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Peñalver, a la derecha, junto al letrado Raúl Pardo-Geijo.
El fiscal pide fianza de más de 13 millones a Peñalver    y sus socios por 'Barraca'

El fiscal pide fianza de más de 13 millones a Peñalver y sus socios por 'Barraca'

También reclama que se tome declaración como imputado a López Rejas por presunto cohecho, blanqueo y uso de información privilegiada

Ricardo Fernández

Jueves, 15 de mayo 2014, 10:13

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El exjefe de Planeamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, y varios de sus socios en sus supuestamente ilícitos y ventajosos negocios podrían recibir en breve un demoledor golpe en sus bolsillos, que ya dice el refrán popular que es donde más duelen los palos. El fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, acaba de reclamar a la juez instructora del 'caso Barraca', Nuria de las Heras Sevilla, que abra la pieza de responsabilidad civil contra este arquitecto y otro grupo de destacados imputados, y que les fije fianzas que superarían los trece millones de euros. Una demanda que considera ajustada a los presuntos beneficios que habrían obtenido ilegalmente.

A la vez reclama que, de no cubrir los sospechosos esa cuantía, se proceda al embargo y afianzamiento de sus bienes por importe aproximado de unos diez millones.

La petición del fiscal afecta a Joaquín Peñalver, que es el principal imputado del 'caso Barraca', así como a su esposa, Sandra de la Puente; a su padre y su hermano, Joaquín Peñalver Motas y Francisco José Peñalver Motas, y a tres de sus socios habituales, como son el ingeniero italiano Renato del Noce, Jesús Zafra Serrano y Antonio Sánchez Marín, con quienes supuestamente hizo negocios inmobiliarios a través de la sociedad Urbasa Mediterránea.

En concreto, Lozano pide que Joaquín Peñalver y su esposa depositen fianza de un millón por los beneficios obtenidos con Residencial Puerto de la Cadena; de 2,6 millones a Peñalver, su mujer, su padre y su hermano «por su actividad ilícita en el despacho Peñalver Arquitectos y Asociados»; de 4,5 millones a Del Noce, Zafra, Sánchez Marín y Sandra de la Puente por la venta de fincas de Salpa Milenium; de 1,3 millones a las mismas cuatro personas por la venta de la finca Lo Espinosa; otro millón más por las ventas de fincas de sistemas generales adscritas a la Modificación Puntual 56; de otros 0,5 millones por la venta de la finca Lo Mazón, y de unos dos millones por los beneficios de la transacción de la finca Lo Romo.

Una asociación ilícita

El fiscal anticorrupción también reclama que se tome declaración, como imputados en supuestos delitos de cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y asociación ilícita, al hermano y al padre de Joaquín Peñalver. Además imputa un nuevo delito de asociación ilícita a Joaquín Peñalver, Sandra de la Puente, Renato del Noce, Jesús Zafra y Antonio Sánchez Marín. También reclama que se tome declaración, igualmente en calidad de imputados por delitos de negociaciones prohibidas, cohecho, uso de información privilegiada y blanqueo de capitales, al constructor José López Rejas, a Esteban Martínez-Abarca Pastor, a María Dolores Vázquez Sánchez, al hermano y al padre de Sandra de la Puente (Alexis y Tomás de la Puente) y al constructor Félix García Ripoll.

Por último pide que se cite como imputados a los empresarios Daniel Zapata Triviño y Francisco Ginés Zapata Triviño (Promociones y Construcciones Zapata) y a José Díaz García y Raúl Díaz Garcerán (José Díaz García S.A.), así como al promotor ilicitano Ramón Salvador Águeda (Grupo RS, Broncho Promociones, Promociones Bamendi y otras) y a personas de su confianza como Evaristo Vicente Candela y Antonio Paredes Coves. Lo mismo solicita respecto de Vicente Cardona y Diego García Juan (Urbanistas y Asociados y Programa 2010). Todos ellos por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas y uso de información privilegiada.

El 'caso Barraca' investiga desde 2007 si Joaquín Peñalver, desde su privilegiado puesto de jefe de Planeamiento Urbanístico, se enriqueció de manera supuestamente ilícita haciendo negocios con promotores, para lo que habría utilizado como 'mujer de paja' a su esposa. Además se le atribuye haber desviado al despacho de arquitectos de su familia un gran número de proyectos urbanísticos, que de esa manera habría llegado a copar buena parte del trabajo existente en ese sector en el municipio.

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