Florentino Pérez reclama 600 millones por la desalinizadora de Escombreras

La empresa Hydro Management, constructora de la desalinizadora de Escombreras, presentó una reclamación judicial contra la sociedad pública Desaladora de Escombreras S. A., dependiente de la Comunidad Autónoma, exigiendo la rescisión del contrato de arrendamiento, el abono de la deuda y el pago adelantado de todas las rentas futuras, todo por un valor total de 600 millones de euros, más intereses y costas judiciales. Esta información, desconocida hasta ahora, viene recogida en la Ley de Presupuestos presentada ayer en la Asamblea Regional, donde la propia Administración reconoce que la sociedad mercantil Desaladora de Escombreras no pagó a lo largo de los años a Hydro Management las cantidades acordadas en el contrato para costear la planta. Ese dinero debía proceder de las arcas autonómicas, que después lo recuperaría con la venta de agua. En febrero, el Gobierno regional advirtió de que no podía pagar la desalinizadora, como publicó este diario.

El conflicto planteado es similar al del aeropuerto de Corvera, pero a la inversa, ya que quien al parecer ha incumplido el contrato es la Comunidad, y quien reclama la rescisión es la empresa que construyó la desalinizadora. Hydro Management está controlada por la empresa Cobra, filial de ACS, propiedad de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Aportó el 75% de la inversión, y el resto un grupo de empresarios de la Región.

La demanda contra la sociedad pública fue presentada hace año y medio en un juzgado de Murcia, después de numerosas advertencias de los inversores privados porque no estaban cobrando el dinero estipulado en el contrato. La Ley de Presupuestos de 2014 señala textualmente que la Comunidad Autónoma presupuestaba los fondos, pero «nunca llegaban a materializarse».

Esta desalinizadora fue impulsada por el Gobierno regional y entró en fase de pruebas en abril de 2007, en medio de la controversia entablada con la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona. El Ejecutivo de Valcárcel creó el Ente Público de Agua con el objetivo de hacer valer las competencias autonómicas en esta materia y garantizar el suministro a los futuros desarrollos urbanísticos de los municipios, considerando en aquel momento que el Gobierno de la nación no los aseguraba.

ACS disponía de una licencia administrativa para construir una planta en Escombreras, lo cual fue aprovechado por el Gobierno regional para firmar un contrato de arrendamiento hasta el año 2034 a través de la sociedad pública Hidronostrum, vinculada a su vez a Desaladora de Escombreras S. A. Según el contrato, la planta le iba a costar a las arcas de la Comunidad 600 millones de euros al final de dicho periodo. Es la misma cantidad que ahora reclama judicialmente Hydro Management. Esta empresa, al parecer, solo cobró el primer año, por lo que decidió acudir a los juzgados. Invirtió 106 millones, a los que se sumaron unas canalizaciones construidas posteriormente. La planta de Escombreras se inauguró en abril de 2007 con el objetivo de producir 50 hectómetros cúbicos anuales en los tres años siguientes, aunque no logró sus objetivos. La capacidad de producción se redujo después a 21 hectómetros, aunque el año pasado solo obtuvo 4 debido a la ausencia de demanda, como ha ocurrido con otras desalinizadoras del Ministerio.

Una segunda denuncia

Además de Hydro Management, existe otra denuncia en los juzgados de Tedagua, la empresa encargada de las operaciones y mantenimiento de la planta, que reclama el pago de facturas emitidas y vencidas, más las que se vayan produciendo por la prestación de sus servicios. La reclamación llega a los 12 millones de euros. El anterior director del Ente Público del Agua declaró a 'La Verdad' en febrero que no podían afrontar el pago de esta desalinizadora y que estaban renegociando el contrato.

La existencia de estas dos denuncias se ha conocido ahora, cuando existe un proceso de fusión de Desaladora de Escombreras y de Hidronostrum, dentro del plan de reestructuración del sector público regional. Dicha integración está teniendo dificultades en el Registro Mercantil, que propuso auditar los balances de ambas. El resultado es un retraso que, según la Comunidad, está a punto de solucionarse. La sociedad resultante pasará a depender de Esamur, la empresa de saneamiento y depuración.

Con independencia de las actuaciones que lleve a cabo el juzgado, el Gobierno regional ha consignado para el año que viene 20,1 millones de euros a nombre de la Desaladora de Escombreras para hacer frente al contrato de arrendamiento, si bien todos los años se ha consignado dinero para dicho fin.

Pendientes de los bancos

El Ejecutivo indica en la Ley de Presupuestos que «desde siempre y a pesar de los incumplimientos en los pagos, los responsables de la Desaladora de Escombreras, S.A.U. han mantenido una relación fluida con quienes lo son de las dos sociedades demandantes. En el momento actual, si cabe, dichas relaciones se mantienen intactas». Añade que los asesores y letrados de ambas partes «están aproximando al máximo las posiciones para llegar a un acuerdo en los próximos meses, que se plasmaría precisamente con ocasión de los trámites propios de los procedimientos judiciales que se siguen y en los que está prevista específicamente la posibilidad de transacción, requisitos de su formalización y efectos». Indica que no solo se resolverán los impagos producidos, sino que se buscará una solución definitiva tratando de acordar «una rebaja sustancial del coste del arrendamiento, lo que podría suponer más de doscientos millones de euros de descuento sobre la cifra final del coste financiero». Indica que también habrá una rebaja del contrato de mantenimiento con Tedagua. «Tal acuerdo incluiría a las entidades financieras que otorgaron en su día el crédito sindicado al constructor de la planta y de sus infraestructuras asociadas, con quienes se vienen igualmente manteniendo conversaciones desde antiguo», señala la Comunidad.

Prevé que el año próximo aumente la producción de agua desalinizada «para lograr un resultado de explotación positivo».