Iberdrola, Naturgy y Endesa llegan a un acuerdo para pedir retrasar el cierre de Almaraz

Fuentes empresariales confirman a este periódico que, en las próximas semanas —aún se desconoce la fecha exacta—, se producirá una reunión de la Sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), en la que están representadas estas tres comapañía. La fecha que se baraja en el sector se encuentra en la segunda quincena de este mes, aunque no hay confirmación oficial.

En este encuentro —aclaran estas fuentes— no se pedirá oficialmente el retraso del cierre, pero se aprobará una inversión cercana a los 15 millones de euros para la contratación del combustible nuclear necesario, así como para mejoras en la seguridad y el personal. El siguiente paso será sentarse en una mesa de negociación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para analizar la viabilidad de la extensión de la vida útil de la central.

Con esta decisión, las energéticas trasladan la presión a Moncloa que, por el momento, se mantiene a la expectativa de los pasos que den las propietarias. «Estamos dispuestos a escuchar la propuesta que nos hagan y a tramitarla, pero tiene que llegar», explican desde el Gobierno a este periódico. Sin embargo, precisan que tiene que respetar tres líneas rojas inamovibles: seguridad radiológica, seguridad de suministro y no aumentar la factura de los consumidores.

Esta misma semana, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró que no vería problema técnico en prorrogar Almaraz tres años más, sin embargo la gran batalla está en la fiscalidad. «Los impuestos suponen más que el coste operativo de las centrales», denuncian las energéticas, que esperan un gesto por parte del Ministerio de Hacienda. Contrapartida que, por el momento, no se ha producido y que parece estar lejos de producirse. «Nosotros no hemos tocado esta fiscalidad desde 2012, lo que ha subido es la parte de las autonomías», apuntan fuentes gubernamentales.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, acordaron a finales de marzo convocar una reunión con las compañías eléctricas con el objetivo de flexibilizar el calendario de cierre de la central. Sin embargo, desde entonces no se han producido avances concretos en esa dirección. De hecho, ha surgido una discrepancia dentro del propio Partido Popular. Mientras el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha incluido en los presupuestos regionales la eliminación de la tasa autonómica, en Extremadura Guardiola mantiene su postura y condiciona cualquier movimiento a que el Gobierno central adopte primero medidas en esa línea.

Es este punto, la carga impositiva, donde las eléctricas más presión están haciendo ya que ven que sufren una importante discriminación respecto a otras tecnologías y las hace inviables económicamente. Estas compañías ponen el foco en la tasa Enresa, un gravámen aplicado al combustible nuclear consumido, que se calcula en función de los megavatios generados por las plantas atómicas. Desde el sector denuncian que se trata de un tributo que penaliza de forma injusta a esta tecnología frente a otras fuentes de energía, generando una distorsión en la competencia.

Desde el sector empresarial consideran que el calendario puede facilitar un acuerdo. El déficit tarifario, que durante años ha afectado al recibo eléctrico de los consumidores, podría quedar completamente saldado en 2028, tras quince años de amortización.

Este horizonte abriría la puerta a que el Ejecutivo revisara la fiscalidad del sector nuclear, algo que, según fuentes del sector, allanaría el camino para prolongar la vida de las centrales. Sin embargo, desde el Gobierno advierten que una reducción del impuesto limitaría su capacidad de trasladar esa mejora a los consumidores, lo que mantiene las negociaciones en una posición de bloqueo.