Bruselas lanza el acuerdo con Mercosur con concesiones agrícolas para seducir a Francia

Es esta imperiosa necesidad de evitar una pérdida de competitividad en unos mercados internacionales cada vez más tensionados lo que empuja a las instituciones europeas a acelerar la ratificación, con la intención de aplicarla de forma provisional sin esperar al visto bueno de cada parlamento nacional, un trámite que podría demorarse durante años. La hoja de ruta para su aplicación antes de fin de año es, por lo tanto, que reciba únicamente la aprobación tanto del Parlamento Europeo como del Consejo, en este caso por mayoría cualificada de los gobiernos.

El problema radica en que el acuerdo, que eliminaría de forma progresiva los aranceles sobre el 90% de productos y que se espera que dispare en un 40% las exportaciones, tropieza con las fuertes reservas de Polonia y Francia, que junto a Italia –con Giorgia Meloni erigida en defensora del 'Made in Italy'– podrían explorar una minoría de bloqueo en el Consejo. Allí, el tratado necesita el respaldo de al menos 15 de los 27 Estados que representen en conjunto el 65% de la población de la UE. Los argumentos de París y Varsovia coinciden con los que miles de agricultores expresaron en abril de 2024, cuando colapsaron las carreteras europeas: temen que sus productores no puedan competir en precio con países que no están sujetos a las estrictas exigencias medioambientales y sanitarias europeas.

El mayor escollo para que el acuerdo prospere es el escepticismo francés, alimentado por unas protestas agrícolas que han marcado los nueve años de Emmanuel Macron en el Elíseo. El miedo a una avalancha de carne de vacuno, pollo y soja procedente de Sudamérica ha logrado un consenso inusual: desde el Frente Nacional de Marine Le Pen hasta la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon se han alineado en contra de un tratado que, tarde o temprano, tendrá que votarse en la Asamblea Nacional.

La crisis política crónica que atraviesa Francia –con un primer ministro que el lunes afronta una moción de censura que, salvo sorpresa, pondrá fin a su mandato– ha obligado a Bruselas a mover ficha y atender a las demandas del país galo. El Ejecutivo comunitario ha incorporado al acuerdo comercial una cláusula de salvaguarda bilateral que permitirá actuar en el caso de que las importaciones de determinados productos aumenten por encima del 10% o los precios caigan en la misma proporción. A ello se suman las llamadas «iniciativas complementarias», que contemplan la «posible» armonización de las normas de producción en ámbitos como el uso de plaguicidas o el bienestar animal.

El ministro de Comercio francés, Laurent Saint-Martin, consideró que el texto presentado ayer por la Comisión es un paso «en la buena dirección». En cualquier caso, el Ejecutivo galo deberá examinar el texto para asegurarse de «la eficacia del dispositivo diseñado».

La presidenta Von der Leyen defendió el pacto a través de sus redes sociales subrayando que «demuestra que hemos escuchado a nuestros agricultores» y que representa la apuesta decidida de la UE «por la diversificación». Según la dirigente comunitaria, el acuerdo abre «nuevas oportunidades» para las empresas europeas en un mercado de más de 273 millones de consumidores y al que tendrán acceso como vía de escape a los aranceles de Trump y la sobreproducción de China, que también pelea por ganar presencia en América Latina.