La nueva Ley Forestal ordenará medio millón de hectáreas de montes públicos y privados en la Región de Murcia

El Ejecutivo autónomo enviará en los próximos días el texto legal a la Oficina de Transparencia para su publicación en la página web de Participación Ciudadana, donde se someterá a consulta pública durante veinte días. La ley definirá el concepto de terreno forestal, «así como establecerá las condiciones de excepcionalidad en los cambios de uso de esas superficies», informa a LA VERDAD el Gobierno regional.

«Es importante reforzar los aspectos del nuevo concepto multifuncional de los montes y su capacidad de ofrecer servicios indirectos, como la protección del suelo y la regulación del ciclo hidrológico. Y es especialmente importante la mitigación del cambio climático, en el que la captura del CO2 es un aspecto esencial al que contribuyen las masas forestales; la bioeconomía circular, donde los bosques aportan recursos fundamentales como la biomasa; y la mejora de la biodiversidad, entre otros beneficios ambientales para los que potenciar la creación de nuevas masas forestales y los tratamientos selvícolas de las masas existentes parece esencial», destaca la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira.

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor también considera importante «facilitar la colaboración público-privada favoreciendo las inversiones en montes de la Región, así como mejorar la fiscalidad de empresas y particulares que aportan beneficios ambientales». La Comunidad Autónoma legislará de esta forma sobre un total de 511.293 hectáreas de terreno forestal –matorral y arbolado–, de las que 147.312 son de titularidad pública, tanto de la Comunidad como de los ayuntamientos. El resto es propiedad de particulares.

El Gobierno regional, por otra parte, cree necesario afrontar la creciente demanda del uso público en los montes, que cada vez acogen más actividades recreativas y deportivas. Igualmente, la normativa atenderá a la explotación de sus recursos, regulando aspectos como la certificación forestal, «y garantizará la participación de la Consejería en la toma de decisiones que afecten al medio». También se considerará«el logro de superficies forestales que frenen la pérdida de suelo, sin olvidar la producción de rentas a partir de los recursos tradicionalmente aprovechables de nuestros montes, posiblemente necesitados de una regulación más adecuada y clarificadora».

La futura ley contará con un apartado relevante dedicado a la prevención de incendios, sobre todo en lo que respecta a la «obligada planificación de los medios de extinción y de las actividades en el propio territorio». Respecto a esta última, «se trata de definir el contenido adicional de los planes de prevención, vigilancia y extinción y de mejorar la coordinación entre los distintos poderes públicos implicados». La norma apelará también a la concienciación ciudadana y a los propietarios para prevenir los fuegos.

«La regulación también nace de la necesidad de establecer medidas de fomento de la propiedad forestal privada y de consolidar y reforzar la propiedad pública, muy especialmente la catalogada, mejorando los criterios de gestión de las posibles concesiones demaniales», añade la Comunidad, con el objetivo también de agilizar el régimen de inversiones provenientes del Fondo de Mejoras.

Para la Consejería de Medio Ambiente, la futura Ley Forestal es también una «oportunidad de precisar ciertos aspectos relacionados con el ejercicio de la potestad sancionadora» y de reforzar el papel de los agentes medioambientales. Y espera que, además de impulsar la vigilancia y el cuidado de los bosques, «fomente la divulgación de los valores del medio forestal y la concienciación y educación».