Los altos cargos tendrán prohibido por ley presionar a los funcionarios

El Consejo de Gobierno aprobó precisamente ayer el proyecto de Ley de Buen Gobierno y del Estatuto del Alto Cargo de la Comunidad Autónoma. Y lo hizo ayer, insistió el portavoz del Gobierno regional, sin tener en cuenta la actualidad de la jornada ni intención alguna de enviar un mensaje soterrado. «El único mensaje -respondió José Gabriel Ruiz- es que el Gobierno regional cumple con su compromiso. Que sea hoy obedece a que el dictamen del Consejo Jurídico llegó anteayer, y era el último de los trámites que restaban para su aprobación», zanjó el portavoz del Gobierno regional.

La nueva norma, que fija por ley los límites para los obsequios y viajes de los altos cargos, será remitida a la Asamblea para su tramitación y aprobación parlamentaria. Su redacción ha culminado, destacó Ruiz, en un tiempo récord, menos de tres meses frente a la media habitual, que alcanza el año, y forma parte del paquete de medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de Alberto Garre en favor de la transparencia.

Los altos cargos tendrán prohibido por ley influir en los funcionarios para agilizar trámites administrativos en beneficio propio, y asumirán por escrito el compromiso de velar en todas sus actuaciones por el patrimonio cultural y por el medio ambiente. Además, se establece que no podrán invocar su condición para obtener un trato más favorable.

Respecto al régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades de los altos cargos públicos, se establece que deberán dedicarse de forma exclusiva a su desempeño y solamente podrán percibir una retribución. En los dos años posteriores a la finalización de su responsabilidad pública, no podrán integrarse en empresas, fundaciones, asociaciones u otras instituciones relacionadas con el puesto desempeñado. Los altos cargos deberán comunicar a la Oficina de la Transparencia las actividades que fueran a desempeñar, así como la empresa o institución.

También realizarán declaraciones de intereses y actividades, que serán publicados en el Portal de la Transparencia, así como una declaración patrimonial que comprenda sus bienes, derechos, obligaciones y rentas y sus declaraciones tributaria. La Oficina de la Transparencia elaborará un informe sobre la evolución patrimonial cuando los altos cargos cesen, y denunciará de oficio cualquier situación de la que considere que se pueden derivar responsabilidades de cualquier índole.