Los espacios protegidos de la Región de Murcia cumplen treinta años aislados y sin planes de gestión

La Ley 4/92, que pasa por ser la primera aprobada por consenso en la Cámara autonómica, se redactó a toda prisa en una vivienda del barrio murciano de Vistabella en un ordenador primitivo. Lo recuerda, en conversación con LA VERDAD, el catedrático de Ecología de la UMU Miguel Ángel Esteve (Murcia, 1959), uno de los impulsores de este marco legal con tres décadas de vigencia: «Vimos una oportunidad y nos ofrecimos a prepararla. Estábamos gente de ANSE, del Grupo Ecologista de la Región Murciana y en general de los colectivos conservacionistas. Estuvimos un mes y medio trabajando en casa de Andrés Giménez Casalduero [profesor de Ecología en la Universidad Miguel Hernández de Elche] en un texto sobre la base del Inventario y Catalogación de los Espacios Protegibles de la Región, que había preparado en 1981, siendo todavía estudiante, con mi entonces profesor de Botánica, José María Egea».

PSOE, PP e Izquierda Unida hicieron suya esa ponencia elaborada por ecologistas y biólogos recién licenciados, aún en vigor, que fue modificada sustancialmente en 2001 para desproteger varios enclaves con fines urbanísticos mediante la ya famosa –y técnicamente chapucera, en vista de su anulación por el Tribunal Constitucional, once años después– disposición octava de la Ley del Suelo.

«Hubo un arranque fuerte, con mucha ilusión, entre 1992 y 1995, con la redacción y aprobación inicial de algunos PORN, pero a partir de ese año se paralizó todo y hemos retrocedido», opina Esteve, quien lamenta que los parques regionales y otros espacios protegidos se hayan convertido en «pequeños museos naturales, enclaves aislados en un territorio donde se puede hacer cualquier cosa. Cuando las grandes infraestructuras verdes son en realidad el soporte de muchas actividades económicas en la Región».

En lugar de islas de biodiversidad, mantiene el veterano profesor, «deberían ser nodos conectados, como un sistema reticular, con zonas periféricas reservadas, para responder a las exigencias del cambio climático y que, por ejemplo, una tortuga mora pueda desplazarse en busca de un hábitat más adecuado, o los linces ibéricos, cuando los introduzcan en el norte de Lorca».

Miguel Ángel Esteve asegura que este diseño territorial, con los espacios naturales en el primer plano del interés social, no es una utopía:«Técnicamente se ha podido hacer, se prepararon estudios, pero nunca hubo voluntad de apostar por políticas ambientales. Este desinterés se ha traducido en una gestión errática, de ubicación de las competencias de consejería en consejería, de desmontaje de equipos técnicos y de carencia de recursos técnicos y humanos. Osea, que no solo es falta de normativa».

El resultado, para el catedrático de la Universidad de Murcia, es un «fracaso de la política de espacios naturales que tiene su demostración más evidente en la crisis del Mar Menor, un enclave que debería haber generado servidumbres de protección hacia el Campo de Cartagena y que por el contrario ha sido explotado».

No es lo mismo disfrutar de un espacio natural como visitante que vivir en su interior y ganarse allí la vida. La eterna tensión del desarrollo económico en los enclaves protegidos. Sin embargo es posible, según el testimonio de Andrés García Lara, propietario del hotel Bajo el cejo, en la pedanía alhameña de El Berro, uno de los mejores alojamientos con encanto de España año tras año gracias a la valoración de sus fieles clientes en los portales de viajes:«La clave está en dar protagonismo a la población local, en escucharla y ponerla en el centro de todo», afirma.

Este milagro se ha conseguido en el Parque Regional de Sierra Espuña gracias a la Carta Europea de Turismo Sostenible, en ausencia de Plan Rector de Uso y Gestión:«Ha sido la herramienta que nos ha unido a empresarios, asociaciones de vecinos, ayuntamientos, clubes deportivos, ecologistas, administración... Todos hemos renunciado a un pequeño porcentaje de nuestras pretensiones pero a cambio tenemos un proyecto común de acuerdo con unos objetivos que renovamos de forma periódica».

Esas metas, enfocadas hacia un turismo respetuoso con la naturaleza, se concretan, por ejemplo, en alojamientos rurales de calidad, en empresas de fotografía de naturaleza cada vez con mayor demanda por parte de 'birdwatchers', de una pequeña cooperativa agrícola que vende aceite de oliva virgen extra, y de otros productos que comienzan a tener mercado, como las esencias, la miel y, en un futuro próximo, incluso un vino blanco.

«Después de dejar atrás los intereses de sectores sociales que no tienen nada que ver con los intereses de la población local, yo ahora tengo la garantía de que trabajo por un destino de ecoturismo que va a tener clientes asegurados en el futuro. Por eso creo que todos firmaríamos de nuevo con los ojos cerrados, treinta años después, para que Sierra Espuña sea un espacio protegido».

La experiencia es diferente en un parque regional costero, como Calblanque, donde en época vacacional es necesario establecer restricciones a la circulación de vehículos de motor. «Nosotros aceptamos con gusto las limitaciones en aras de la conservación del espacio; pensamos que la buena salud medioambiental del entorno repercute decisivamente en nuestra calidad de vida, pero asistimos con preocupación al galopante proceso de turistificación del parque que, cada vez más, se publicita como un lugar de playas paradisíacas, con lo que se atrae a un turismo de sol y playa que no está en absoluto interesado en los valores ambientales», se queja Pedro Gadea, representante vecinal de los núcleos urbanos de Cobaticas y La Jordana.

Los desafíos actuales, con un uso público en aumento y la urgencia del cambio climático, requieren una renovación legal, en opinión de la profesora de Derecho Administrativo de la UMU Blanca Soro, experta en gobernanza ambiental: «Los 'restos' de la Ley 4/1992 aún vigentes, precisamente los preceptos sobre conservación de la naturaleza que reproducían la derogada Ley 4/1989, están desfasados, pertenecen a otra época. Se trata de una ley obsoleta».

«Los sucesivos gobiernos han sido incapaces de dotar a la Región de una ley de conservación adaptada a las bases estatales sobre protección del medio ambiente, al derecho europeo y a nuestro propio entorno natural, a diferencia de la mayoría de comunidades. Esto, junto al incumplimiento de los plazos para la aprobación de los PORN y los PRUG durante décadas, ha servido para mantener una interesada y consentida inseguridad jurídica respecto de los usos compatibles», que se traduce en «anulación de planes y proyectos, reclamaciones de responsabilidad patrimonial, depreciación del valor del suelo y de inmuebles, pérdidas económicas de sectores económicos y, todos lo estamos viendo ahora, daños a nuestros espacios naturales», sostiene Blanca Soro.

«Después de desatender la conservación durante décadas es la hora de los lamentos; el foco del interés se pone en la restauración, cuando la prevención es clave en protección ambiental y de la salud, y es hora de que nos lo tomemos en serio», insiste la experta.

Otra voz crítica es la de Ecologistas en Acción: «En estos treinta años ha habido una escasa voluntad institucional para aprobar los planes de ordenación de espacios como La Muela y Cabo Tiñoso o Saladares del Guadalentín. Tampoco se han elaborado los planes de gestión para parques muy presionados como Carrascoy y El Valle o Calnegre y Cabo Cope. Esta ausencia ha permitido una zona de grises que ha favorecido la degradación de una parte importante de estos ecosistemas», afirma su portavoz, Pedro Luengo.