De mal en peor

Fruto de aquel estado de ánimo, compartido por los mejores pensadores desde el siglo XIX, fue la regulación de los flujos de aguas, principalmente las escorrentías, mediante embalses que permiten disponer en situaciones de penuria de recursos acopiados durante las épocas húmedas. Ese es uno de nuestros grandes patrimonios nacionales.

Es notorio que en el territorio de la Península Ibérica hay recursos suficientes para atender todas las necesidades de la población, pero su accesibilidad está afectada por una irregular distribución geográfica. Por tanto, se hace necesario llevar el agua desde donde sobra hasta donde falta, siempre respetando la prioridad de suministro en los territorios cedentes. Esta es una de las claves fundamentales de nuestra hidrología.

Todo esto es de sobra conocido en la Región de Murcia, cuya prosperidad socioeconómica está vinculada a la disposición de recursos hídricos regulados, subterráneos y trasvasados, lo que en términos de solidaridad interterritorial han compartido las regiones vecinas.

Sin embargo, de aquella cultura del agua ha caído en desgracia el regadío, pasando de estar promovido y protegido por los poderes públicos a ser actividad indeseable para muchos de los que ahora los ejercen. La cultura del agua imperante es combativa con la regulación de caudales, el uso de aguas subterráneas y la agricultura intensiva de regadío. Y en un alarde de irracionalidad hidrológica promueve la sustitución de recursos hídricos convencionales por otros fabricados mediante costosos procesos de desalación de agua de mar. Costosos, no sólo en el aspecto económico sino desde el punto de vista medioambiental. Parece que todo vale para evitar que nuestras producciones agrícolas compitan justamente en el comercio internacional. Es decir que hay un esquema diseñado a tal fin en el que no importa sacrificar la riqueza creada en nuestro país.

Mucho tiene que ver con esta situación la gobernanza, tal vez la desgobernanza, del agua en nuestra Región, donde las administraciones públicas ejercen con no disimulado despotismo sus facultades sancionadoras que, en algunos casos, se han convertido en inconfesada compensación de insuficiencias presupuestarias.

También formaba parte de nuestra cultura del agua la vigorosa unidad de instituciones y ciudadanos entorno a la defensa del recurso. Sin embargo, esa unidad se rompió en el año 2013 cuando personalidades e instituciones de la Región de Murcia comulgaron con la llamada Ley del Memorándum que redujo drásticamente las posibilidades de trasvasar agua desde la cabecera del Tajo. En aquella ocasión la Junta Central de Usuarios Regantes del Segura alzó la voz exponiendo razones por las que no se podía apoyar tal iniciativa y describiendo las consecuencias que tendría de llegar a promulgarse. Acertamos en todas nuestras previsiones.

Por si fuera poco, ahora la han tomado con las aguas subterráneas y amenazan con cerrar una infinidad de pozos en el año 2027. Y es muy posible que lo consigan si los enemigos del regadío siguen con poder para decidir y no encuentran la adecuada contestación que sólo puede surgir de los titulares de esos aprovechamientos debidamente organizados en comunidades que legítimamente los representen.

Lo cierto es que desde que se rompió el frente de la lucha por el agua todo va de mal en peor; la ancestral defensa del recurso queda reducida a la celebración de eventos pseudotécnicos que no pasan del lloriqueo, del lamento por lo bien que hacemos las cosas, por la poca agua que nos envían y la poca que nos van a mandar.

Además, los ciudadanos no percibimos que exista poder autonómico capaz de resolver la cuestión de la falta de agua y nos duele que se asuma la irrelevancia en el contexto de la hidrología nacional porque los regantes no queremos el agua de la resignación sino la de la justa redistribución a nivel de todo el Estado. Y no cejaremos en ese empeño pase lo que pase.

También echamos de menos falta de ímpetu para defender las competencias que el Estatuto de Autonomía confiere a la Región en materia de recursos hídricos porque es insostenible que la Administración del Estado siga gestionando el dominio público hidráulico en el territorio del Campo de Cartagena y en el de las cuencas hidrográficas de las ramblas que desembocan en el Mar Mediterráneo desde Cartagena a Águilas. No debería consentirse que sobre estos territorios prospere la fobia contra la agricultura y el regadío como está ocurriendo.

No casa con el Estatuto de Autonomía que el agua fabricada en las plantas desaladoras de agua de mar que existen en la Región se gestione por la Administración del Estado. Todas ellas se hallan en el territorio de cuencas hidrográficas internas y por tanto deben ser gobernadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Que nadie duerma. El agua sigue siendo uno de nuestros principales problemas y es legítimo esperar que esta sociedad, liderada por los mejores, supere la decadencia de disponibilidad de recursos hídricos en que estamos sumidos. Es el reto: superar la ominosa etapa de ir de mal en peor. En eso vamos a seguir estando.

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