunidades. Sabemos que necesitamos soluciones complejas, por lo que hacemos una gestión integral dentro del marco normativo. El viernes se aprobó un trasvase y el miércoles el presidente regional va a pedir un precio social para el agua desalinizada.

Pero tras cuatro años de mayoría absoluta del PP no se ha abordado el Plan Hidrológico Nacional...

Se han hecho muchas cosas en política de agua, como los planes de todas las cuencas hidrográficas. También se ha gestionado los recursos en un año extraordinario por la sequía. Por tanto, en un año extraordinario, daremos soluciones extraordinarias. Tenemos muy clara la idea de que vamos a aprovechar desde la solidaridad y la visión estatal este recurso, nunca desde regionalismos y visiones egoístas y particulares.

Ha habido algunas críticas al cambio legislativo sobre los terrenos pasto de los incendios forestales, y se ha pedido más contundencia con los pirómanos en la reforma del Código Penal.

Pues la izquierda nos acusa de haber endurecido el Código Penal.

Pues esas voces surgen también de alcaldes de su partido que han padecido la acción de los pirómanos recientemente...

Hemos intentado hacer una reforma hablando con muchos sectores. Y hemos tipificados delitos que antes no estaban contemplados. Pero el Código Penal tiene que responder a la realidad social. En el caso de los incendios, hemos reforzado las penas. El hecho de que un terreno objeto de un incendio pueda ser objeto de un aprovechamiento urbanístico ya no está en el ámbito penal. Son los ayuntamientos y las comunidades autónomas las que pueden blindar la protección sobre estos terrenos.

¿Seguirán los imputados siendo imputados?

Los imputados ahora son investigados, en un intento de trasponer a España una directiva comunitaria sobre el derecho a la defensa. Y también para evitar una contaminación terminológica. Alguien que comparece por vez primera en un juicio tiene derecho asistido en su defensa. Y con nuestra actual legislación se le denomina imputado. La población tiene la idea de que un imputado es una especie de preculpable o presunto culpable. Vamos a llamarle investigado y si ya se formula una acusación, ya tendrá una mayor relevancia penal. Un imputado no puede ser ya un presunto culpable, porque atentamos contra el principio de presunción de inocencia.

¿Podremos los periodistas seguir publicando sumaris bajo secreto?

La revelación de secretos es un delito. Dicho eso hay que investigar quién es el responsable. Yo no creo que los medios de comunicación sean los responsables primarios de la revelación de secretos. Creemos firmamente en la libertad de información y la pluralidad, y lo que vamos a hacer es garantizar los derechos de las personas que participan en los procesos. Creo que hemos hecho una buena labor de equilibrio, porque en una democracia hay que equilibrar los derechos. El derecho a la información no puede ser incompatible con el de la presunción de inocencia o el de la intimidad.