Trump informa al Congreso de que EE UU está en una guerra formal contra el narcotráfico

Dos semanas después la armada estadounidense desplegada en el Caribe lanzó el primer misil contra una presunta «narcolancha» que había partido de Venezuela. Desde entonces se han producido al menos cuatro ataques en los que han fallecido 17 personas, siempre según las cuentas del Gobierno estadounidense, que no intercepta previamente a las embarcaciones atacadas en alta mar ni sigue ningún procedimiento legal.

En una comunicación confidencial enviada esta semana a varios comités del Congreso, a la que ha tenido acceso 'The New York Times', el presidente informa por primera vez que EE UU está formalmente involucrado en «un conflicto armado» con cárteles del narcotráfico a los que su equipo ha designado como «organizaciones terroristas». De acuerdo a ello, los narcotraficantes son ahora «combatientes ilegales», un término acuñado por el Gobierno de George W. Bush tras los ataques del 11-S para luchar contra al-Qaeda sin las limitaciones de guerra que impone la legislación internacional.

Esas definiciones permitieron a diferentes gobiernos de EE UU aprovechar lagunas legales para retener durante años, o incluso décadas, a «combatientes ilegales» en lugares como Guantánamo sin ningún proceso legal. Al-Qaeda era un actor no estatal que operaba en múltiples países y por tanto no estaba sujeto a ninguna jurisdicción, algo que el Gobierno de Trump proyecta sobre los carteles de la droga, contra los que dice actuar en legítima defensa.

Pese a las objeciones de algunos juristas, el Supremo de EE UU decidió que la lucha contra Al-Qaeda era una guerra real, aunque, por lo mismo, decidió que el Gobierno está sujeto al respeto de la Convención de Ginebra y otras leyes internacionales, que le obligan a tratar a los prisioneros con humanidad y le impiden torturarlos. Tras los ataques terroristas del 11-S, el Congreso emitió al Ejecutivo una Ley de Autorización de Uso de la Fuerza Militar que constituye un cheque en blanco en la lucha contra el terrorismo, en el que hasta ahora no estaban incluidos los carteles de la droga.

El problema, advierten los juristas, es que vender un producto ilícito no equivale a lanzar un ataque armado, por muy mortal que resulte. La lógica oficial es que muchos cárteles llevan a cabo campañas de «violencia y terror» como parte de sus operaciones de tráfico. Los acusa no solo de traficar con drogas, sino de cometer violencia sistemática, terrorismo interno y amenazas contra ciudadanos y fuerzas de seguridad.

Con esta redefinición, Trump no solo buscaba blindar legalmente las operaciones letales en el Caribe, sino también reforzar su autoridad frente al Congreso. La notificación enviada a varios comités legislativos revela un intento de cimentar un nuevo marco bélico que, de facto, traslada la llamada «guerra contra las drogas» al terreno del derecho internacional humanitario.

Eso, además, abre la puerta a extender la guerra al territorio nacional, justificando así una serie de medidas domésticas impensables hasta ahora, como reorientar la misión de las Fuerzas Armadas. «Hemos recuperado el principio fundamental de que defender la patria es la primera y más importante prioridad de las fuerzas armadas», dijo el presidente este martes a todos los generales de EE UU, convocados para una reunión extraordinaria en la base de Quantico (Virginia). «Solo en las últimas décadas algunos políticos llegaron a creer que nuestra labor era patrullar los rincones más remotos de Kenia y Somalia, mientras Estados Unidos está siendo invadido desde dentro», explicó.

El debate se abre ahora en distintos frentes. En el Capitolio, donde se cuestiona hasta qué punto el presidente puede declarar unilateralmente un «conflicto armado» sin la autorización de los legisladores. Y en el ámbito internacional, donde juristas temen que Estados Unidos esté legitimando la eliminación selectiva de presuntos criminales sin proceso judicial.