Los pioneros de la fotovoltaica confían en un «gesto» del Ministerio para aliviar sus pérdidas
Los pequeños productores de energía solar piden una prórroga de sus concesiones hasta 2043 ante el «recorte perpetuo» de los ingresos prometidos por el Gobierno hace 15 años
'El sol puede ser suyo'. Este reclamo publicitario fue lanzado en junio de 2007 por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de ... la Energía (IDAE) para animar a la producción fotovoltaica con unas condiciones muy atractivas: concesiones hasta el año 2038 y posibilidad de amortizar el coste de la instalación en la primera década. Un llamamiento del Estado con el aval del Ministerio de Industria y publicado en el BOE, ¿qué podía salir mal? Quince años después, las 65.000 familias (15.000 en la Región de Murcia) que acudieron a esa convocatoria 'patriótica' siguen pagando una inversión que se convirtió en ruinosa por los recortes en sus beneficios que aplicaron los sucesivos Gobiernos de Zapatero –en 2010– y Rajoy –en 2015–. Un descalabro ante el que los pequeños productores solares no se resignan porque todavía confían en un «gesto» de la vicepresidenta tercera y ministra Teresa Ribera en el tramo final de la legislatura.
Este «gesto» pasaría por ampliar en cinco años el plazo permitido de producción, hasta 2043, para compensar así parte de sus pérdidas por los «recortes retroactivos y perpetuos» de hasta el 45%, explica a LA VERDAD Miguel Ángel Martínez-Aroca Pérez (Murcia, 1971), presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) y uno de los pioneros que pusieron en marcha los primeros huertos solares en toda España y que de la noche a la mañana se encontraron con una deuda financiera de 25.000 millones de euros que había que devolver a los bancos.
EN CIFRAS
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Los pioneros. 65.000 inversores, 15.000 de ellos en la Región de Murcia, entre familias, profesionales y pequeñas y medianas empresas.
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Recortes. La media es del 30% pero en algunos casos han llegado hasta el 45% de los beneficios, por cambios legales retroactivos decididos en 2010 y 2015.
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Deuda financiera. 25.000 millones de euros en 2010.
Las negociaciones mantenidas hasta el momento con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico no han dado el resultado esperado pese a que la compensación económica del 'impuesto al sol' –derogado en 2018 por el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez– figuraba en el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, se lamenta Martínez-Aroca, quien espera sin embargo una postura más flexible en los meses próximos. «Vamos acentuar la presión para que se atiendan nuestras reivindicaciones, que son justas», advierte con firmeza.
Batalla legal perdida en España
Desde Anpier no se entiende que los pequeños productores sufrieran un «hachazo» legal en su patrimonio pese a las promesas del Gobierno –los tribunales siempre rechazaron sus demandas–, mientras que los inversores extranjeros sí han visto reconocidos sus derechos en catorce de los diecisiete laudos presentados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington.
Este es uno de los motivos por los que Miguel Ángel Martínez-Aroca pide a la ministra Teresa Ribera que en la planificación del despliegue fotovoltaico en España se reserve parte de la potencia a los pequeños productores, «para garantizar que la energía se distribuya en cercanía, con un carácter más social y con mejores criterios de respeto por el paisaje y el territorio», propone.
El colectivo que dirige desde 2012 este abogado murciano está muy ligado al mundo rural: la mayor parte de los socios de Anpier son pequeños agricultores que apostaron por la energía solar, inagotable y sostenible, para electrificar sus explotaciones y asegurar unos ingresos ante la incertidumbre del campo.
La caducidad de proyectos renovables por el colapso burocrático es «inaceptable», según Anpier
En el contexto actual de crisis energética, climática y económica, para Anpier resulta «inaceptable» que numerosos proyectos para la instalación de huertos solares vayan a 'morir' legalmente por la incapacidad de las distintas administraciones para gestionar su evaluación de impacto ambiental, un trámite burocrático complejo que deben superar estas infraestructuras para garantizar que no perjudican al medio natural.
Este importante hito administrativo para los proyectos que ya cuentan con permisos de acceso y conexión a las redes de transporte eléctrico caduca el 25 de enero de 2023. Los que no cuenten en esa fecha con declaración de impacto ambiental favorable habrán caducado, aunque el real decreto ley 23/2020 de 23 de junio que regula esta tramitación dispensa de la obligación de devolver la garantía económica –40.000 euros por megavatio– si el motivo del incumplimiento no es imputable al promotor.
En esta situación se encuentran cientos de proyectos en todo el país y 37 en la Región de Murcia . La Consejería de Medio Ambiente ha pedido una ampliación del plazo pero el Ministerio no es partidario de conceder una prórroga, según dejó la claro la ministra recientemente. Fuentes del sector confirman que plantearán reclamaciones patrimoniales para al menos no perder las fianzas.
«Es cierto que saldrían del sistema algunos proyectos inmaduros, inviables técnicamente o con impactos medioambientales inasumibles, pero lo cierto es que en la actual situación resulta inaceptable que, por una situación de colapso burocrático, una gran cantidad de proyectos renovables se vean condenados a desaparecer», critica Anpier.
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